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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – MAYO 2021

MAYO DE  2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 48 ataques e incidentes de seguridad durante mayo de 2021 en Venezuela.

Los niveles de riesgo para la defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela continúan aumentando. La violencia de Estado es ejercida para limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis del país.

El entorno para el ejercicio del derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos es más adverso con el pasar de los días. A medida que las agresiones y las amenazas recrudecen y aumentan y en tanto el entorno socio-político facilita que los actores responsables concreten los ataques, los niveles de riesgo para quienes desarrollan estas actividades incrementan.

Los 48 hechos registrados durante el mes de mayo se caracterizaron por:

AUMENTO DE RESTRICCIONES AL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

El Estado aumenta sus esfuerzos por obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, bajo la lógica del enemigo interno, se persigue y se agrede, con la intención de inhibir a la sociedad civil de continuar su labor en virtud de la protección del derecho a una vida digna y de exigencia del debido cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Las amenazas de judicialización, investigación y detención amparadas en la aplicación de instrumentos normativos creados con el objeto de obstaculizar la defensa y exigencia de derechos y para propiciar la criminalización y control de las organizaciones se acrecientan, evidenciando que defender derechos humanos en Venezuela se constituye como una labor de riesgo.

 Los hechos descritos revisten gran preocupación en tanto que los discursos de estigmatización y llamados a la criminalización derivan con mayor recurrencia en la materialización de amenazas y actos violentos en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, aumentando los niveles de riesgo por el ejercicio de su labor.

Por ello, ante la profundización de la Política de Criminalización, exhortamos al Estado a cesar de inmediato las acciones tendientes a limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos y la acción humanitaria, pues estos son derechos reconocidos y protegidos internacionalmente.

MODIFICACIONES A LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 001 CONTINUAN SIENDO UNA HERRAMIENTA PARA RESTRINGIR Y CONTROLAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El instrumento normativo fue reformado y contiene algunas modificaciones, en las que se excluyen las disposiciones del texto original que establecían la divulgación al registro de la información sobre los beneficiarios de las organizaciones, así como también la supresión de los plazos establecidos originalmente para proceder al registro y para la obtención de credenciales. Sin embargo, permanecen vigentes las disposiciones relativas al control y regulación de las organizaciones no gubernamentales, particularmente en el aspecto de la cooperación internacional, bien sea técnica o de tipo financiero. Por lo que los aspectos de fondo vinculados a la criminalización, control y limitación permanecen.

Recordamos que este nuevo instrumento forma parte de un andamiaje jurídico establecido como parte de las acciones tendientes a la reducción del Espacio Cívico y Democrático, y que la intención del Estado sigue orientada a controlar y restringir el trabajo de las organizaciones. Bajo un aparente manto legal la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal. 

El limitar u obstaculizar arbitraria y discrecionalmente el trabajo de la sociedad civil transgrede los principios democráticos e incumple obligaciones internacionales adquiridas por el Estado, por lo que se debe proceder a su derogación inmediata.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/06/ReporteCDJ-MAYO2021.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – ABRIL 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 115 ataques e incidentes de seguridad durante abril de 2021 en Venezuela.

Continúa el aumento de las violaciones al derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos en el marco de la agudización de las restricciones al espacio cívico y democrático y la Emergencia Humanitaria Compleja.

Incrementan los riesgos para quienes ejercen acciones de defensa y exigencia de derechos humanos en el país.

Los 115 hechos registrados durante el mes de abril se caracterizaron por:

AUMENTO DE RESTRICCIONES AL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia del Covid-19, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.

Las organizaciones continúan siendo señaladas de “vende patrias”, “producir noticias falsas” y “mentirosas”, así como también de recibir dinero para ello y “generar psico-terror” a la población, entre otros. Asimismo, aumentaron las acusaciones refiriéndose a que las acciones de las organizaciones y de las personas defensoras tienen “fines desestabilizadores”, “terroristas”, o de “promover injerencia, invasiones o similares”.

El Estado avanza respecto a la materialización de sus amenazas de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional.

Ante la profundización de la Política de Criminalización, y el recrudecimiento de los patrones violentos y represivos, exhortamos al Estado a cesar de inmediato las acciones tendientes a limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos.

LA PROVIDENCIA AMINISTRATIVA 001 UN NUEVO INSTRUMENTO PARA RESTRINGIR Y CONTROLAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Durante abril se agudizaron las acciones dirigidas a criminalizar el trabajo de las organizaciones y personas que trabajan promoviendo y defendiendo los derechos humanos, así como brindando respuestas a la población más vulnerable afectada por las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y la pandemia por la Covid-19.

Como parte de la reducción del Espacio Cívico y Democrático el Estado persiste en la adecuación del andamiaje legal y normativo para controlar y restringir el trabajo de las organizaciones. Bajo un aparente manto legal la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal.

LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA SIGUE PRESENTÁNDOSE COMO UNA LABOR DE RIESGO.

Las organizaciones y personas defensoras se enfrentan a un contexto cada vez más hostil y restrictivo para el ejercicio de sus labores bajo el amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El aumento de la represión y la reducción al espacio cívico y democrático, representa un grave obstáculo al trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario.  La profundización del control social ejercido por el Estado y la sistematicidad de la Política de Criminalización representan una grave amenaza para la sociedad civil.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/05/ReporteCDJ-ABRIL2021.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores

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REPORTE CDJ | Situación de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela – PRIMER TRIMESTRE 2021

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 259% DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 183 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender durante el primer trimestre de 2021, lo que representa un aumento del 259% en relación al mismo período en el año 2020, cuando se registraron 51 situaciones.

Los 183 hechos registrados entre los meses de enero y marzo se caracterizaron por:

AUMENTA LA REDUCCIÓN DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO

El Estado sigue afianzando las medidas autoritarias a través del uso de la fuerza, que aumentan la reducción del espacio cívico y democrático, las agresiones en contra de quienes defienden y exigen derechos se producen en este contexto con el fin de evitar que se sigan documentando, denunciando y difundiendo los abusos y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.

En relación al total de ataques e incidentes registrados durante el trimestre del año destaca la persistencia en el uso de los discursos de odio y desprestigio, ejecutados por autoridades e instituciones del Estado a través del sistema nacional de medios públicos, y otras plataformas digitales de comunicación, con el fin de afectar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos.

Estos hechos ponen en evidencia que defender derechos humanos en Venezuela se presenta como una labor de alto riesgo.

AVANZAN ACCIONES DE CRIMINALIZACIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La posibilidad de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional representa una limitación más al espació cívico y democrático, donde la reducción de espacios para que las organizaciones puedan realizar sus actividades legítimas de forma libre y sin restricción se sigue aumentando, generando un aumento en los niveles de riesgo para quienes realizan actividades en torno a la promoción y defensa de derechos humanos y acciones de carácter humanitario.

Ante esta situación corresponde precisar que, el derecho internacional reconoce y establece como un derecho la cooperación, el cual incluye la posibilidad de solicitar, recibir y utilizar recursos, de distinta índole, con el fin de promover y proteger los derechos humanos. Por consiguiente, la obtención o búsqueda de fondos del exterior, el recibir apoyo o realizar actividades técnicas con organizaciones y actores internacionales y la interacción con los sistemas internacionales de protección no debe presumirse como actividades ilegitimas, contrarias a los intereses de la nación o delito. Mucho menos deben ser objeto de criminalización mediante leyes que restrinjan el pleno ejercicio de la libertad de asociación, la libertad de expresión, la posibilidad de asistencia y en general la plena operatividad de las organizaciones. Especialmente en un contexto de emergencia humanitaria compleja donde se hace más necesario el trabajo de la sociedad civil para atender la crisis social y de derechos humanos.

LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS UN AÑO BAJO ESTADO DE ALARMA

Las medidas represivas, autoritarias y de control social aplicadas durante el tiempo de vigencia del estado de alarma han servido para profundizar la Política de Criminalización en contra de la defensa de los derechos. Evidenciando el agravamiento en la sistematicidad de los ataques en contra de personas y organizaciones que integran el movimiento de derechos humanos venezolano y generado mayores obstáculos para el ejercicio de la acción humanitaria.

Entre el 13 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021 se registró un total de 455 agresiones e incidentes de seguridad en contra de personas y organizaciones que defienden derechos humanos y desarrollan acciones humanitarias, demostrándose el recrudecimiento de la Política de Criminalización y lógica del enemigo interno aplicada contra quienes defienden y exigen derechos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles. https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/04/INFORMECDJ-PRIMERTRIMESTRE-2021.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores

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REPORTE CDJ | Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela – ENERO 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 99 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2021 en Venezuela.

La defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela es una labor de riesgo.

AtaquesEnero2021.png

Enero evidencia la agudización de la Política de Criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos.

Los 99 hechos registrados durante enero se caracterizaron por:

CaracterizacionEnero2021.png

El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario reconocen como legítimas las labores de promoción y protección de derechos y atención a grupos en situación de vulnerabilidad, esto significa que quienes trabajan en función de la protección del derecho a vivir dignamente, en condiciones de igualdad y libertad tiene derecho a hacerlo.

El Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar las acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja. Defender derechos humanos y la acción humanitaria no es delito.

CRIMINALIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La estigmatización sigue presentándose como la principal forma de agresión. Diariamente se incrementan acciones de intimidación, hostigamiento, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas, malos tratos, torturas, entre otros.

La recurrencia de las campañas de estigmatización, principalmente asociadas a la criminalización de la cooperación internacional y la pretensión de señalar que la recepción de fondos para la ejecución de actividades relacionadas a la promoción y defensa de derechos, así como para brindar respuestas humanitarias, son actividades ilícitas o promotoras de la desestabilización del orden interno y la paz del país.

La Doctrina de la Seguridad Nacional, se sigue aplicando con la intención de acallar a quienes se mantienen en primera línea en la defensa de derechos, documentando, denunciando y visibilizando los abusos, crímenes y graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.

Reiteramos que conforme la situación económica y social y la crisis política y de derechos humanos en Venezuela continúan deteriorándose, se hace aún más necesario el trabajo en conjunto entre actores internacionales y locales para responder a la emergencia humanitaria, apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, contribuir al alcance de justicia y a la recuperación de las libertades, el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución.

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA DE DERECHOS Y DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 

En el 2021 prevalecen las acciones dirigidas a criminalizar el trabajo de las organizaciones y personas que trabajan promoviendo y defendiendo los derechos humanos, así como brindando respuestas a la población más vulnerable afectada por las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja.

Como parte del escenario descrito, varios de los ataques documentados en el período objeto de estudio ponen de manifiesto un entorno cada vez más restrictivo para el ejercicio del derecho a la defensa de derechos humanos y con mayor énfasis a la realización de acciones humanitarias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/03/REPORTECDJ-ENE2021.pdf

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Informe Anual | SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA 2020

303 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DURANTE 2020.

Durante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia del Covid-19 el Estado venezolano implementó medidas autoritarias y de control social que profundizaron la crisis institucional y socioeconómica existente en el país.

En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, se etiqueta a quienes defienden derechos humanos y trabajadores humanitarios como enemigos internos del Estado.

90% DE LOS ATAQUES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

De los 303 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el año 2020, 272 se produjeron tras la declaratoria del estado de alarma, el 13 de marzo, y los llamados a actuar de la Furia Bolivariana, por parte de altos funcionarios del Estado. Esta cifra equivale al 90% del total de las agresiones registradas.


El Estado en lugar de trabajar en función de la protección de la población venezolana y el resguardo de sus derechos ha agudizado sus políticas de control social y criminalización del derecho a defender derechos humanos, afectando la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones que se encuentran en primera línea trabajando por la protección de los más vulnerables, asistiendo a las y luchando contra la impunidad y la recuperación de la vigencia de la Constitución, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales. 

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/03/INFORMECDJ-2020.pdf