EN UN CONTEXTO DE CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO AUMENTAN LOS RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 49 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2025 en Venezuela.
Los riesgos siguen siendo altos para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país.
La política represiva, de criminalización y control dificulta las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.
Siguen implementándose acciones tendientes al cierre del espacio cívico y democrático, aumentando los obstáculos para el ejercicio de los derechos a la asociación, expresión, reunión y defensa de derechos.
Los 49 hechos registrados durante el mes de agosto se caracterizaron por:
49 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el período evidencian un aumento de las agresiones en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, en relación con meses anteriores, siendo agosto el segundo mes con mayor número de agresiones en lo que ha transcurrido del año.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continúan bajo ataque, obstaculizando así los derechos a la asociación, reunión y defensa en Venezuela. La criminalización, la represión y el control social como política de Estado, en un contexto de impunidad generalizada, demuestran que el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela dificulta el accionar de la sociedad civil, incluido el movimiento de derechos humanos.
El cierre del Espacio Cívico y un contexto generalizado de impunidad promueven un entorno hostil y adverso para la defensa y exigencia de derechos. Es necesario garantizar la protección de las personas y organizaciones de derechos humanos, y que estas puedan realizar sus actividades de forma libre y segura.
El Estado debe tomar los correctivos necesarios para revertir la política de criminalización y sus efectos; defender, exigir y promover derechos humanos no es un delito, es un derecho y una actividad legítima necesaria para la reconstrucción de una sociedad democrática y la recuperación del Estado de Derecho.
Recordamos que las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos son actores esenciales para garantizar el respeto a los valores democráticos y las libertades fundamentales, por lo que sus acciones deben ser promovidas y protegidas.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:Reporte Agosto 2025
PERSISTE LA SITUACIÓN DE RIESGO PARA LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 18 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2025 en Venezuela.
Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos continúan expuestas a graves riesgos en un contexto de cierre del espacio cívico,
La violencia de Estado obstaculiza la labor de la sociedad civil en tanto persigue la inhibición y neutralización de actividades mediante la intimidación.
La violencia de Estado se implementa con mayor fuerza para intimidar con el fin de limitar el actuar de la sociedad civil mediante el miedo, el terror y la inhibición.
Los 18 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Los hechos documentados durante julio de 2025 continúan generando preocupación, pues se originan en un contexto de violencia y represión institucional.
El derecho a defender, exigir y promover los derechos humanos se ve afectado directamente en tanto quienes realizan estas actividades se encuentran bajo un constante temor a ser objeto de represalias por el ejercicio de su labor.
El cierre del Espacio Cívico y Democrático hace que el entorno para el ejercicio de las actividades de la sociedad civil, y en particular de las organizaciones de derechos humanos, sea cada vez más adverso y hostil.
La violencia, represión y control social del Estado siguen generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático.
El Estado debe cesar la criminalización en contra de la sociedad civil y procurar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de las labores de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Defender derechos humanos no es delito.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:Reporte Julio 2025
321 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2025
El Centro para los Defesores y la Justicia (CDJ) documentó 321ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2025.
Se mantiene la Criminalización, Represión y Control social en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en un contexto de crisis política y la persistencia de una Política de Estado de miedo y persecución, que tiene como fin la neutralización de la sociedad civil.
En el marco del cierre continuo del espacio cívico y democrático y en un entorno de constante violencia institucional, los riesgos y las agresiones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos persisten.
CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS
Los 321 ataques e incidentes documentados en el período comprometen y afectan los derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y representan una disminución del 46% en comparación con el mismo período del año 2024, en el cual se registraron 592 situaciones.
Entre enero y junio de 2025, el Estado venezolano siguió ejerciendo acciones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos en Venezuela. La ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes documentan, defienden, exigen y promueven derechos no cesan y su disminución se relaciona con las constantes limitaciones al espacio cívico, el temor de la sociedad civil a sufrir represalias por su accionar y a la neutralización producto del cierre del espacio cívico.
Los actos de intimidación y amenazas en torno a la ley de fiscalización fueron dirigidos a ejercer mayores controles discrecionales y neutralizar a las organizaciones de la sociedad civil bajo la lógica del miedo. Las agresiones en contra de las personas defensoras se producen en un entorno de violencia institucional que busca a través del miedo neutralizar a la sociedad civil. Nuevos avances normativos y la utilización de mecanismos desapegados de estándares internacionales contribuyeron al aumento de la criminalización.
Los 321 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Durante el período, quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos continuaron siendo perfilados dentro de la lógica del enemigo interno, bajo el empleo de discursos en los que se busca antagonizar su accionar, vinculando su trabajo con presunta injerencia extranjera. A ello se añade un contexto generalizado de impunidad, cooptación de los Poderes Públicos y carencia de institucionalidad se acentúa con el pasar del tiempo, y por ende, el espacio de trabajo de quienes exigen derechos se ve cada vez más reducido.
La estigmatización continuó siendo la principal modalidad de ataque. La narrativa estatal es el punto de partida para otro tipo de ataques, principalmente las amenazas, los hechos de intimidación y hostigamiento, e incluso, el desarrollo normativo. Así, durante el primer semestre del año, el discurso no solo se centró en el descrédito y cuestionamiento al movimiento de derechos humanos independiente, sino también en llamados a investigaciones, a persecución, al monitoreo y a mayores controles a la actividad de las organizaciones de derechos humanos.
Por otra parte, el poder judicial sigue siendo utilizado para criminalizar a quienes defienden derechos humanos; personas defensoras siguen siendo objeto de procesos arbitrarios en su contra, los cuales se han caracterizado por afectaciones al derecho al debido proceso. Algunos permanecen privados de su libertad.
Se registraron hechos de represalias en contra de personas defensoras que hicieron incidencia ante organismos internacionales, principalmente, frente a mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, como parte de las acciones orientadas a neutralizar a quienes denuncian violaciones de derechos humanos en Venezuela, sino la intención de evadir el escrutinio internacional.
En la medida en la que desde el Estado se siga perfilando a quienes defienden, exigen y promueven derechos como enemigos, y se sigan perpetrando agresiones en su contra en un espacio cívico y democrático reducido y en un entorno hostil, los riesgos seguirán aumentando. La labor de las personas y organizaciones de derechos humanos no debe ser criminalizada.
236 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 236 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2025. La Política de Criminalización, Represión y Control social sigue siendo aplicada en contra de quienes promueven, defienden, y exigen derechos humanos en Venezuela.
Entre enero y marzo de 2025 se profundizó el cierre del Espacio Cívico y Democrático tras la entrada en vigencia y promulgación de normativas restrictivas del derecho a la libre asociación, afectando las acciones de personas y organizaciones de sociedad civil.
Los 236 hechos documentados representan una disminución de 44% en relación al mismo período del año 2024, cuando se registraron 418 situaciones.
El Estado venezolano continúa aplicando la Política de criminalización, represión y control social en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción, defendiendo, exigiendo y promoviendo derechos humanos.
Los nuevos ataques y violencia en contra de personas y organizaciones defensoras evidencian cómo se recrudece la institucionalización de la tesis del enemigo interno.
Los 236 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
Durante el trimestre, el CDJ documentó principalmente discursos y campañas de estigmatización, señalando de forma sistemática a las organizaciones no gubernamentales de ser agentes desestabilizadores y pretendiendo vincular sus actividades con actor al margen de la ley y con hechos relacionados a corrupción, como una forma de amedrentar y hostigar.
Este tipo de agresiones, tienen como fin el neutralizar a las organizaciones y personas defensoras identificándolas de acuerdo a la narrativa gubernamental como enemigos de la patria y exponerlos a posibles investigaciones y sanciones penales. La estigmatización se manifiesta además como un elemento que conduce la materialización de otro tipo de agresiones como por ejemplo las amenazas y los actos de hostigamiento e intimidación y las detenciones arbitrarias.
El trabajo de defensa de derechos humanos, se ve afectado en tanto desde distintas instancias del Poder Público se intenta vincularlas a actividades delictivas, la desestabilización y atentar contra la paz del país. Se sigue haciendo uso de leyes restrictivas y del derecho penal para judicializar, perseguir, controlar y criminalizar.
EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA SIGUE SIENDO AMENAZADO
El entorno para la defensa, exigencia y promoción de derechos sigue siendo adverso y hostil. La implementación de medidas legales y fácticas restrictivas y contrarias al espacio cívico y democrático vigentes aumentan los riesgos para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El primer trimestre se caracterizó por nuevas amenazas producto de la entrada en vigencia de nuevas normativas que limitan el derecho a la libertad de asociación.
En febrero entró en vigencia la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Asimismo, se generaron nuevos avances normativos tendientes a la restricción y control de las libertades cívicas en el país con la publicación de la Resolución No 01025 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) , la cual establece Normas relativas a la administración y supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), aplicables al sector bancario, representando nuevas amenazas al trabajo de la sociedad civil y aumentando el nivel de riego para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos..
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Durante el primer trimestre de 2025 continuó aplicándose la Política de criminalización, represión y control en contra de quienes realizan acciones de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Las agresiones documentadas siguen siendo justificadas en la lógica del enemigo interno, y se señala a las personas y organizaciones defensoras como actores que actúan en contra de los intereses de la nación.
Las principales agresiones registradas se centran en el patrón de amedrentamiento bajo la sistematicidad de las campañas de estigmatización. Durante el período fue constante por parte de diversos sectores estadales de un discurso violento y acusatorio en contra del movimiento de derechos humanos independiente. Las campañas de descrédito y las acusaciones relacionadas a traición a la patria, injerencia, terrorismo y desestabilización, han servido de base para respaldar y justificar acciones contrarias a la libertad e integridad personal, así como también para establecer mayores restricciones, arbitrarias y discrecionales, a la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos, en especial bajo la criminalización de la cooperación internacional.
En un contexto señalamientos y cierre de la agencia USAID por parte del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades venezolanas profundizaron la criminalización de la cooperación internacional con acciones de estigmatización, intimidación y amenazas a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de derechos humanos y a personas defensoras..
Las medidas restrictivas del espacio cívico y democrático vigentes deben ser derogadas. Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela deben dejar de estar expuestas a que se cometan en su contra distintos tipos de agresiones y represalias por el ejercicio de su labor.
161 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE FEBRERO DE 2025
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 161 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2025 en Venezuela.
En Febrero se registró un aumento en el número de agresiones documentadas producto de la Política de Criminalización de la cooperación internacional y la entrada en vigencia de la ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.
El Estado venezolano avanzó en la implementación de medidas que promueven el cierre del Espacio Cívico y Democrático, obstaculizando los derechos a la libre asociación, reunión y defensa de derechos. Los actos de intimidación y amenazas en el marco de la ley de fiscalización están dirigidos a ejercer mayores controles discrecionales y neutralizar a las organizaciones de la sociedad civil bajo la lógica del miedo.
Los 161 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
El entorno para la defensa, exigencia y promoción de derechos en Venezuela es cada día más restrictivo y desfavorable, elevando el nivel de riesgo para las organizaciones de derechos humanos.
La estigmatización y los actos de intimidación y hostigamiento se presentan como los principales patrones de agresión implementados durante el mes. Las campañas de estigmatización estuvieron orientadas a desprestigiar a las organizaciones, acusándolas de “agentes desestabilizadores”, o de “corruptos” entre otros, con el fin de desacreditar sus acciones y pretender vincular la defensa de derechos humanos en Venezuela con actividades al margen de la ley.
El Estado sigue ejerciendo violencia institucional como forma de criminalizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos, empleando acciones para intimidar y hostigar a la sociedad civil. Estas acciones pretenden tener un efecto de amedrentamiento, disuasorio y de control.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
En dos meses, 2025 ha traído consigo nuevos picos de agresiones en contra de quienes defienden y exigen derechos humanos en el país. En febrero se documentaron nuevos ataques con un alto contenido de violencia en contra de personas y organizaciones defensoras. Así, se sigue evidenciando cómo se recrudece la política de criminalización, y la institucionalización de la tesis del enemigo interno.
Como consecuencia de la Orden Ejecutiva emitida por la administración del gobierno de los Estados Unidos de América entorno a su agencia de cooperación internacional, USAID, el Estado venezolano estigmatizó, intimidó y amenazó a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de derechos humanos y a las personas defensoras. Esto se materializa además en el contexto de implementación de la Ley de Fiscalización en contra de las organizaciones no gubernamentales y el aumento de la criminalización de la cooperación internacional.
La intimidación y hostigamiento continúa siendo una de las modalidades de ataque más utilizadas por el Estado para generar temor e intentar neutralizar al movimiento de derechos humanos independiente.
Las amenazas en contra las organizaciones y personas defensoras estuvieron relacionadas a la implementación y entrada en vigencia del primer plazo para la inscripción de las organizaciones no gubernamentales en el registro conforme a la Ley de Fiscalización y Regularización.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles.Reporte Febrero 2025
47 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2025
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 47 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2025 en Venezuela.
Persiste la criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. El cierre continuo del Espacio Cívico y Democrático pone en riesgo la labor de las personas y organizaciones que defienden, exigen y promueven derechos.
Las agresiones en contra de la sociedad civil se mantienen con amenazas, hostigamiento e intimidaciones. El derecho a la libertad de asociación, sigue siento atacado a medida que se fortalece un marco normativo restrictivo para su ejercicio.
Los 47 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos se enfrentan a una política represiva, de criminalización y control social que afecta a la totalidad de actores de la sociedad civil. Se documentó un aumento en las agresiones al ser señaladas de “enemigas”, “traidoras”, “terroristas”, “desestabilizadoras”, entre otras y pretendiendo vincularlas a actividades partidistas y de presunta conspiración.
El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del año demuestran que continua la falta de protección para quienes defienden, exigen y promueven derechos.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El año 2025 inicia con nuevas amenazas y desafíos para la defensa de los derechos humanos en Venezuela. La violencia y la intimidación como estrategia para neutralizar, controlar y castigar siguen siendo la estrategia empleada por el Estado como parte de una política sistemática de criminalización y represión.
La estigmatización se mantiene como el punto de partida para la materialización de otros patrones de ataque. El discurso que criminaliza y busca antagonizar al movimiento de derechos humanos se ha institucionalizado en los Poderes Públicos y entes gubernamentales, que, desde sus espacios de competencia, difunde ampliamente discursos descalificatorios y acusaciones en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos.
Se registraron nuevas amenazas en torno a limitaciones a la libertad de asociación que comprometen la operatividad de las organizaciones no gubernamentales y humanitarias en el país a través de mensajes de llamados a la investigación y judicialización de las personas defensoras.
La criminalización de la defensa de derechos humanos persiste y se profundiza con nuevas medidas y el perfeccionamiento de las estrategias de neutralización y castigo bajo una lógica de miedo a la sociedad civil por exigir el respeto de los derechos humanos en el país.
Reiteramos la importancia de proteger a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, el Estado está obligado internacionalmente a garantizar su trabajo sin que existan represalias por ello.
979 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DURANTE 2024
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 979 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2024, lo que representa un aumento de 87% en relación al mismo período en 2023, cuando se documentaron 524 agresiones.
En el contexto electoral aumentaron las restricciones al espacio cívico y democrático y se incrementó la criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil, incluidas las personas y organizaciones que defienden, exigen y promueven derechos humanos.
2024 se caracterizó por el aumento de las acciones represivas y de control en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
Cierre continuo del espacio cívico y democrático
En el marco del contexto electoral el Estado tomó nuevas acciones tendientes a cercenar el espacio cívico y democrático, en consecuencia, aumentaron las vulneraciones y limitaciones a los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.
Distribución de los Ataques por mes:
343 de las agresiones ocurrieron en el contexto posterior a las elecciones del 28 de julio
Tras el evento electoral se documentó el 35% del total de los ataques ocurridos en el año, con preocupación en el aumento de las agresiones y afectaciones a la integridad y libertad personal.
Recrudecieron los controles y obstáculos a la libertad de asociación, expresión y del derecho a defender, registrándose un aumento en detenciones de personas defensoras y la implementación de nuevas modalidades restrictivas a sus derechos como anulaciones de pasaportes.
El Estado no muestra interés en cesar la criminalización, por el contrario, se acentúan las medidas fácticas y legales para limitar y restringir la defensa, exigencia y promoción de derechos, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones que realizan estas actividades en el país.
Los 979 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
ESTIGMATIZACIÓN, INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS SE MANTIENEN COMO LOS PRINCIPALES PATRONES DE ATAQUE DOCUMENTADOS
Se registró un aumento de medidas de persecución y de control social orientadas a limitar y obstaculizar el trabajo de la sociedad civil.
Tambien se documentó el uso de métodos represivos más sofisticados y direccionados para infundir temor y poder neutralizar las actividades de quienes promueven, defienden y exigen derechos.
Amparados en la tesis del Enemigo Interno se emiten y difunden campañas de desprestigio, discursos descalificatorios, llamados a la violencia, señalamientos de “enemigos”, “traidores”, “agentes desestabilizadores”, “intervencionistas”, “fascistas” entre otros. Estas alocuciones suelen ir acompañadas de amenazas y tienen un fin intimidatorio para que la sociedad civil se inhiba de seguir actuando.
Asimismo, persiste el uso de delitos tipificados en leyes contra el financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, y la ley contra el odio y otros instrumentos normativos de índole penal intimidar, judicializar y criminalizar acciones de documentación, denuncia, incidencia, cooperación y litigio estratégico en derechos humanos.
Detenciones arbitrarias, judicialización y un aumento de actos de intimidación, hostigamiento y amenazas caracterizaron el período. Adicionalmente, la aprobación de instrumentos normativos para controlar, restringir y criminalizar la actividad de las organizaciones de sociedad civil significó nuevos desafíos y derivaron en el aumento de los riesgos para quienes tienen trabajo en el terreno.
2024 presentó grandes desafíos para la defensa de los derechos humanos en el país y sienta un precedente adverso para el 2025. La impunidad generalizada, la falta de institucionalidad democrática, la persecución de quienes son percibidos como disidentes y la violencia institucional hacen de la defensa de los derechos humanos una actividad cada vez más riesgosa. Es en este contexto el CDJ alerta sobre el probable recrudecimiento de la persecución al movimiento de derechos humanos independiente.
Desde el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), insistimos en la necesidad de emplear las medidas necesarias para revertir las medidas tendientes al cierre del espacio cívico y democrático, la derogación de leyes restrictivas y desapegadas al derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, las personas defensoras detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de forma plena y debe cesar la persecución judicial que criminaliza el trabajo de la sociedad civil.
EN EL CONTEXTO POST ELECTORAL AUMENTARON LOS RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 134 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2024 en Venezuela.
En el contexto post-electoral se profundizó la Política de Criminalización, Represión y Control Social que afecta las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, aumentando las agresiones y el amedrentamiento en contra de quienes las realizan.
El Estado emplea distintas medidas tendientes a controlar, criminalizar y neutralizar la defensa de los derechos humanos bajo un clima de miedo tendiente al retraimiento de las acciones por parte de las organizaciones por temor a ser objeto de represalias.
Los 134 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continua bajo ataque, obstaculizando así los derechos a la asociación, reunión y defensa en Venezuela. La criminalización, la represión y el control social como política de Estado, en un contexto de impunidad generalizada demuestran que el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela dificulta el accionar de la sociedad civil, incluido el movimiento de derechos humanos.
Las agresiones en contra de la integridad física y moral aumentaron, siendo la intimidación y el hostigamiento el principal patrón de ataque registrado en el período. Estas agresiones se acompañan de estigmatización, basándose en cuestionamientos y señalamientos sobre la independencia y veracidad del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, así como acusándolas de “fascistas”, “terroristas”, “desestabilizadoras”, entre otras.
Siguen implementándose medidas legales y acciones por parte de los entes del Estado tendientes al cierre del espacio cívico y democrático en el país, aumentando los obstáculos para el ejercicio de los derechos a la asociación, expresión, reunión y defensa de derechos. Estos instrumentos jurídicos contrarios a estándares de derechos humanos y que tienen como fin intimidar y neutralizar a la sociedad civil, y restringir el espacio cívico y democrático.
Hacemos un llamado a trabajar en función de construir entornos propicios y seguros para que quienes promueven, exigen y defienden derechos. Las personas defensoras deben poder ejercer sus actividades de forma libre y sin temor a represalias.
Mientras no cesen las acciones legales y fácticas que reducen el espacio cívico y democrático continuarán existiendo riesgos para la sociedad civil en el país.
AUMENTAN LOS RIESGOS PARA LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS ENFRENTAN GRAVES RIESGOS.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 56 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2024 en Venezuela.
La Política de Criminalización, Represión y Control Social avanzó en el contexto preelectoral, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos se enfrentaron a graves riesgos.
A medida que avanza el cierre continuo del espacio cívico y democrático en el país, los ataques en contra de las personas defensoras aumentan.
La violencia de Estado, se implementa con mayor fuerza para intimidar con el fin de limitar el actuar de la sociedad civil mediante el miedo, el terror y la inhibición.
Los 56 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la Política de Criminalización.
Destaca que, a partir del 28 de Julio, en el contexto de represión post-electoral se registró el 20% del total de las agresiones documentadas durante el mes.
Preocupa la sistematicidad de estos hechos. La falta de un espacio cívico libre y seguro en el contexto de eventos electorales afectó el desarrollo de actividades de la sociedad civil de forma segura y sin temor a ser objeto de represalias y agresiones.
Los 56 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Los 56 hechos documentados durante julio de 2024 generaran gran preocupación pues se originan en un contexto de aumento generalizado de la violencia y la represión estatal. El derecho a defender, exigir y promover los derechos humanos se ve afectado directamente en tanto quienes realizan estas actividades se encuentran bajo un constante ataque por parte del Estado.
En el contexto electoral se vio afectado el Espacio cívico y democrático, lo que hace que el entorno para el ejercicio de las actividades de la sociedad civil, y en particular de las organizaciones de derechos humanos fuese cada vez más adverso y hostil, en tanto se profundizó la Política de Criminalización, represión y control social.
Los patrones de agresión siguen se aplicáron con fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos. En particular durante el mes se vieron afectadas aquellas personas y organizaciones que documentaban o realizaban actividades en torno al proceso electoral.
Quienes velan por el resguardo de la dignidad humana se enfrentan a agresiones y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.
La violencia, represión y control social del Estado sigue generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático.
Preocupa en el contexto post-electoral las vulneraciones al ejercicio de las actividades de defensa, promoción y exigencia de derechos humanos. Sus actividades deben ser garantizadas de forma plena y sin represalias.
Ante la continuidad de la crisis socio-política y una emergencia humanitaria compleja que sigue vigente, el trabajo de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, resultan más necesarios, por lo que es indispensable que se establezcan medidas que permitan su accionar sin represalias o limitaciones arbitrarias.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:CDJReporteJulio2024
592 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 592 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2024, reflejando la continuidad de una Política de Criminalización, Represión y Control social en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos se profundiza, producto de las continuas acciones del Estado tendientes al cierre del Espacio Cívico y Democrático en el país.
Con la aproximación al evento electoral los llamados por parte del Estado a la actuación de la nombrada “Furia Bolivariana” a proteger los intereses de la nación frente a posibles actos de desestabilización aumentaron los riesgos y el nivel de violencia institucional, incluidas las agresiones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos.
ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 92% DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
Los 592 ataques e incidentes documentados en el período comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y representan un incremento del 92% en comparación con el mismo período del año 2023, en el cual se registraron 309 situaciones.
Entre enero y junio de 2024 el Estado venezolano avanzó en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes documenta, defienden, exigen y promueven derechos, generando impactos en el acompañando a las víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja y de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que persisten en Venezuela.
Se documentaron nuevas vulneraciones amparadas en la lógica del enemigo interno, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones defensoras en el país.
Nuevos avances normativos y la utilización de mecanismos desapegados a la ley contribuyeron al aumento de la criminalización.
Los 592 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS
Durante el primer semestre de 2024, el Centro para los Defensores y la Justicia documentó el incremento de las acciones represivas y de criminalización por parte del Estado. Amenazas, actos de intimidación y el uso del aparato estatal para perseguir a quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país. El Estado venezolano continuó sus esfuerzos para neutralizar y castigar el ejercicio de las libertades cívicas para hacer valer y exigir derechos humanos.
El patrón de ataque empleado se centra en la aplicación de la lógica del enemigo interno, bajo la cual las personas que exigen derechos y cuestionan el actuar de las autoridades son señaladas de terroristas, desestabilizadores, enemigos entre otras, y desde distintas instancias del Poder Público se ejercen acciones para neutralizarle o limitar y controlar su actuar.
En el contexto electoral el CDJ documentó y analizó los distintos patrones empleados por el Estado para criminalizar, reprimir e intentar controlar a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos bajo la lógica del Enemigo Interno. Asimismo, se registró un aumento de la represión tras los llamados por parte de las autoridades a la actuación de la “Furia Bolivariana” por parte de las autoridades venezolanas , resultando en un preocupante aumento de la violencia por parte de las agrupaciones que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz (Sp3), principalmente los grupos de civiles armados conocidos como “colectivos paramilitares”
Sigue vigente el marco legal restrictivo, en lo administrativo, civil y penal de forma contraria a las obligaciones del Estado de cara a la promoción y protección de la defensa de derechos humanos, son las principales herramientas empleadas por el Estado con el fin de controlar y obstaculizar las acciones de documentación, denuncia, incidencia, cooperación y acción humanitaria, ejercida por las organizaciones no gubernamentales para hacer frente a la crisis socio-política y de derechos humanos existente en el país y asistir y acompañar a las víctimas de los abusos y crímenes cometidos por el Estado en sus procesos de verdad, justicia y reparación. Se hace uso del derecho penal, especialmente la norma que tipifica el delito de difamación, leyes contra el terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir.
El Estado avanzó con la creación de medidas destinadas a limitar y obstaculizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, y de la sociedad civil en general, a través de la creación y posible imposición de nuevos requisitos para el pleno funcionamiento en el marco de nuevos controles discrecionales y contrarios al derecho internacional que pretenden imponerse a través del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines , la cual ha intentado aprobarse desde el 2023 , y el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras Expresiones Similares .
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Siguen existiendo riesgos y retos para las personas defensoras y organizaciones de derechos humanos, ante la falta de garantía de un entorno propicio y seguro para el ejercicio de los derechos de asociación, expresión, reunión y defensa de derechos, y en general las actividades de la sociedad civil independiente. Destacando el aumento de amenazas, intimidación y estigmatización a quienes realizan acciones relacionadas a la cooperación internacional y litigio estratégico e incidencia ante los mecanismos internacionales de protección, así como de organizaciones y personas documentando incidencias en el contexto electoral.
El patrón de ataque empleado se centra en la aplicación de la lógica del enemigo interno, bajo la cual las personas que exigen derechos y cuestionan el actuar de las autoridades son señaladas de terroristas, desestabilizadores, enemigos entre otras, y desde distintas instancias del poder Público se ejercen acciones para neutralizarle o limitar y controlar su actuar.
El CDJ reitera su preocupación por el elevado nivel de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción y trabajando en el terreno. Las medidas represivas se aplican de forma más sofisticada y selectiva, contemplando además un componente ejemplarizante para el resto de la sociedad civil con el objeto de neutralizar a las personas y organizaciones y que las mismas se inhiban de actuar ante el temor a ser objeto de posibles represalias. Este patrón ha sido documentado y denunciado por la organización, en el marco de la aplicación de la lógica del enemigo interno y el aumento de los ataques cometidos que funcionan como una especie de “castigos ejemplarizantes”.
