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PRIMER SEMESTRE 2025
321 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2025
El Centro para los Defesores y la Justicia (CDJ) documentó 321ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2025.
Se mantiene la Criminalización, Represión y Control social en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en un contexto de crisis política y la persistencia de una Política de Estado de miedo y persecución, que tiene como fin la neutralización de la sociedad civil.
En el marco del cierre continuo del espacio cívico y democrático y en un entorno de constante violencia institucional, los riesgos y las agresiones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos persisten.
CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS
Los 321 ataques e incidentes documentados en el período comprometen y afectan los derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y representan una disminución del 46% en comparación con el mismo período del año 2024, en el cual se registraron 592 situaciones.
Entre enero y junio de 2025, el Estado venezolano siguió ejerciendo acciones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos en Venezuela. La ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes documentan, defienden, exigen y promueven derechos no cesan y su disminución se relaciona con las constantes limitaciones al espacio cívico, el temor de la sociedad civil a sufrir represalias por su accionar y a la neutralización producto del cierre del espacio cívico.
Los actos de intimidación y amenazas en torno a la ley de fiscalización fueron dirigidos a ejercer mayores controles discrecionales y neutralizar a las organizaciones de la sociedad civil bajo la lógica del miedo. Las agresiones en contra de las personas defensoras se producen en un entorno de violencia institucional que busca a través del miedo neutralizar a la sociedad civil. Nuevos avances normativos y la utilización de mecanismos desapegados de estándares internacionales contribuyeron al aumento de la criminalización.
Los 321 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Durante el período, quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos continuaron siendo perfilados dentro de la lógica del enemigo interno, bajo el empleo de discursos en los que se busca antagonizar su accionar, vinculando su trabajo con presunta injerencia extranjera. A ello se añade un contexto generalizado de impunidad, cooptación de los Poderes Públicos y carencia de institucionalidad se acentúa con el pasar del tiempo, y por ende, el espacio de trabajo de quienes exigen derechos se ve cada vez más reducido.
La estigmatización continuó siendo la principal modalidad de ataque. La narrativa estatal es el punto de partida para otro tipo de ataques, principalmente las amenazas, los hechos de intimidación y hostigamiento, e incluso, el desarrollo normativo. Así, durante el primer semestre del año, el discurso no solo se centró en el descrédito y cuestionamiento al movimiento de derechos humanos independiente, sino también en llamados a investigaciones, a persecución, al monitoreo y a mayores controles a la actividad de las organizaciones de derechos humanos.
Por otra parte, el poder judicial sigue siendo utilizado para criminalizar a quienes defienden derechos humanos; personas defensoras siguen siendo objeto de procesos arbitrarios en su contra, los cuales se han caracterizado por afectaciones al derecho al debido proceso. Algunos permanecen privados de su libertad.
Se registraron hechos de represalias en contra de personas defensoras que hicieron incidencia ante organismos internacionales, principalmente, frente a mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, como parte de las acciones orientadas a neutralizar a quienes denuncian violaciones de derechos humanos en Venezuela, sino la intención de evadir el escrutinio internacional.
En la medida en la que desde el Estado se siga perfilando a quienes defienden, exigen y promueven derechos como enemigos, y se sigan perpetrando agresiones en su contra en un espacio cívico y democrático reducido y en un entorno hostil, los riesgos seguirán aumentando. La labor de las personas y organizaciones de derechos humanos no debe ser criminalizada.
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