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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA –Agosto 2021

AGOSTO DE 2021

SE INTENSIFICAN LAS AGRESIONES Y EL AMEDRENTAMIENTO POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 46 violaciones al derecho a defender derechos humanos en Venezuela durante agosto de 2021.

El derecho a defender, promover y exigir los derechos permanece bajo ataque, el Estado intensifica las acciones represivas y de control social que afectan la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones de derechos humanos.

Adicionalmente, la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país se suma a los elementos que consolidan un entorno hostil y adverso para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

Las medidas represivas y de control social continúan siendo aplicadas como forma de represalia en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos.

 El uso de la Lógica del Enemigo Interno se acentúa bajo un discurso de odio, descalificación e intimidación, a la par que avanzan las restricciones del espacio cívico y democrático y el uso de normativa relativa al control del terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir a la sociedad civil.  

Los 46 hechos registrados durante el mes de agosto estuvieron caracterizados por:

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO EMPLEADA PARA SEÑALAR Y DESACREDITAR LAS ACCIONES DE DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

Las campañas de estigmatización se presentan como la principal forma de agresión entre los distintos patrones que conforman la Política de Criminalización en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela.

Los discursos de odio, los llamados a la violencia y las campañas de descredito y desprestigio en contra de quienes conforman el movimiento de derechos humanos en el país, han sido de carácter sistemático y el punto de partida para cometer otras agresiones en detrimento de las personas y organizaciones que realizan acciones en este ámbito, al ser consideradas como Enemigas Internas del Estado. Durante el mes de agosto siguió agudizándose este patrón de ataque, el cual se refleja en 37 nuevos hechos de estigmatización.

Partiendo de una línea discursiva fundamentada en la lógica del enemigo interno, funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo diputados y miembros del Poder Ejecutivo, y periodistas afines y comunicadores afiliados al sistema nacional de medios públicos, así como individuos identificados con el chavismo y las estructuras del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), hicieron uso de distintas plataformas comunicacionales, tanto tradicionales como digitales estadales, así como sus cuentas en redes sociales para atacar, ofender y desacreditar a quienes defienden de derechos humanos en el país.

Desde el CDJ alertamos que a través de las campañas de estigmatización se sigue profundizando y robusteciendo la Política de Criminalización en contra de la defensa y exigencia de derechos humanos, haciendo de la defensa de derechos una labor de alto riesgo. Un paso inmediato que debe ser tomado por el Estado para garantizar el ejercicio libre y sin represalias del derecho a defender derechos es el cese inmediato de la estigmatización.

LA DEFENSNA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ELEMENTO ESENCIAL PARA LA EXISTENCIA DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO

Ante el aumento de las agresiones, limitaciones y obstaculizaciones en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de acción humanitarias en Venezuela, resulta primordial reiterar la importancia que tienen las acciones emprendidas por la sociedad civil que se encuentra en primera línea de acción respondiendo y atendiendo las necesidades socio-económicas de la población y procurando el alcance de justicia y respeto a las libertades fundamentales.

En el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja y las restricciones al espacio cívico y democrático ha destacado la resiliencia con la cual las organizaciones y personas se han mantenido trabajando a pesar de la Política de Criminalización ejercida en su contra. No obstante, las distintas represalias y patrones de agresión que buscan inhibir sus acciones el movimiento de derechos humanos se ha fortalecido y persiste, desde distintas áreas, procurando la protección de la dignidad humana.

Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, destacamos que ante el contexto que atraviesa actualmente Venezuela es imprescindible el garantizar entornos propicios y seguros para el ejercicio de a defensa de derechos humanos, en el entendido que las acciones desarrolladas por estas personas y organizaciones son fundamentales para la existencia plena de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Todo proceso orientado a solventar la crisis socio-política que atraviesa el país debe partir de la perspectiva de los derechos humanos y debe garantizarse que toda persona y organización que promueva, defienda y exija estos derechos lo haga sin temor a represalias o limitaciones arbitrarias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/CDJ-ReporteAgosto2021.pdf   

In English: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/CDJ-ReportAugust2021.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Julio 2021

JULIO DE 2021

JULIO EL MES CON MÁS ATAQUES EN CONTRA DE DEFENSORES EN LO QUE VA DE AÑO

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 140 ataques e incidentes de seguridad.

El derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos se encuentra bajo un constante ataque por parte del Estado. El entorno para su ejercicio es más hostil y adverso a medida que se profundiza la Política de Criminalización.

El Estado venezolano recrudece la Política de Criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. La Lógica del Enemigo Interno se profundiza y los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos aumentan.

La violencia de Estado y la represión siguen siendo ejercidos como una forma de limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis, como parte del control social y las medidas tendientes a la reducción del espacio cívico y democrático en el país.

Las labores de documentación, denuncia, visibilización y acompañamiento no son delito. La cooperación, interacción e incidencia internacional son acciones legítimas y el Estado no debe criminalizar a quienes las ejercen.

Los 140 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO APLICADA EN CONTRA DE LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

La violencia ejercida por el Estado sigue manifestándose en distintas formas en contra de la sociedad civil venezolana. La represión, el control social y la Política de Criminalización sigue afectando de forma particular a las personas y organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria.

Por medio de agresiones y limitaciones legales y obstaculizaciones administrativas, el Estado afecta las labores legítimas de las personas y organizaciones. La sistematicidad de los patrones represivos evidencia la vulneración el derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela.

Durante julio se intensificaron las campañas de estigmatización y los señalamientos por parte de altos funcionarios del Estado acusando a las organizaciones de “desestabilizadoras”, “injerencistas”, “terroristas”, entre otros.

Asimismo, en el marco de las acciones emprendidas por el Estado como parte de su estrategia para disminuir el espacio cívico y democrático, aumentaron las detenciones y acusaciones en contra de personas y organizaciones consideradas por este como enemigas, por ser incómodas a los intereses del Estado.

Se materializan las amenazas de judicialización, investigación y detención de personas defensoras de derechos humanos conforme a la aplicación de instrumentos normativos que han sido creados con el fin de obstaculizar la defensa y exigencia de derechos y para propiciar la criminalización y control de las organizaciones, evidenciando que defender derechos humanos en Venezuela se constituye como una labor de riesgo.

El uso de legislación y tribunales con competencia en contra del terrorismo y la delincuencia organizada para criminalizar la defensa y exigencia de derechos se intensifica, mientras permanece vigente la Providencia Administrativa N° ONCDOFT-002-2021 como amenaza al pleno ejercicio del derecho a la libertad de asociación.

A medida que se profundiza el cierre del espacio cívico y democrático en el país, los patrones de agresión y amedrentamiento que hacen parte de la Política de Criminalización agravan la situación de riesgo de quienes promueven, defienden y exigen el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Quedando además en una situación de desprotección ante la falta de institucionalidad democrática y la inexistencia de independencia de poderes que eviten la impunidad ante las violaciones cometidas.

EL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS PERMANECE UNIDO Y RECHAZA LA POLÍTICA DE CRIMINALIZACIÓN DEL ESTADO

Ante el aumento de las agresiones, limitaciones y obstaculizaciones en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de acción humanitarias en Venezuela, la sociedad civil ha permanecido unida demostrando que sus actividades por la promoción y defensa de derechos es necesaria ante la emergencia humanitaria compleja existente en el país.

A pesar del agravamiento de los patrones de agresión y del aumento de la violencia que se suma a las distintas dificultades y limitantes producto de la crisis socio-económica debe destacarse que el movimiento de derechos humanos en el país se mantiene firme en el ejercicio de sus actividades en beneficio de la población, y a pesar de los riesgos, se mantienen en primera línea de acción realizando su trabajo a pesar de la Política de Criminalización, demostrando que sus acciones en pro de la paz y la dignidad humana son necesarias para la vigencia de los derechos humanos y la recuperación de un sistema democrático y del Estado de Derecho.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/ReporteCDJ-Julio2021.pdf

In English: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/ReportCDJ-July201.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Primer Semestre 2021

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

PRIMER SEMESTRE DE 2021

ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 243% DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) durante los primeros 6 meses del año documentó 374 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender derechos humanos, lo que representa un incremento del 243% en comparación con el mismo período del año 2020, en el cual se registraron 109 situaciones.

En el marco de la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja y el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, se consolidan las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y humanitarias.

El Estado venezolano continúa ejerciendo acciones contrarias a sus obligaciones internacionales y agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.

Se acentuaron las medidas fácticas y legales para justificar la tesis del enemigo interno amparada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, aumentando los niveles de riesgo para quienes defienden y exigen derechos humanos en el país.

Los 374 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:

PROFUNDIZACIÓN EL CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN EL PAÍS UNA GRAVE AMENAZA PARA LA DEFESA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

Durante el período que abarca este informe se observó un aumento en las medidas destinadas a limitar y obstaculizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de la acción humanitaria, a través de la creación y posible imposición de nuevos requisitos para que la sociedad civil pueda operar plenamente en el marco de nuevos controles administrativos impuestos de forma discrecional por el Estado.

La creación de nuevos mecanismos como el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al terrorismo , la activación del Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales no Domiciliadas en el país (REGONG), establecido en las Normas especiales para el reconocimiento y funcionamiento de las organizaciones asociativas no gubernamentales no domiciliadas en Venezuela  y los avances en torno a la posibilidad de aprobación de una nueva Ley de Cooperación Internacional; son parte del cumulo de instrumentos normativos que han sido establecidos desde el año 2002 y cuyo fin y espíritu están dirigidos a la imposición de mayores limitaciones al espació cívico y democrático, reduciendo los espacios para que las organizaciones puedan realizar sus actividades legítimas de forma libre y sin restricciones arbitrarias y que además representa el establecimiento y formalización de los lineamientos para justificar y propiciar la criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos.

La promoción y defensa de derechos humanos es esencial para la garantía del Estado de Derecho y en un contexto de emergencia humanitaria compleja, agravada por la situación de la pandemia, se hace más necesario el trabajo de la sociedad civil para atender y brindar respuestas efectivas ante la crisis social y de derechos humanos y garantizar la dignidad humana.

EL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS CONTINÚA SUS ACCIONES Y DESAFÍA LA POLÍTICA DE CRIMINALIZACIÓN

Ante el aumento de las limitaciones y afectaciones a la defensa y exigencia de derechos las organizaciones respondieron de forma unida mediante campañas en redes sociales, comunicados de prensa, manifestaciones de calle, ruedas de prensa, denuncias públicas, en rechazo a las agresiones cometidas tanto en casos particulares como de forma general en contra del movimiento de derechos humanos.

A través de estas actividades se demandó al Estado el cese de la criminalización y se le instó a respetar y garantizar el trabajo humanitario y de derechos humanos.

Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, destacamos la resiliencia de las personas y organizaciones de derechos humanos y humanitarias, quienes ante las agresiones del Estado siguen, a través de sus procesos de documentación y denuncia y sus actividades en pro del respeto de la dignidad humana, desafiando la Política de Criminalización ejecutada en su contra y demostrando que sus acciones son necesarias y esenciales para la plena vigencia de los derechos humanos y el respeto a las libertades fundamentales.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles. https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/07/InformeCDJ-PrimerSemestre2021.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – ABRIL 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 115 ataques e incidentes de seguridad durante abril de 2021 en Venezuela.

Continúa el aumento de las violaciones al derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos en el marco de la agudización de las restricciones al espacio cívico y democrático y la Emergencia Humanitaria Compleja.

Incrementan los riesgos para quienes ejercen acciones de defensa y exigencia de derechos humanos en el país.

Los 115 hechos registrados durante el mes de abril se caracterizaron por:

AUMENTO DE RESTRICCIONES AL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia del Covid-19, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.

Las organizaciones continúan siendo señaladas de “vende patrias”, “producir noticias falsas” y “mentirosas”, así como también de recibir dinero para ello y “generar psico-terror” a la población, entre otros. Asimismo, aumentaron las acusaciones refiriéndose a que las acciones de las organizaciones y de las personas defensoras tienen “fines desestabilizadores”, “terroristas”, o de “promover injerencia, invasiones o similares”.

El Estado avanza respecto a la materialización de sus amenazas de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional.

Ante la profundización de la Política de Criminalización, y el recrudecimiento de los patrones violentos y represivos, exhortamos al Estado a cesar de inmediato las acciones tendientes a limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos.

LA PROVIDENCIA AMINISTRATIVA 001 UN NUEVO INSTRUMENTO PARA RESTRINGIR Y CONTROLAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Durante abril se agudizaron las acciones dirigidas a criminalizar el trabajo de las organizaciones y personas que trabajan promoviendo y defendiendo los derechos humanos, así como brindando respuestas a la población más vulnerable afectada por las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y la pandemia por la Covid-19.

Como parte de la reducción del Espacio Cívico y Democrático el Estado persiste en la adecuación del andamiaje legal y normativo para controlar y restringir el trabajo de las organizaciones. Bajo un aparente manto legal la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal.

LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA SIGUE PRESENTÁNDOSE COMO UNA LABOR DE RIESGO.

Las organizaciones y personas defensoras se enfrentan a un contexto cada vez más hostil y restrictivo para el ejercicio de sus labores bajo el amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El aumento de la represión y la reducción al espacio cívico y democrático, representa un grave obstáculo al trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario.  La profundización del control social ejercido por el Estado y la sistematicidad de la Política de Criminalización representan una grave amenaza para la sociedad civil.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/05/ReporteCDJ-ABRIL2021.pdf

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REPORTE CDJ | Situación de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela – PRIMER TRIMESTRE 2021

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 259% DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 183 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender durante el primer trimestre de 2021, lo que representa un aumento del 259% en relación al mismo período en el año 2020, cuando se registraron 51 situaciones.

Los 183 hechos registrados entre los meses de enero y marzo se caracterizaron por:

AUMENTA LA REDUCCIÓN DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO

El Estado sigue afianzando las medidas autoritarias a través del uso de la fuerza, que aumentan la reducción del espacio cívico y democrático, las agresiones en contra de quienes defienden y exigen derechos se producen en este contexto con el fin de evitar que se sigan documentando, denunciando y difundiendo los abusos y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.

En relación al total de ataques e incidentes registrados durante el trimestre del año destaca la persistencia en el uso de los discursos de odio y desprestigio, ejecutados por autoridades e instituciones del Estado a través del sistema nacional de medios públicos, y otras plataformas digitales de comunicación, con el fin de afectar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos.

Estos hechos ponen en evidencia que defender derechos humanos en Venezuela se presenta como una labor de alto riesgo.

AVANZAN ACCIONES DE CRIMINALIZACIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La posibilidad de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional representa una limitación más al espació cívico y democrático, donde la reducción de espacios para que las organizaciones puedan realizar sus actividades legítimas de forma libre y sin restricción se sigue aumentando, generando un aumento en los niveles de riesgo para quienes realizan actividades en torno a la promoción y defensa de derechos humanos y acciones de carácter humanitario.

Ante esta situación corresponde precisar que, el derecho internacional reconoce y establece como un derecho la cooperación, el cual incluye la posibilidad de solicitar, recibir y utilizar recursos, de distinta índole, con el fin de promover y proteger los derechos humanos. Por consiguiente, la obtención o búsqueda de fondos del exterior, el recibir apoyo o realizar actividades técnicas con organizaciones y actores internacionales y la interacción con los sistemas internacionales de protección no debe presumirse como actividades ilegitimas, contrarias a los intereses de la nación o delito. Mucho menos deben ser objeto de criminalización mediante leyes que restrinjan el pleno ejercicio de la libertad de asociación, la libertad de expresión, la posibilidad de asistencia y en general la plena operatividad de las organizaciones. Especialmente en un contexto de emergencia humanitaria compleja donde se hace más necesario el trabajo de la sociedad civil para atender la crisis social y de derechos humanos.

LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS UN AÑO BAJO ESTADO DE ALARMA

Las medidas represivas, autoritarias y de control social aplicadas durante el tiempo de vigencia del estado de alarma han servido para profundizar la Política de Criminalización en contra de la defensa de los derechos. Evidenciando el agravamiento en la sistematicidad de los ataques en contra de personas y organizaciones que integran el movimiento de derechos humanos venezolano y generado mayores obstáculos para el ejercicio de la acción humanitaria.

Entre el 13 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021 se registró un total de 455 agresiones e incidentes de seguridad en contra de personas y organizaciones que defienden derechos humanos y desarrollan acciones humanitarias, demostrándose el recrudecimiento de la Política de Criminalización y lógica del enemigo interno aplicada contra quienes defienden y exigen derechos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles. https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/04/INFORMECDJ-PRIMERTRIMESTRE-2021.pdf

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REPORTE CDJ | Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela – FEBRERO 2021

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

FEBRERO DE 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 28 ataques e incidentes de seguridad durante febrero de 2021 en Venezuela.

Durante el mes de febrero continuó profundizándose la Política de Criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos. El Estado venezolano persiste en la implementación de acciones y medidas que obstaculizan la labor de defensa y acción humanitaria, y agrediendo a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno; contrariando los estándares y obligaciones internacionales que devienen obligaciones de respeto, protección y garantía del derecho a defender derechos humanos.

A través de distintos mecanismos la Política de Criminalización, enmarcada en la lógica del enemigo interno y la Doctrina de la Seguridad Nacional, sigue afianzándose y las personas defensoras de derechos humanos enfrentan mayores riesgos al momento de ejercer sus actividades de promoción y protección de los derechos humanos.

Los 28 hechos registrados durante febrero se caracterizaron por:

Defender derechos humanos en Venezuela significa enfrentarse a un entorno represivo y de control social, en el cual las restricciones al espacio cívico incluyen vulneraciones a las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario. La continuidad de las agresiones y la inexistencia de entornos propicios y seguros para la defensa y exigencia de derechos evidencian el afianzamiento de la lógica del Enemigo interno y de la Política de criminalización amparada en la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Exhortamos al Estado Venezolano a cesar de forma inmediata la política de criminalización. Defender derechos humanos y realizar acción humanitaria no son delitos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:

https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/03/ReporteCDJ-FEB2021-1.pdf