En este espacio encontrará manuales, informes, comunicados y acciones realizadas por actores internacionales relacionados a la protección de defensores de derechos humanos.
| Aportes del Centro para los Defensores y la Justicia al Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal En los últimos 4 años el entorno para la defensa y exigencia de derechos humanos se ha vuelto más complejo, adverso y adverso. Con base en la Doctrina de la Seguridad Nacional, el Estado ha profundizado y perfeccionado la una Política de criminalización, represión y control social, la cual se emplea para obstaculizar el trabajo e las organizaciones de la sociedad civil y perseguir a quienes defienden y exigen derechos humanos en el país, ubicándolos dentro de la lógica del Enemigo Interno. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) ha registrado un incremento en el número de ataques e incidentes de seguridad, habiendo sido documentados 1.181 agresiones en contra del derecho a defender derechos humanos desde 2019 hasta el 2021. Contrario a las recomendaciones orientadas a promover y proteger la defensa de derechos humanos, el Estado ha perfeccionado los patrones de ataque y ha seguido reduciendo el espacio cívico y democrático afectando las actividades de quienes defienden derechos humanos, incumpliendo sus obligaciones de respetar, proteger y garantiza la defensa de derechos humanos y los derechos a la asociación, expresión, reunión, vinculados a esta. Los ataques en contra de quienes defienden derechos humanos ocurren de manera sistemática, enmarcados en una serie de formas de agresión y amedrentamiento como parte de la Política de Criminalización. El CDJ ha identificado como principales patrones: estigmatización; actos de intimidación y hostigamiento; amenazas; detenciones arbitrarias; judicializaciones; allanamientos y ataques digitales; asimismo se han registrado desapariciones forzadas de corta duración, malos tratos, torturas y agresiones en contra de la integridad. El Estado ha adoptado un discurso de odio y desprestigio en contra de las organizaciones y personas que promueven y defienden derechos humanos y realizan acción humanitaria. Funcionarios estigmatizan, y criminalizan, acusándolas de realizar actividades ilícitas asociadas a la corrupción, el terrorismo, la delincuencia organizada y de promover acciones injerencistas, desestabilizadoras y golpes de Estado, entre otros. Los llamados a violencia contenidos dentro del discurso oficial, el marco jurídico que avala y fomenta la criminalización de quienes defienden derechos humanos, han derivado en ataques que comprometen la integridad, vida, y operatividad de las personas y organizaciones defensoras. Estas agresiones no obedecen a hechos aislados, sino que se sitúan dentro de un patrón general de ataque, consistente con el entorno jurídico y socio-político que permite que funcionarios e instituciones del Estado, organismos de seguridad, y grupos que integran el llamado Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), quienes ejercen control social, puedan cometer agresiones en contra de defensores. La impunidad de estos hechos además aumenta los niveles de riesgo de quienes defienden, promueven y exigen derechos humanos. Por otra parte, es necesario resaltar que los ataques suelen aumentar significativamente en los periodos en los cuales se están generando acciones de incidencia y denuncia ante organismos internacionales de protección. En este sentido, destaca que las represalias se configuran como parte de esfuerzos por criminalizar y obstaculizar la cooperación internacional, para lo cual el Estado ya ha avanzado en la concreción de medidas, como solicitudes a entidades bancarias de información sobre financiamiento a organizaciones no gubernamentales. Igualmente, las amenazas con aprobar una Ley de Cooperación para sancionar y controlar a las organizaciones han sido constantes, y, para el año 2021 la Asamblea Nacional, inconstitucionalmente electa, incluyó en su Plan Legislativo la aprobación de una Ley de Cooperación Internacional. Aun cuando las agresiones enmarcadas dentro de la Política de Criminalización han generado afectaciones adversas en general al movimiento de derechos humanos venezolano, hay personas y organizaciones que enfrenta situaciones particulares de vulnerabilidad, las cuales incrementan los riesgos de su trabajo bajo un enfoque interseccional. Personas defensoras pertenecientes a la comunidad LGTBI+, mujeres, y líderes sindicales se sitúan en una situación de mayor riesgo por la naturaleza y enfoque de sus mandatos, y sus condiciones y cualidades personales. |