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1.654 ATAQUES EN CONTRA DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES EN CINCO AÑOS
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró un total de 1.654 ataques e incidentes de seguridad durante los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
El Estado venezolano afianzó la Política de Criminalización, Represión y Control Social, evidenciando un incremento progresivo en las vulneraciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.
Las agresiones, amenazas y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria aumentaron progresivamente, evidenciando un ambiente complejo y hostil para el ejercicio de acciones relacionadas a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país.
El Estado venezolano aplicó la lógica del Enemigo Interno mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.
Uno de los principales elementos de preocupación para el CDJ es el aumento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales, fueron empleados para justificar la tesis del Enemigo Interno, sumado a la inexistencia de mecanismos o Políticas públicas tendientes a la promoción y protección de trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Centro para los Defensores y la Justicia documentó la forma en la que desde distintas instancias se emplean una serie de medidas que constituyen agresiones y amedrentamiento en contra de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Se ha identificado una serie de patrones que conforman la Política de Criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.
Destacamos que, en los últimos cinco años los patrones identificados se han perfeccionado y su aplicación se ha visto marcada por un incremento de hechos violentos, afectaciones a la integridad personal y vida, amenazas, y el uso del discurso de odio y descalificatorio en contra de las personas defensoras.
Los 1.654 ataques e incidentes de seguridad documentados en los años 2017 y 2021 pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:
En el informe ofrecemos una breve descripción de los patrones de amedrentamiento, y agresión que forman parte de la Política de Criminalización del derecho a defender derechos en Venezuela.
Asimismo, el CDJ destaca el trabajo de personas y organizaciones no gubernamentales, más atacadas en los últimos cinco (5) años, quienes a pesar de los riesgos que implica su labor, siguen abogando por la garantía de los derechos humanos.
Organizaciones más atacadas durante los últimos cinco (5) años: Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea); Foro Penal; Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS); Espacio Público; Control Ciudadano; Transparencia Venezuela; FundaRedes; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela); Acceso a la Justicia; y Un Mundo Sin Mordaza.
Personas defensoras más atacadas durante los últimos cinco (5) años: Marino Alvarado, Coordinador de Provea; Marco Antonio Ponce, Coordinador General del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social; Alfredo Romero: Director del Foro Penal;Carlos Correa, Director Ejecutivo de Espacio Público,; Mercedes De Freitas: como Directora de Transparencia Venezuela;Humberto Prado, Observatorio Venezolano de Prisiones;Rocío San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano; Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea; Carlos Nieto Palma, Director de Una Ventana a la Libertad; y Javier Tarazona, Director de FundaRedes.
En uno de sus apartados el informe analiza y detalla el Marco Normativo Restrictivo. Entre 2017 y 2021, se promulgaron una serie de medidas fácticas y legales dirigidas a criminalizar, obstaculizar, restringir y neutralizar la defensa de los derechos humanos.
Finalmente, el informe detalla cómo la criminalización de la cooperación internacional ha sido uno de los principales motivos sobre los cuales el Estado fundamenta la política de criminalización en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.
Documentando en este aspecto un total de 194 ataques que constituyen represalias por cooperar con organismos del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Naciones Unidas y otros mecanismos de protección a los derechos humanos en el ámbito internacional. El principal foco de estos ataques fue el descrédito de las actividades de incidencia y denuncia internacional de las organizaciones, quienes constantemente toman parte en estos espacios para visibilizar la realidad de la situación de derechos humanos en el país.
Reiteramos que se debe avanzar en la construcción de entornos propicios y seguros en los cuales las acciones de documentación, denuncia, difusión de la situación de los derechos humanos, y el acompañamiento de las víctimas puedan ser ejercidas sin temor a represalias.
Te invitamos a descargar nuestro Informe Especial completo y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/12/InformeEspecialCDJ-2017-2021.pdf
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