Category: Informes CDJ

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ABRIL 2024

63 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ABRIL DE 2024

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 63 ataques e incidentes de seguridad durante abril de 2024 en Venezuela.

El Espacio cívico y democrático en Venezuela se reduce en el marco del contexto electoral, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación de riesgo producto de las sistemáticas vulneraciones al derecho a la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos.

Se retoman las discusiones y acciones relativas a la promulgación de instrumentos legislativos restrictivos destinados a ejercer mayores controles discrecionales y regular a las organizaciones de la sociedad civil. Los actos de intimidación y hostigamiento y las amenazas se  producen en un entorno de violencia institucional que busca a través del miedo neutralizar a la sociedad civil.

Se suman 63 ataques e incidentes de seguridad en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en lo que va de año.

Producto del cierre continuo del espacio cívico y democrático las personas y organizaciones defensoras se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la materialización de patrones de agresión implementados para neutralizar y afectar su accionar.

Los 63 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.  

Las campañas sistemáticas de estigmatización por parte de diversos actores estatales no cesan. Por medio de discursos oficiales, redes sociales y programas televisados se criminaliza la labor de quienes defienden, exigen y promueven derechos. El amedrentamiento, la descalificación y el descredito tienen como fin desvirtuar y neutralizar el impacto de las actividades de quienes defienden derechos bajo la lógica del enemigo interno.

Persisten las acciones orientadas a obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas acompañan los discursos estigmatizantes para amedrentar y promover la inhibición o inacción de las organizaciones como parte de la respuesta represiva del Estado.

CRIMINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Las amenazas en contra las organizaciones y personas defensoras acompañaron la estigmatización. Los mensajes llamando a que se realicen investigaciones, y a que se adopten de instrumentos normativos para el control y regulación de las organizaciones y personas defensoras caracterizaron el mes de abril. Evidenciando que la criminalización de la cooperación internacional en Venezuela no cesa y se profundiza con el pasar del tiempo.

Asimismo, los actos de intimidación y el hostigamiento judicial persistieron durante el mes. Estos hechos fueron efectuados  no solo de parte de altos funcionarios en medios públicos, sino también de funcionarios de seguridad ejerciendo labores de vigilancia a defensores y organizaciones específicas.

Reiteramos nuestra preocupación ante el uso reiterado del sistema de justicia para criminalizar y perseguir haciendo uso del derecho penal bajo la lógica del enemigo para a iniciar y mantener activos procesos penales arbitrarios, contrariando las debidas garantías judiciales y el debido proceso legal.

En un contexto electoral la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos en Venezuela es una labor de riesgo. Las organizaciones y personas defensoras deben desarrollar sus actividades enfrentándose a un entorno cada vez más hostil y restrictivo.

Recordamos que defender derechos humanos es un derecho y una actividad legitima y necesaria para la recuperación de la institucionalidad democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/06/CDJReporteAbril2024.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

*** Versión en inglés / English version ***

https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/06/CDJReportApril2024.pdf

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PRIMER TRIMESTRE 2024

418 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 418 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2024, evidenciando la sistematicidad de la Política de Criminalización a quienes promueven, defienden, y exigen derechos humanos en Venezuela.

Durante el primer trimestre de 2024 se profundizó el cierre del Espacio Cívico y Democrático, en el marco de un contexto pre-electoral, afectando las acciones de personas y organizaciones de sociedad civil.

Entre enero y marzo de 2023 se registraron 418 nuevos hechos que comprometen y afectan el derecho a defender, lo que representa un incremento del 85% en relación al mismo período en el año 2023 cuando se registraron 226 situaciones.

El Estado venezolano aplicó los patrones represivos que conforman la Política de criminalización, represión y control social en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción, defendiendo, exigiendo y promoviendo derechos humanos.

En el periodo se generaron nuevos avances normativos tendientes a la restricción de las libertades cívicas en el país. El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y el proyecto de Ley contra el fascismo, neofascismo y las expresiones de similares representan nuevas amenazas al trabajo de la sociedad civil y aumentan el nivel de riego para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.

Los 418 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:

El trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, se ve afectado en tanto desde distintas instancias del Poder Público se intenta vincularlas a actividades delictivas, la desestabilización y atentar contra la paz del país; así como también se busca asociarlas a partidos políticos de oposición, con el fin de cuestionar su independencia, haciendo uso de leyes restrictivas y del derecho penal para judicializar, perseguir y criminalizar bajo la lógica del enemigo interno.

EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA SIGUE SIENDO AMENAZADO

El entorno para la defensa, exigencia y promoción de derechos sigue siendo adverso y hostil. La  implementación de medidas legales y fácticas restrictivas y contrarias al espacio cívico y democrático aumentan los riesgos para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El primer trimestre se caracteriza por nuevas amenazas provenientes del Poder Legislativo. Durante el mes de enero el parlamento avanzó con el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y el anuncio de la presentación de un nuevo proyecto normativo titulado Ley contra el fascismo, neofascismo y las expresiones de similares.

Ambas propuestas normativas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. De concretarse su aprobación y entrada en vigencia se pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defesa y exigencia de derechos y aumentaran las posibilidades de criminalización bajo la lógica del enemigo, amparada por estas leyes.

Alertamos que, la justificación de este tipo de legislación centrada en la necesidad de proteger la nación y su soberanía ante agresiones injerencistas, desestabilizadoras y terroristas, en función de la tesis del enemigo interno orientada a la protección de la Seguridad Nacional aumenta los riesgos para la sociedad civil, y es el fundamento para la materialización de agresiones . en el marco de la Política de criminalización, represión y control social existente. Tras los anuncios de estos avances normativos no solo se ve amenazada la capacidad operativa de las organizaciones en el marco de la legalidad y de forma independiente, sino que también ha derivado en el incremento y materialización de otros ataques e incidentes. Destacando en el trimestre la persistencia de la estigmatización, el aumento de la intimidación, el hostigamiento y las amenazas.

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El primer trimestre del año se caracterizó por estigmatización, amenazas y actos de intimidación y hostigamiento realizados en contra del movimiento de derechos humanos, acciones que de forma directa comprometen la integridad y seguridad de las personas y organizaciones defensoras; y se constituyen como acciones destinadas a generar temor entre la sociedad civil para que esta se inhiba de actuar por miedo a ser víctima de la política represiva, de criminalización y de control social. Al respecto, recordamos que los Poderes Públicos y diversos entes gubernamentales son responsables por acción y por omisión de la materialización de agresiones y ejecución de los patrones que conforman la política de criminalización.

Continúan las agresiones y ataques que afectan la vida, libertad e integridad personal de las personas víctimas. Las acciones del Estado orientadas a la reducción del espacio cívico y democrático que afectan gravemente las capacidades operativas y las posibilidades de acción de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, quienes tienen que realizar sus actividades bajo el temor de ser víctimas de la Política de criminalización, represión y control social.

El Estado venezolano continúa tomando acciones en contra de la sociedad civil  a medida que el país se acerca a los eventos electorales a llevarse a cabo en el segundo semestre del año. Desde el CDJ insistimos que el trabajo realizado en protección de los derechos en un contexto como el venezolano es vital para la recuperación de las instituciones democráticas y la obtención de justicia, verdad y reparación ante las violaciones cometidas.

Desde el CDJ hacemos un llamado a garantizar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de las mismas. El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Las normas restrictivas deben ser derogadas.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/04/CDJ-PrimerTrimestre2024.pdf  

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

*** Versión en inglés / English version ***

https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/04/CDJ-ReportFirstTrimester2024.pdf

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FEBRERO 2024

230 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2024

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 230 ataques e incidentes de seguridad durante febrero de 2024 en Venezuela.

El cierre del Espacio Cívico y Democrático se profundiza durante el periodo pre – electoral.

El Estado venezolano sigue avanzando en la implementación de acciones y medidas que promueven   el cierre del espacio cívico y democrático, obstaculizando los derechos a la libre asociación, reunión y defensa de derechos.

La tesis del Enemigo Interno se ve reforzada por campañas sistemáticas de estigmatización, afectando a organizaciones y personas defensoras por realizar sus actividades de documentación, denuncia y exigencia son señaladas de “agentes desestabilizadores”, “injerencistas”, “enemigas”, “terroristas”, entre otros.

Los 230 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.  

El Estado profundiza la violencia institucional como forma de obstaculizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos, empleando acciones para intimidar y hostigar a la sociedad civil, estos hechos en conjunto a  las amenazas se han orientados a atemorizar a las organizaciones, en un contexto de aumento de la represión y la persecución. Estas acciones pretenden tener un efecto de amedrentamiento, disuasorio y de control para neutralizar a la sociedad civil.

Los patrones represivos que conforman la Política de Criminalización a la defensa y exigencia y promoción de derechos humanos, deben cesar. El Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales y constitucionales para garantizar el ejercicio y defensa de derechos sin que exista represalias por ello..

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Las condiciones de trabajo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela son cada vez más hostiles y desfavorables. El entorno para personas y organizaciones defensoras, se hostil, adverso y riesgoso, producto de las continuas restricciones.

Se documentaron acciones para neutralizar al movimiento de derechos humanos bajo la lógica del enemigo. Los patrones represivos del Estado son empleados en contra de la sociedad civil afectando los derechos a la asociación, expresión, defensa, exigencia y promoción de derechos.  Se observó como los actos de intimidación y los señalamientos persiguen un doble fin, la afectación directa a las víctimas y el servir como un castigo y mensaje ejemplarizante para  el resto del movimiento de derechos humanos, con el objeto de que por temor se inhiban de seguir actuando.

Vemos con preocupación que durante el mes esta práctica tomo fuerza, y  se vio principalmente reflejada en el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, víctima de un proceso de criminalización en el cual se ha materializado graves violaciones a sus derechos humanos, a partir de una detención arbitraria e el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el 9 de febrero.

Por otra parte, debe resaltarse que durante el periodo la estigmatización se presentó como principal modalidad de ataque. Las campañas de desprestigio y señalamientos públicos  se centraron en acusaciones infundadas en contra de personas y organizaciones defensoras, pretendiendo vincular sus acciones a proselitismo político, injerencia internacional y actividades asociadas a la delincuencia organizada . Asimismo, en el marco de la judicialización y criminalización de la defensora, Rocío San Miguel, funcionarios estatales y otros actores desacreditaron las denuncias, campañas y acciones que se realizaron desde el movimiento de derechos humanos en favor de su libertad . Estas actividades se tomaron, nuevamente, como acciones de fomento a la “injerencia internacional”.

Las amenazas en contra del movimiento de derechos humanos continuaron vinculadas a la aprobación de Ley para la Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuyo proceso sigue en curso a pesar de las denuncias por tratarse de un instrumento altamente restrictivo y violatorio del derecho a la libertad de asociación.

El Centro para los Defensores y la Justicia alerta sobre el incremento de los ataques, y de la violencia institucional en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país.  Preocupa que en un contexto electoral sigan aumentando las restricciones al espacio cívico y democrático y continúen materializándose actos de criminalización en contra de la sociedad civil.

El Estado debe procurar un espacio cívico y democrático libre y seguro para el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de Derecho. Ante el contexto electoral es imprescindible el cese de la Política de Criminalización y represión en contra de la sociedad civil y garantizar entornos propicios y seguros para la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/04/CDJReporteFebrero2024.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

*** Versión en inglés / English version ***

https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/04/CDJReportFebruary2024.pdf

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ENERO 2024

97 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2024

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 97 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2024 en Venezuela.

Aumenta Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, en el marco del cierre continuo del Espacio Cívico y Democrático.

Las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al derecho a los derechos a la libertad de asociación, manifestación y reunión pacifica, producto de los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales como parte de la política de estado represiva y de control social existente en Venezuela.

El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del año evidencian la falta de protección para quienes defienden, exigen y promueven derechos y la inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor.

Los 97 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.  

En el marco del contexto electoral se ha observado un aumento de la violencia institucional en contra de la sociedad civil. Dentro de los ataques al espacio cívico las personas y organizaciones defensoras han sido de las principales afectadas, al ser calificarlas de enemigas, traidoras, desestabilizadoras, entre otras siendo objeto de amenazas y otras agresiones; así como también producto de los avances en un marco normativo restrictivo que dificulta aún más el ejercicio de sus labores.

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El inicio de 2024 se vio marcado por un nuevo incremento de ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos en el país, elevando los niveles de riesgo para las personas que defienden, exigen y promueven derechos, así como para las organizaciones de la sociedad civil de forma generalizada. Los señalamientos, acusaciones, amenazas y campañas de estigmatización que han ocurrido durante los últimos años se materializan con hechos concretos que afectan la operatividad, vida e integridad de las organizaciones no gubernamentales y de quienes las integran.

En el mes de enero observamos nuevas amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y agresiones por parte de funcionarios públicos y otros actores que se suman a la violencia institucional en contra de las organizaciones a raíz del inicio de la consulta pública de la Ley de Fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines.

Preocupa que sigue desprestigiándose el trabajo de las organizaciones, señalándolas de “conspiradoras”, “traidoras”, “desestabilizadoras”, entre otras, con el objeto de justificar la supuesta necesidad de un instrumento de esta naturaleza con base en acusaciones en contra de organizaciones y personas defensoras sobre el uso del financiamiento internacional “con fines políticos e injerencistas”, o que sus actividades “atentan contra la paz y soberanía nacional”. A su vez, se  pretendió asociar su funcionamiento con actividades  de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. En este discurso tomaron parte diputados a la Asamblea Nacional, miembros del Poder Ejecutivo, periodistas progubernamentales y personas afectas al partido de gobierno.

El Estado venezolano avanza en sus esfuerzos para neutralizar la defensa, exigencia y promoción de los derechos en el país, aun cuando estas actividades y el rol de las organizaciones en un contexto generalizado de violaciones de derechos humanos, emergencia humanitaria e impunidad que existe en el país son esenciales y necesarias y no deben ser criminalizadas u obstaculizadas de forma arbitraria y discrecional.

Reiteramos que conforme la situación económica y social y la crisis política y de derechos humanos en Venezuela continúen deteriorándose, se hace aún más necesario el trabajo en conjunto entre actores internacionales y locales para responder a la crisis de derechos humanos, la emergencia humanitaria, y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, contribuir al alcance de justicia y a la recuperación de las libertades, el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución sin que existan represalias por el ejercicio de dichas actividades.

EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA SIGUE SIENDO AMENAZADO: PROYECTO DE LEY DE FISCALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, ACTUACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y AFINES

El 12 de enero, se llevó a cabo en el hemiciclo de la Asamblea Nacional la presentación e inicio de la consulta relativa al Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines, el cual fue aprobado en primera discusión y agendado para consulta pública en enero de 2023 . En la reunión participaron distintos actores, entre los que se incluyeron miembros de instituciones como la defensoría del pueblo, el ministerio público y el sistema de justicia, funcionarios de entes y ministerios gubernamentales, diputados, miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y servicios de inteligencia.  El debate estuvo acompañado por declaraciones estigmatizantes, intimidaciones y amenazas por parte diputados y otros asistentes.

Es importante reiterar que, si bien de acuerdo a los estándares internacionales en materia de libertad de asociación, el registro de organizaciones no limita per se el derecho a la asociación, dicho registro no puede en modo alguno implicar un régimen de autorización para el trabajo u existencia de las mismas, y tampoco puede imponer requisitos extraordinarios o de imposible cumplimiento para ellas. Como hemos denunciado desde el CDJ y otras organizaciones el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, en los términos en los cuales se ha presentado incumple estos preceptos y se aleja de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

El avance de aprobación de esta propuesta normativa representa una grave amenaza para la sociedad civil venezolana y para toda persona que desee ejercer el derecho a la libertad de asociación, con posibles consecuencias graves para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, y las victimas y beneficiarios a las que estas apoyan. En el país ya existen regulaciones destinadas al funcionamiento y existencia de las organizaciones no gubernamentales, por lo que una ley de esta naturaleza no solo resulta innecesaria, sino también perjudicial para su trabajo.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/02/CDJReporteEnero2024.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

*** Vea abajo la versión en inglés / English version below ***

https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/02/CDJReportJanuary2024.pdf

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INFORME ANUAL 2023

524 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DURANTE 2023.

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 524 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2023, lo que representa un aumento del 32% en relación al mismo período en 2022, cuando se documentaron 396 agresiones.

En un contexto electoral aumentan las restricciones al espacio cívico y democrático y se incrementan la criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil,.

2023 se caracterizó por la profundización de la Política de Criminalización, y el aumento de las acciones represivas y de control a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.

Durante el periodo aumentaron las vulneraciones los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.  Fue un año de amenazas, hostigamiento, intimidación y el uso de la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar a la sociedad civil en Venezuela.

Distribución de los Ataques por mes:

El 2023 fue un año de desafíos para el movimiento de derechos humanos y las personas que realizan actividades de exigencia ciudadana, en un contexto electoral el entorno para el ejercicio de actividades relacionadas a la promoción y defensa de derechos se torna más adverso y hostil. Los riesgos por el ejercicio de su labor se incrementaron.

Aumentaron las agresiones y obstaculizaciones al derecho a la asociación, la persecución por motivos políticos, las amenazas y las intimidaciones en contra de la labor de las personas defensoras.

Se criminalizaron acciones de incidencia, interacción y cooperación con mecanismos y procedimientos internacionales.

Los 524 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.  

ESTIGMATIZACIÓN, INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS SE MANTIENEN COMO LOS PRINCIPALES PATRONES DE ATAQUE DOCUMENTADOS

Aumenta el uso de medidas represivas y de control social orientadas a limitar y obstaculizar el trabajo de la sociedad civil. Observamos métodos represivos más sofisticados y direccionados a neutralizar las actividades de quienes promueven, defienden y exigen derechos amparado en una lógica que persigue atemorizar para neutralizar a las personas y organizaciones defensoras.

El ejercicio del derecho a defender, exigir y promover derechos humanos de forma libre y sin represalias sigue amenazado por restricciones normativas, obstáculos, acciones violentas que se suman a la precariedad de los servicios básicos y condiciones sociales que afectaron y condicionaron aún más el trabajo de los defensores y la plena operatividad de sus organizaciones.

2023 evidenció el aumento de la represión y violencia ejercida en contra de las personas y organizaciones y el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en un contexto electoral.

Reiteramos que las labores defensa, exigencia y promoción de derechos son esenciales para el respeto a la dignidad humana y el mantenimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Al criminalizar y atacar a quienes ejercen dichas acciones el Estado transgrede sus obligaciones internacionales y conlleva a su responsabilidad internacional.

Desde el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), insistimos en la necesidad de emplear las medidas necesarias para revertir que el entorno para la defensa y exigencia de derechos siga siendo adverso y hostil; y seguir las recomendaciones y estándares internacionales para reducir los riesgos para quienes desarrollan estas acciones.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:   https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/01/CDJReporteAnual2023.pdf  

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

*** Versión en inglés / English version *** https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/01/CDJAnualReport2023.pdf

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AGOSTO 2023

60 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE AGOSTO DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 60 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2023 en Venezuela.

Continúan aumentando los riesgos para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país. El Estado profundiza la Política de Criminalización en contra de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, en el marco del contexto electoral.

Siguen implementándose medidas y acciones tendientes a la reducción del espacio cívico y democrático en el país, generando un entorno adverso para el ejercicio de los derechos a la asociación, expresión, reunión y defensa de derechos.

El derecho a defender, promover y exigir los derechos permanece bajo ataque, el Estado intensifica las acciones represivas y de control social que afectan la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones de derechos humanos.

Los 60 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la Política de Criminalización.

Vemos con preocupación el aumento de los actos de intimidación, hostigamiento, y las amenazas en contra de quienes ejercen actividades de documentación, denuncia y exigencia ante las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país.

No cesan las campañas de estigmatización, son sistemáticos los señalamientos de odio, descalificación que tienen como fin intimidar y neutralizar a la sociedad civil, a la par que avanzan las restricciones del espacio cívico y democrático y el uso de normativa relativa al control del terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir y criminalizar. 

Los 60 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

La defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continua bajo ataque, obstaculizando así los derechos a la asociación, reunión y defensa en Venezuela. La criminalización como política de Estado, el contexto de impunidad generalizada y la vigencia de una Emergencia Humanitaria Compleja hacen del contexto venezolano hostil y adverso para la sociedad civil venezolana.

Los ataques en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos se mantienen en la medida en la que el movimiento de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil continúa realizando labores de incidencia, denuncia y documentación de violaciones cometidas el país. El uso de la lógica del Enemigo Interno se sigue manifestando a través de patrones de ataques dirigidos a neutralizar la labor de quienes defienden derechos en el país.

El CDJ alerta un aumento de actos de intimidación y hostigamiento en el mes de agosto, el Estado emplea distintas medidas tendientes a controlar, criminalizar y neutralizar la defensa de los derechos humanos.

Incrementaron las formas de vigilancia y seguimiento por parte de actores estatales y no estatales a personas defensoras y organizaciones de derechos humanos. Este tipo de agresiones, además de tener un impacto directo en las víctimas, tiene un efecto disuasorio e inhibidor en el resto de las organizaciones y sociedad civil, quienes son víctimas indirectas de estos hechos, al sentir temor de continuar realizando sus actividades.

Ante las complejidades que rodean el entorno sociopolítico venezolano y frente a venideros eventos electorales, reiteramos que el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos, son primordiales para la protección de la dignidad humana y velar por la vigencia de la Paz y la recuperación del Estado de Derecho.

Es indispensable que se generen mecanismos efectivos para el pleno y libre ejercicio de las libertades fundamentales y se garantice un entorno propicio y seguro para ello, así como también la protección de quienes los defienden.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/09/CDJReporteAgosto2023.pdf

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JULIO 2023

20 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE JULIO DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 20 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2023 en Venezuela.

La Política de Criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos sigue avanzando en el marco del cierre continuo del espacio cívico y democrático en el país.

Los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos humanos persisten.

La violencia de Estado, la represión y el control social siguen siendo ejercidos para intimidar y como una forma de limitar el actuar de la sociedad civil.

Los 20 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la Política de Criminalización.

Las campañas de estigmatización no cesan mientras que los actos de intimidación, el hostigamiento y las amenazas se mantienen presentes para atacar el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Preocupa la sistematicidad de estos hechos. La falta de un espacio cívico libre y seguro en un contexto de eventos electorales representa un riesgo alto para el desarrollo de actividades de la sociedad civil.

Los 20 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Siguen adoptándose medidas contrarias al Espacio cívico y democrático, lo que hace que el entorno para el ejercicio de las actividades de la sociedad civil, y en particular de las organizaciones de derechos humanos sea cada vez más adverso y hostil, en tanto se profundiza la Política de Criminalización.

Los patrones de agresión siguen aplicándose con fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos. Personas y organizaciones que velan por el resguardo de la dignidad humana se enfrentan a agresiones y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.

La violencia, represión y control social del Estado sigue generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático. 

Insistimos que en el marco de un contexto preelectoral el respeto al ejercicio de las actividades de defensa, promoción y exigencia de derechos humanos deben ser garantizadas de forma plena y sin represalias.

Ante la continuidad de la crisis socio-política y la emergencia humanitaria compleja, el trabajo de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, resulta más necesario, por lo que es indispensable que se establezcan medidas que permitan su accionar sin represalias o limitaciones arbitrarias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/08/CDJReporteJulio2023.pdf 

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

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PRIMER SEMESTRE 2023

309 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 309 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2023, reflejando la continuidad de una Política de Criminalización en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela, en el marco de la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático en el país.

Entre enero y junio de 2023 se documentó cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, acompañando a las víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja que persiste en el país y respondiendo a la crisis de derechos humanos.

ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 44% DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

Los 309 ataques e incidentes documentados en el período comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y representan un incremento del 44% en comparación con el mismo período del año 2022, en el cual se registraron 214 situaciones.

Se acentuaron las medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, bajo la lógica del enemigo interno, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones defensoras en el país.

El CDJ siguió documentando como la reducción del Espacio Cívico y Democrático lleva a la profundización de la Política de Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, mediante nuevas limitaciones y obstaculizaciones legales y el aumento de las acciones represivas, derivadas en un incremento de hechos violentos.

Los 309 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:

CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS

El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso, restrictivo y hostil. Persisten las medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.

Aumentan las acciones represivas, de persecución y represalias por defender y exigir derechos humanos.

En el primer semestre del año se retomó acciones para avanzar dos propuestas normativas que amenazan el espacio cívico y democrático: el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Asimismo, en mayo se aprobó de ordenanza de convivencia ciudadana, civismo y justicia de paz comunal, promovida por la alcaldía del municipio Libertador del Distrito Capital.

Dichas normas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. Ponen en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defesa y exigencia de derechos. De igual forma los instrumentos restringen de forma arbitrara los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacífica.

Reiteramos que, en el caso de los dos Proyectos de Ley, se han conocido de manera extraoficial, y están caracterizados por estar compuestos de disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libertad de asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Al cierre del primer semestre del 2023 el CDJ continúo documentando un aumento de agresiones y amedrentamiento como parte la Política de Criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos, producto del continuo cierre del espacio cívico y democrático en el país. Situación que se profundiza a medida que se desarrollan actividades en el marco de los venideros eventos electorales.

Durante el período, quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos siguieron siendo calificados como enemigos y agentes que buscan desestabilizar la paz de la nación.  Por ello, se han empleado medidas y estrategias para neutralizar y obstaculizar su labor, entre ellas destaca el uso del derecho penal con calificaciones relacionadas a terrorismo y delincuencia organizada para criminalizar, judicializar y atemorizar.

Se observó un incremento en los patrones y modalidades de ataque posterior a los avances legislativos de dos proyectos de ley destinados a regular y controlar el trabajo de la sociedad civil derivaron en un aumento de las agresiones en contra de las organizaciones de derechos humanos, así como para limitar la posibilidad de manifestar, expresarse o asociarse libremente.

En el mismo sentido, persiste en Venezuela el uso del derecho penal y el hostigamiento judicial como mecanismo para consolidar la criminalización de quienes defienden derechos humanos a través de la judicialización.

Alertamos el aumento de la persecución, represión y judicialización de líderes sindicales por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de derechos.

El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Reiteramos la importancia de la construcción de entorno propicio y seguro para la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos. Para ello es fundamental derogar y cesar la implementación de medidas restrictivas del espacio cívico y democrático.  

Ante los próximos eventos electorales,  el Estado debe tomar todos los correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno, libre y seguro. El trabajo de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país, es esencial para responder a la crisis, promover los valores democráticos y proteger dignidad humana de los venezolanos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/07/CDJReportePrimerSemestre2023.pdf  

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

*** Versión en inglés /English version ***

We invite you to download our report and find out the details: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/07/CDJ-SemestralReport2023.pdf

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PRIMER TRIMESTRE 2023

226 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 226 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2023, evidenciando la sistematicidad de la Política de Criminalización a quienes promueven, defienden, y exigen derechos humanos en Venezuela.

Durante el primer trimestre de 2023 se profundizó el cierre del Espacio Cívico y Democrático. El Estado venezolano continuó agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos.

Los avances legislativos de dos proyectos de ley destinados a regular y controlar el trabajo de la sociedad civil derivaron en un aumento de las agresiones en contra de las organizaciones de derechos humanos.

Entre enero y marzo de 2023 se registraron 226 nuevos hechos que comprometen y afectan el derecho a defender, lo que representa un incremento del 131% en relación al mismo período en el año 2022 cuando se registraron 98 situaciones.

Durante el trimestre, el CDJ documentó la continuidad de los discursos y campañas de desprestigio y la estigmatización, señalando a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores, siendo la principal forma de agresión y un elemento que acompaña la materialización de otro tipo de agresiones como las amenazas y los actos de hostigamiento e intimidación.

Desde los más altos niveles del Estado se descalifica el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, pretendiendo vincularlas a actividades delictivas, la desestabilización y atentar contra la paz del país; así como también se busca asociarlas a partidos políticos de oposición, con el fin de cuestionar su independencia.

A través de distintos medios persistieron este tipo de acusaciones y expresiones de odio, con el fin de criminalizar una labor legítimamente reconocida por el derecho internacional. Destacando que las mismas se emitieron como parte de una estrategia comunicacional para justificar la necesidad de controlar el trabajo y actividades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos.

Los 226 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:

CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS

El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil, esto se debe entre otras cosas, a la vigencia de una serie de medidas legales y fácticas restrictivas y de carácter autoritarias.

En el primer trimestre del año se caracterizó por el avance de dos propuestas normativas que amenazan el espacio cívico y democrático: el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

Ambas normas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. Ponen en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defesa y exigencia de derechos.

Reiteramos que el articulado de los textos, conocidos extraoficialmente, se caracteriza por estar compuesto de disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libertad de asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Al cierre del primer trimestre del año, la Política de Criminalización de la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos permanece vigente. A través de la ejecución de distintas acciones se sigue buscando restringir el trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos bajo el perfeccionamiento de la aplicación de la tesis del enemigo interno.

La estigmatización permanece como el principal patrón de ataque. Las campañas de descrédito y las acusaciones por parte de funcionarios los hechos de amedrentamiento más documentados en el primer trimestre del año.

Fueron constantes las amenazas en contra de las organizaciones. Las dos propuestas de ley que el Estado busca aprobar son una amenaza al trabajo, la existencia y la operatividad en el marco de la legalidad de las organizaciones no gubernamentales.

Finalmente, recordamos que persiste el uso del derecho penal como mecanismo para concretar la criminalización de personas defensoras de derechos humanos.

Desde el CDJ hacemos un llamado a garantizar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de la defensa,e xigencia y promoción de derechos humanos. El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Las normas restrictivas deben ser derogadas.

En la medida en la que el Estado continúe adoptando medidas tendientes al cierre del espacio cívico, seguirán aumentado los riesgos para la sociedad civil. La defensa de los derechos humanos no es un delito y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar su ejercicio seguro y sin temor a represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/04/CDJ-ReportePrimerTrimestre2023.pdf   

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