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PRIMER TRIMESTRE 2023
226 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2023
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 226 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2023, evidenciando la sistematicidad de la Política de Criminalización a quienes promueven, defienden, y exigen derechos humanos en Venezuela.
Durante el primer trimestre de 2023 se profundizó el cierre del Espacio Cívico y Democrático. El Estado venezolano continuó agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos.
Los avances legislativos de dos proyectos de ley destinados a regular y controlar el trabajo de la sociedad civil derivaron en un aumento de las agresiones en contra de las organizaciones de derechos humanos.
Entre enero y marzo de 2023 se registraron 226 nuevos hechos que comprometen y afectan el derecho a defender, lo que representa un incremento del 131% en relación al mismo período en el año 2022 cuando se registraron 98 situaciones.
Durante el trimestre, el CDJ documentó la continuidad de los discursos y campañas de desprestigio y la estigmatización, señalando a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores, siendo la principal forma de agresión y un elemento que acompaña la materialización de otro tipo de agresiones como las amenazas y los actos de hostigamiento e intimidación.
Desde los más altos niveles del Estado se descalifica el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, pretendiendo vincularlas a actividades delictivas, la desestabilización y atentar contra la paz del país; así como también se busca asociarlas a partidos políticos de oposición, con el fin de cuestionar su independencia.
A través de distintos medios persistieron este tipo de acusaciones y expresiones de odio, con el fin de criminalizar una labor legítimamente reconocida por el derecho internacional. Destacando que las mismas se emitieron como parte de una estrategia comunicacional para justificar la necesidad de controlar el trabajo y actividades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos.
Los 226 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS
El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil, esto se debe entre otras cosas, a la vigencia de una serie de medidas legales y fácticas restrictivas y de carácter autoritarias.
En el primer trimestre del año se caracterizó por el avance de dos propuestas normativas que amenazan el espacio cívico y democrático: el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional.
Ambas normas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. Ponen en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defesa y exigencia de derechos.
Reiteramos que el articulado de los textos, conocidos extraoficialmente, se caracteriza por estar compuesto de disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libertad de asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Al cierre del primer trimestre del año, la Política de Criminalización de la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos permanece vigente. A través de la ejecución de distintas acciones se sigue buscando restringir el trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos bajo el perfeccionamiento de la aplicación de la tesis del enemigo interno.
La estigmatización permanece como el principal patrón de ataque. Las campañas de descrédito y las acusaciones por parte de funcionarios los hechos de amedrentamiento más documentados en el primer trimestre del año.
Fueron constantes las amenazas en contra de las organizaciones. Las dos propuestas de ley que el Estado busca aprobar son una amenaza al trabajo, la existencia y la operatividad en el marco de la legalidad de las organizaciones no gubernamentales.
Finalmente, recordamos que persiste el uso del derecho penal como mecanismo para concretar la criminalización de personas defensoras de derechos humanos.
Desde el CDJ hacemos un llamado a garantizar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de la defensa,e xigencia y promoción de derechos humanos. El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Las normas restrictivas deben ser derogadas.
En la medida en la que el Estado continúe adoptando medidas tendientes al cierre del espacio cívico, seguirán aumentado los riesgos para la sociedad civil. La defensa de los derechos humanos no es un delito y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar su ejercicio seguro y sin temor a represalias.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/04/CDJ-ReportePrimerTrimestre2023.pdf
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