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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – 2023

INFORME ANUAL 2023

524 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DURANTE 2023.

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 524 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2023, lo que representa un aumento del 32% en relación al mismo período en 2022, cuando se documentaron 396 agresiones.

En un contexto electoral aumentan las restricciones al espacio cívico y democrático y se incrementan la criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil,.

2023 se caracterizó por la profundización de la Política de Criminalización, y el aumento de las acciones represivas y de control a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.

Durante el periodo aumentaron las vulneraciones los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.  Fue un año de amenazas, hostigamiento, intimidación y el uso de la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar a la sociedad civil en Venezuela.

Distribución de los Ataques por mes:

El 2023 fue un año de desafíos para el movimiento de derechos humanos y las personas que realizan actividades de exigencia ciudadana, en un contexto electoral el entorno para el ejercicio de actividades relacionadas a la promoción y defensa de derechos se torna más adverso y hostil. Los riesgos por el ejercicio de su labor se incrementaron.

Aumentaron las agresiones y obstaculizaciones al derecho a la asociación, la persecución por motivos políticos, las amenazas y las intimidaciones en contra de la labor de las personas defensoras.

Se criminalizaron acciones de incidencia, interacción y cooperación con mecanismos y procedimientos internacionales.

Los 524 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.  

ESTIGMATIZACIÓN, INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS SE MANTIENEN COMO LOS PRINCIPALES PATRONES DE ATAQUE DOCUMENTADOS

Aumenta el uso de medidas represivas y de control social orientadas a limitar y obstaculizar el trabajo de la sociedad civil. Observamos métodos represivos más sofisticados y direccionados a neutralizar las actividades de quienes promueven, defienden y exigen derechos amparado en una lógica que persigue atemorizar para neutralizar a las personas y organizaciones defensoras.

El ejercicio del derecho a defender, exigir y promover derechos humanos de forma libre y sin represalias sigue amenazado por restricciones normativas, obstáculos, acciones violentas que se suman a la precariedad de los servicios básicos y condiciones sociales que afectaron y condicionaron aún más el trabajo de los defensores y la plena operatividad de sus organizaciones.

2023 evidenció el aumento de la represión y violencia ejercida en contra de las personas y organizaciones y el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en un contexto electoral.

Reiteramos que las labores defensa, exigencia y promoción de derechos son esenciales para el respeto a la dignidad humana y el mantenimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Al criminalizar y atacar a quienes ejercen dichas acciones el Estado transgrede sus obligaciones internacionales y conlleva a su responsabilidad internacional.

Desde el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), insistimos en la necesidad de emplear las medidas necesarias para revertir que el entorno para la defensa y exigencia de derechos siga siendo adverso y hostil; y seguir las recomendaciones y estándares internacionales para reducir los riesgos para quienes desarrollan estas acciones.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:   https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/01/CDJReporteAnual2023.pdf  

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

*** Versión en inglés / English version *** https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/01/CDJAnualReport2023.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Agosto 2023

AGOSTO 2023

60 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE AGOSTO DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 60 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2023 en Venezuela.

Continúan aumentando los riesgos para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país. El Estado profundiza la Política de Criminalización en contra de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, en el marco del contexto electoral.

Siguen implementándose medidas y acciones tendientes a la reducción del espacio cívico y democrático en el país, generando un entorno adverso para el ejercicio de los derechos a la asociación, expresión, reunión y defensa de derechos.

El derecho a defender, promover y exigir los derechos permanece bajo ataque, el Estado intensifica las acciones represivas y de control social que afectan la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones de derechos humanos.

Los 60 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la Política de Criminalización.

Vemos con preocupación el aumento de los actos de intimidación, hostigamiento, y las amenazas en contra de quienes ejercen actividades de documentación, denuncia y exigencia ante las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país.

No cesan las campañas de estigmatización, son sistemáticos los señalamientos de odio, descalificación que tienen como fin intimidar y neutralizar a la sociedad civil, a la par que avanzan las restricciones del espacio cívico y democrático y el uso de normativa relativa al control del terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir y criminalizar. 

Los 60 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

La defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continua bajo ataque, obstaculizando así los derechos a la asociación, reunión y defensa en Venezuela. La criminalización como política de Estado, el contexto de impunidad generalizada y la vigencia de una Emergencia Humanitaria Compleja hacen del contexto venezolano hostil y adverso para la sociedad civil venezolana.

Los ataques en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos se mantienen en la medida en la que el movimiento de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil continúa realizando labores de incidencia, denuncia y documentación de violaciones cometidas el país. El uso de la lógica del Enemigo Interno se sigue manifestando a través de patrones de ataques dirigidos a neutralizar la labor de quienes defienden derechos en el país.

El CDJ alerta un aumento de actos de intimidación y hostigamiento en el mes de agosto, el Estado emplea distintas medidas tendientes a controlar, criminalizar y neutralizar la defensa de los derechos humanos.

Incrementaron las formas de vigilancia y seguimiento por parte de actores estatales y no estatales a personas defensoras y organizaciones de derechos humanos. Este tipo de agresiones, además de tener un impacto directo en las víctimas, tiene un efecto disuasorio e inhibidor en el resto de las organizaciones y sociedad civil, quienes son víctimas indirectas de estos hechos, al sentir temor de continuar realizando sus actividades.

Ante las complejidades que rodean el entorno sociopolítico venezolano y frente a venideros eventos electorales, reiteramos que el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos, son primordiales para la protección de la dignidad humana y velar por la vigencia de la Paz y la recuperación del Estado de Derecho.

Es indispensable que se generen mecanismos efectivos para el pleno y libre ejercicio de las libertades fundamentales y se garantice un entorno propicio y seguro para ello, así como también la protección de quienes los defienden.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/09/CDJReporteAgosto2023.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

*** Versión en inglés /English version ***

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https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/09/CDJReportAugust2023.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Julio 2023

JULIO 2023

20 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE JULIO DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 20 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2023 en Venezuela.

La Política de Criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos sigue avanzando en el marco del cierre continuo del espacio cívico y democrático en el país.

Los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos humanos persisten.

La violencia de Estado, la represión y el control social siguen siendo ejercidos para intimidar y como una forma de limitar el actuar de la sociedad civil.

Los 20 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la Política de Criminalización.

Las campañas de estigmatización no cesan mientras que los actos de intimidación, el hostigamiento y las amenazas se mantienen presentes para atacar el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Preocupa la sistematicidad de estos hechos. La falta de un espacio cívico libre y seguro en un contexto de eventos electorales representa un riesgo alto para el desarrollo de actividades de la sociedad civil.

Los 20 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Siguen adoptándose medidas contrarias al Espacio cívico y democrático, lo que hace que el entorno para el ejercicio de las actividades de la sociedad civil, y en particular de las organizaciones de derechos humanos sea cada vez más adverso y hostil, en tanto se profundiza la Política de Criminalización.

Los patrones de agresión siguen aplicándose con fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos. Personas y organizaciones que velan por el resguardo de la dignidad humana se enfrentan a agresiones y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.

La violencia, represión y control social del Estado sigue generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático

Insistimos que en el marco de un contexto preelectoral el respeto al ejercicio de las actividades de defensa, promoción y exigencia de derechos humanos deben ser garantizadas de forma plena y sin represalias.

Ante la continuidad de la crisis socio-política y la emergencia humanitaria compleja, el trabajo de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, resulta más necesario, por lo que es indispensable que se establezcan medidas que permitan su accionar sin represalias o limitaciones arbitrarias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/08/CDJReporteJulio2023.pdf 

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

*** Versión en inglés /English version ***

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Primer Semestre 2023

PRIMER SEMESTRE 2023

309 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 309 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2023, reflejando la continuidad de una Política de Criminalización en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela, en el marco de la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático en el país.

Entre enero y junio de 2023 se documentó cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, acompañando a las víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja que persiste en el país y respondiendo a la crisis de derechos humanos.

ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 44% DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

Los 309 ataques e incidentes documentados en el período comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y representan un incremento del 44% en comparación con el mismo período del año 2022, en el cual se registraron 214 situaciones.

Se acentuaron las medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, bajo la lógica del enemigo interno, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones defensoras en el país.

El CDJ siguió documentando como la reducción del Espacio Cívico y Democrático lleva a la profundización de la Política de Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, mediante nuevas limitaciones y obstaculizaciones legales y el aumento de las acciones represivas, derivadas en un incremento de hechos violentos.

Los 309 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:

CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS

El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso, restrictivo y hostil. Persisten las medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.

Aumentan las acciones represivas, de persecución y represalias por defender y exigir derechos humanos.

En el primer semestre del año se retomó acciones para avanzar dos propuestas normativas que amenazan el espacio cívico y democrático: el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Asimismo, en mayo se aprobó de ordenanza de convivencia ciudadana, civismo y justicia de paz comunal, promovida por la alcaldía del municipio Libertador del Distrito Capital.

Dichas normas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. Ponen en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defesa y exigencia de derechos. De igual forma los instrumentos restringen de forma arbitrara los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacífica.

Reiteramos que, en el caso de los dos Proyectos de Ley, se han conocido de manera extraoficial, y están caracterizados por estar compuestos de disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libertad de asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Al cierre del primer semestre del 2023 el CDJ continúo documentando un aumento de agresiones y amedrentamiento como parte la Política de Criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos, producto del continuo cierre del espacio cívico y democrático en el país. Situación que se profundiza a medida que se desarrollan actividades en el marco de los venideros eventos electorales.

Durante el período, quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos siguieron siendo calificados como enemigos y agentes que buscan desestabilizar la paz de la nación.  Por ello, se han empleado medidas y estrategias para neutralizar y obstaculizar su labor, entre ellas destaca el uso del derecho penal con calificaciones relacionadas a terrorismo y delincuencia organizada para criminalizar, judicializar y atemorizar.

Se observó un incremento en los patrones y modalidades de ataque posterior a los avances legislativos de dos proyectos de ley destinados a regular y controlar el trabajo de la sociedad civil derivaron en un aumento de las agresiones en contra de las organizaciones de derechos humanos, así como para limitar la posibilidad de manifestar, expresarse o asociarse libremente.

En el mismo sentido, persiste en Venezuela el uso del derecho penal y el hostigamiento judicial como mecanismo para consolidar la criminalización de quienes defienden derechos humanos a través de la judicialización.

Alertamos el aumento de la persecución, represión y judicialización de líderes sindicales por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de derechos.

El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Reiteramos la importancia de la construcción de entorno propicio y seguro para la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos. Para ello es fundamental derogar y cesar la implementación de medidas restrictivas del espacio cívico y democrático.  

Ante los próximos eventos electorales,  el Estado debe tomar todos los correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno, libre y seguro. El trabajo de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país, es esencial para responder a la crisis, promover los valores democráticos y proteger dignidad humana de los venezolanos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/07/CDJReportePrimerSemestre2023.pdf  

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

*** Versión en inglés /English version ***

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Abril 2023

ABRIL 2023

20 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ABRIL DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 20 ataques e incidentes de seguridad durante abril de 2023 en Venezuela.

Continúan las restricciones al espacio cívico y democrático. En este contexto se siguen produciendo vulneraciones al derecho a la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos.

Tras los avances legislativos en torno a normativas para controlar y regular a las organizaciones de la sociedad civil, los actos de intimidación y hostigamiento en contra de quienes defienden derechos humanos han aumentado. Asimismo, las amenazas han sido constantes desde inicios de año.

Los hechos registrados en el mes evidencian que los riesgos para quienes ejercen acciones de defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela son cada vez mayores.

Se suman 20 ataques e incidentes de seguridad en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en lo que va de año.

Las situaciones documentadas durante el mes de abril permiten demostrar que la Política de Criminalización en Venezuela es sistemática.

Los 20 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión: 

Persisten las acciones orientadas a obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, aumentando los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas como parte de la respuesta represiva del Estado.

Los avances de instrumentos normativos para obstaculizar la defensa y exigencia de derechos han aumentado los niveles de riesgo para quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

En la medida en la que las organizaciones de la sociedad civil, y en particular las de derechos humanos, se articulan para seguir denunciando las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder y exigir la rendición de cuentas, el entorno para el ejercicio de su labor es cada vez se hace más hostil, adverso y restrictivo, en tanto el Estado continúa cercenando el Espacio Cívico y Democrático.

Durante el período se siguieron evidenciando los principales patrones de ataque registrados por el CDJ.  La estigmatización se mantiene como la principal modalidad de ataque, seguida de los actos de intimidación y hostigamiento, los cuales van aumentando; y por último las amenazas que no han cesado desde el inicio de año.

Preocupa al CDJ el afianzamiento de la criminalización, la represión y el control social como política de Estado. Es necesario garantizar la protección las personas defensoras de derechos y construir un entorno propicio para que éstas puedan realizar su labor de manera segura y sin temor represalias.

Reiteramos la necesidad de generar mecanismos efectivos que procuren e impulsen la protección de todas las personas y organizaciones que están brindando respuesta y acompañamiento a las víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja, los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos en el país.

La defensa de los derechos humanos es un derecho protegido en el derecho internacional de los derechos humanos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/05/CD-JReporteAbril2023.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Primer Trimestre 2023

PRIMER TRIMESTRE 2023

226 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 226 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2023, evidenciando la sistematicidad de la Política de Criminalización a quienes promueven, defienden, y exigen derechos humanos en Venezuela.

Durante el primer trimestre de 2023 se profundizó el cierre del Espacio Cívico y Democrático. El Estado venezolano continuó agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos.

Los avances legislativos de dos proyectos de ley destinados a regular y controlar el trabajo de la sociedad civil derivaron en un aumento de las agresiones en contra de las organizaciones de derechos humanos.

Entre enero y marzo de 2023 se registraron 226 nuevos hechos que comprometen y afectan el derecho a defender, lo que representa un incremento del 131% en relación al mismo período en el año 2022 cuando se registraron 98 situaciones.

Durante el trimestre, el CDJ documentó la continuidad de los discursos y campañas de desprestigio y la estigmatización, señalando a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores, siendo la principal forma de agresión y un elemento que acompaña la materialización de otro tipo de agresiones como las amenazas y los actos de hostigamiento e intimidación.

Desde los más altos niveles del Estado se descalifica el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, pretendiendo vincularlas a actividades delictivas, la desestabilización y atentar contra la paz del país; así como también se busca asociarlas a partidos políticos de oposición, con el fin de cuestionar su independencia.

A través de distintos medios persistieron este tipo de acusaciones y expresiones de odio, con el fin de criminalizar una labor legítimamente reconocida por el derecho internacional. Destacando que las mismas se emitieron como parte de una estrategia comunicacional para justificar la necesidad de controlar el trabajo y actividades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos.

Los 226 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:

CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS

El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil, esto se debe entre otras cosas, a la vigencia de una serie de medidas legales y fácticas restrictivas y de carácter autoritarias.

En el primer trimestre del año se caracterizó por el avance de dos propuestas normativas que amenazan el espacio cívico y democrático: el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

Ambas normas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. Ponen en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defesa y exigencia de derechos.

Reiteramos que el articulado de los textos, conocidos extraoficialmente, se caracteriza por estar compuesto de disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libertad de asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Al cierre del primer trimestre del año, la Política de Criminalización de la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos permanece vigente. A través de la ejecución de distintas acciones se sigue buscando restringir el trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos bajo el perfeccionamiento de la aplicación de la tesis del enemigo interno.

La estigmatización permanece como el principal patrón de ataque. Las campañas de descrédito y las acusaciones por parte de funcionarios los hechos de amedrentamiento más documentados en el primer trimestre del año.

Fueron constantes las amenazas en contra de las organizaciones. Las dos propuestas de ley que el Estado busca aprobar son una amenaza al trabajo, la existencia y la operatividad en el marco de la legalidad de las organizaciones no gubernamentales.

Finalmente, recordamos que persiste el uso del derecho penal como mecanismo para concretar la criminalización de personas defensoras de derechos humanos.

Desde el CDJ hacemos un llamado a garantizar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de la defensa,e xigencia y promoción de derechos humanos. El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Las normas restrictivas deben ser derogadas.

En la medida en la que el Estado continúe adoptando medidas tendientes al cierre del espacio cívico, seguirán aumentado los riesgos para la sociedad civil. La defensa de los derechos humanos no es un delito y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar su ejercicio seguro y sin temor a represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/04/CDJ-ReportePrimerTrimestre2023.pdf   

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Febrero 2023

FEBREO 2023

63 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE FEBRERO DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 63 ataques e incidentes de seguridad durante febrero de 2023 en Venezuela.

Continuó la Política de Criminalización, represión y control social a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos con avances normativos restrictivos del Espacio Cívico y Democrático.

El Estado venezolano adelanta la implementación de acciones y medidas que obstaculizan los derechos a la libre asociación, reunión y defensa de derechos. La tesis del Enemigo Interno se ve reforzada por campañas sistemáticas de estigmatización donde las organizaciones y personas defensoras son señaladas de “agentes desestabilizadores”, “injerencistas”, entre otros.

El contexto para la defensa, exigencia y promoción de derechos en Venezuela se torna más restrictivo y desfavorable, siendo una labor de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción respondiendo a la crisis socio-económica, política y de derechos humanos.

Ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de febrero demuestran el recrudecimiento de los patrones de agresión que configuran la Política de Criminalización.

Los 63 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.  

El Estado profundiza la violencia institucional como forma de obstaculizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Las condiciones de trabajo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela son cada vez más hostiles y desfavorables.

La lógica del Enemigo Interno es la base para la criminalización de la las acciones de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Esto deriva en que el entorno para personas y organizaciones defensoras, se hostil, adverso y riesgoso, producto de las continuas restricciones.

La criminalización de la cooperación internacional sigue siendo una de las principales causas que generan ataques por parte del Estado, el cual adelanta distintos esfuerzos para limitarla y restringirla de forma discrecional y desapegado a los estándares internacionales. A pesar de conocer que la posibilidad de interactuar e incidir en los organismos parte del Sistema Internacional de Protección de los derechos humanos y el poder solicitar, recibir y utilizar recursos con el fin de proteger los derechos humanos, incluida la recepción de fondos del exterior es un derecho reconocido en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos y otros instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela.

Preocupa al CDJ que en el mes de febrero inició el proceso de consultas públicas sobre la ley en contra de las ONG, a pesar de no haber sido aún publicado de forma oficial un texto sobre el instrumento. En este marco las amenazas en torno a la aprobación y consecuencias de la propuesta normativa continuaron por parte de funcionarios del Estado.

Por otra parte, la Comisión permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, retomó la discusión sobre la Ley de Cooperación Internacional, la cual advertíamos desde el año 2022 , pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación.

El avance de ambas normas evidencia la intención del Estado de controlar el funcionamiento de las organizaciones en su totalidad, criminalizando las actividades de las mismas, principalmente aquellas relacionadas a la cooperación internacional. Considerando que los referidos proyectos se componen por disposiciones que restringen, limitan y criminalizan la defensa de los derechos humanos y la asistencia humanitaria de manera independiente. Leyes de esta naturaleza, arbitrarias y discrecionales ponen es mayor riesgo a las personas y organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en general en Venezuela.

En la medida en la que el Estado continúe adoptando medidas tendientes al cierre del espacio cívico, seguirá aumentado la persecución y la criminalización, el contexto para defender derechos se volverá cada vez más hostil y adverso, lo que llevará a las personas y organizaciones defensoras a enfrentar mayores riesgos por el ejercicio de su labor.

Ante las distintas vulneraciones circunstanciales, estructurales o de condiciones específicas identificadas, que afectan el trabajo de las personas y organizaciones defensoras en Venezuela, es indispensable y urgente una respuesta oportuna para la protección efectiva de quienes defienden derechos humanos en el país.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/03/CDJ-ReporteFebrero2023.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Enero 2023

ENERO 2023

105 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 105 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2023 en Venezuela.

Continúa la Política de Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al espacio cívico y democrático, especialmente ante los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales.

Las situaciones y hechos de amedrentamiento registrados durante este lapso revelan la sistematicidad de los patrones de agresión que hacen parte de la Política de Criminalización en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos.

Se observa un aumento de la violencia institucional en contra de las personas y organizaciones defensoras, al calificarlas de enemigas, traidoras, desestabilizadoras, entre otras; y acrecentar el marco normativo restrictivo para dificultar aún mas sus labores en un entorno ya adverso y hostil.

En el mes de enero registramos nuevos actos de intimidación y hostigamiento por parte de funcionarios públicos y otros actores que se suman a la violencia institucional en contra de las organizaciones catalogándolas como agentes desestabilizadores por el trabajo de investigación, denuncia, acompañamiento y exigencia al Estado de transparencia y no impunidad frente a los abusos y graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país.

La estigmatización se mantiene como el principal patrón de agresión implementado en el marco de la Política de Criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos.

Los 105 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.  

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, y la crisis política, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.

2023 inició marcado por un incremento en el número de ataques e incidentes de seguridad registrados en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

La criminalización, represión y control social representan una Política de Estado restrictiva del espacio cívico y democrático.

Vemos con preocupación que el Estado venezolano avanza en sus esfuerzos para neutralizar la defensa, exigencia y promoción de los derechos en el país. Reiteramos que estas acciones en un contexto generalizado de violaciones de derechos humanos, emergencia humanitaria e impunidad que existe en el país son esenciales y necesarias y no deben ser criminalizadas u obstaculizadas de forma arbitraria y discrecional.

El recrudecimiento de la criminalización incrementa los riesgos para las organizaciones y personas defensoras.

OTRO ATAQUE AL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA: PROYECTO DE LEY DE FISCALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, ACTUACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y AFINES

El mes de Enero se vio marcado por la presentación y aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Control de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines en la Asamblea Nacional. A partir de este hecho y una serie de amenazas televisadas o emitidas en redes sociales, se observó un aumento de los patrones de ataque y un aumento de los riesgos para todos los actores que defienden, exigen y promueven derechos en el país.

El proyecto de ley se compone por un articulado con disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libre asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.

El texto se caracteriza por tener una redacción ambigua e imprecisa, lo cual incrementa el riesgo de ser interpretada con un amplio campo de discrecionalidad. Asimismo, en la exposición de motivos se refleja el lenguaje característico de la tesis del enemigo interno orientada a la protección de la Seguridad Nacional ante la posibilidad de la intervención e injerencia extranjera. Mismo lenguaje que ha sido utilizado en otras legislaciones restrictivas en Venezuela.

Es importante reiterar que, si bien de acuerdo a los estándares internacionales en materia de libertad de asociación, el registro de organizaciones no limita per se el derecho a la asociación, dicho registro no puede en modo alguno implicar un régimen de autorización para el trabajo u existencia de las mismas, y tampoco puede imponer requisitos extraordinarios o de imposible cumplimiento para ellas. el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, incumple estos preceptos al pretender someter a las organizaciones a la autorización de la autoridad administrativa correspondiente, adscrita ejecutivo nacional para poder realizar sus funciones.

El avance de aprobación de esta propuesta de Ley es una amenaza para la sociedad civil venezolana y para toda persona que desee ejercer el derecho a la libertad de asociación, con posibles consecuencias graves para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. En Venezuela ya existen regulaciones destinadas al funcionamiento y existencia de las organizaciones no gubernamentales, por lo que una ley de esta naturaleza no solo resulta innecesaria, sino también perjudicial para su trabajo legítimo.

La libertad de asociación y la defensa, exigencia y promoción de derechos son actividades legítimas y amparadas por el derecho internacional, por lo tanto deben garantizarse sin limitaciones arbitrarias y obstáculos que impidan la operatividad de las organizaciones en el marco de la legalidad.

Quienes realizan actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/03/CDJReporteEnero2023.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

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Versión en inglés / English version:

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA -Año 2022

INFORME ANUAL 2022

396 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DURANTE 2022.

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 396 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2022, lo que representa una disminución de 47% en relación al mismo período en 2021, cuando se documentaron 743.

Esto se debe principalmente a una reducción durante el año en el número de actos de estigmatización emitidos a través de medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales.

2022 estuvo marcado por la continuidad de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, donde la Política de Criminalización, Represión y Control generó graves afectaciones principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.  Durante el período se observó el hostigamiento, la intimidación y la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar al movimiento de derechos humanos.

Distribución de los Ataques por mes:

Durante el 2022 el Estado venezolano siguió aplicando acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.

Se documentó un aumento del uso del derecho penal para perseguir, amenazar e intimidar bajo la lógica del enemigo, así como la continuidad de las medidas que criminalizan la cooperación internacional.

Los hechos ocurridos durante el año evidencian que los niveles de riesgo para el Movimiento de Derechos Humanos en el país siguen siendo altos, en tanto persiste la inexistencia de mecanismos o Políticas públicas tendientes a la promoción y protección de trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Los 396 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.  

ESTIGMATIZACIÓN, INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS FUERON LOS PRINCIPALES PATRONES DE ATAQUE DOCUMENTADOS DURANTE 2022

2022 fue un año de retos y obstáculos para el movimiento de derechos humanos en Venezuela. 

La criminalización de las actividades de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos ha derivado en la implementación de medidas represivas y de control social orientadas a limitar y obstaculizar estas acciones, así como también para atemorizar y neutralizar a las personas y organizaciones defensoras.

Los patrones de agresión y amedrentamiento que hacen parte de la Política de Criminalización reflejan las acciones represivas y de control social que ejerce el Estado en un entorno de graves restricciones al espacio cívico y democrático.

El ejercicio del derecho a defender, exigir y promover derechos humanos de forma libre y sin represalias sigue amenazado por restricciones normativas, obstáculos, acciones violentas que se suman a la precariedad de los servicios básicos y condiciones sociales que afectaron y condicionaron aún más el trabajo de los defensores y la plena operatividad de sus organizaciones.

Insistimos en la necesidad de emplear las medidas necesarias para revertir que el entorno para la defensa y exigencia de derechos siga siendo adverso y hostil; y seguir las recomendaciones y estándares internacionales para reducir los riesgos para quienes desarrollan estas acciones.

La documentación, la denuncia, la difusión de la situación de los derechos humanos, y el acompañamiento de las víctimas son actividades legitimas y deben ser ejercidas sin temor a represalias o restricciones arbitrarias y discrecionales.

Desde el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), consideramos que ante un contexto electoral que inicia en 2023 en Venezuela, las actividades de la sociedad civil y en particular del movimiento de derechos humanos serán esenciales para velar por la inclusión de la perspectiva de los derechos humanos en los procesos de solución de la situación política, económica y social que enfrenta el país. Por ello hacemos un llamado a los distintos actores políticos y de la comunidad internacional deben velar porque se garantice que toda persona y organización que promueva, defienda y exija estos derechos lo haga sin temor a ser criminalizados o perseguidos.

Quienes realizan actividades de promoción, densa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:

https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/01/CDJReporteAnual2022-.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

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Informes CDJ

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA 2017 – 2021

1.654 ATAQUES EN CONTRA DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES EN CINCO AÑOS

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró un total de 1.654 ataques e incidentes de seguridad durante los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

El Estado venezolano afianzó la Política de Criminalización, Represión y Control Social, evidenciando un incremento progresivo en las vulneraciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.

Las agresiones, amenazas y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria aumentaron progresivamente, evidenciando un ambiente complejo y hostil para el ejercicio de acciones relacionadas a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país.

El Estado venezolano aplicó la lógica del Enemigo Interno mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.

Uno de los principales elementos de preocupación para el CDJ es el aumento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales, fueron empleados para justificar la tesis del Enemigo Interno, sumado a la inexistencia de mecanismos o Políticas públicas tendientes a la promoción y protección de trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Centro para los Defensores y la Justicia documentó la forma en la que desde distintas instancias se emplean una serie de medidas que constituyen agresiones y amedrentamiento en contra de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Se ha identificado una serie de patrones que conforman la Política de Criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

Destacamos que, en los últimos cinco años los patrones identificados se han perfeccionado y su aplicación se ha visto marcada por un incremento de hechos violentos, afectaciones a la integridad personal y vida, amenazas, y el uso del discurso de odio y descalificatorio en contra de las personas defensoras.

Los 1.654 ataques e incidentes de seguridad documentados en los años 2017 y 2021 pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:

En el informe ofrecemos una breve descripción de los patrones de amedrentamiento, y agresión que forman parte de la Política de Criminalización del derecho a defender derechos en Venezuela.

Asimismo, el CDJ destaca el trabajo de personas y organizaciones no gubernamentales, más atacadas en los últimos cinco (5) años, quienes a pesar de los riesgos que implica su labor, siguen abogando por la garantía de los derechos humanos.

Organizaciones más atacadas durante los últimos cinco (5) años: Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea); Foro Penal; Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS); Espacio Público; Control Ciudadano; Transparencia Venezuela; FundaRedes; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela); Acceso a la Justicia; y Un Mundo Sin Mordaza.

Personas defensoras más atacadas durante los últimos cinco (5) años: Marino Alvarado, Coordinador de Provea; Marco Antonio Ponce, Coordinador General del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social; Alfredo Romero: Director del Foro Penal;Carlos Correa, Director Ejecutivo de Espacio Público,; Mercedes De Freitas: como Directora de Transparencia Venezuela;Humberto Prado, Observatorio Venezolano de Prisiones;Rocío San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano; Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea; Carlos Nieto Palma, Director de Una Ventana a la Libertad; y Javier Tarazona, Director de FundaRedes.

En uno de sus apartados el informe analiza y detalla el Marco Normativo Restrictivo. Entre 2017 y 2021, se promulgaron una serie de medidas fácticas y legales dirigidas a criminalizar, obstaculizar, restringir y neutralizar la defensa de los derechos humanos.

Finalmente, el informe detalla cómo la criminalización de la cooperación internacional ha sido uno de los principales motivos sobre los cuales el Estado fundamenta la política de criminalización en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

Documentando en este aspecto un total de 194 ataques que constituyen represalias por cooperar con organismos del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Naciones Unidas y otros mecanismos de protección a los derechos humanos en el ámbito internacional. El principal foco de estos ataques fue el descrédito de las actividades de incidencia y denuncia internacional de las organizaciones, quienes constantemente toman parte en estos espacios para visibilizar la realidad de la situación de derechos humanos en el país.

Reiteramos que se debe avanzar en la construcción de entornos propicios y seguros en los cuales las acciones de documentación, denuncia, difusión de la situación de los derechos humanos, y el acompañamiento de las víctimas puedan ser ejercidas sin temor a represalias.

Te invitamos a descargar nuestro Informe Especial completo y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/12/InformeEspecialCDJ-2017-2021.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve