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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Primer Trimestre 2022

PRIMER TRIMESTRE 2022

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 98 ataques e incidentes de seguridad entre enero y marzo del 2022.

Durante el primer trimestre de 2022 documentamos cómo el Estado venezolano continúa agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos.

A pesar de observarse una disminución en el número de agresiones, resaltamos que los niveles de riesgo siguen siendo altos para el movimiento de derechos humanos, en tanto persisten las limitaciones a sus actividades, la criminalización de las mismas y las amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y campañas de estigmatización siguen siendo graves.

SIGUEN SIN TOMARSE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO

El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil. El Estado mantiene las medidas autoritarias, de forma legal y fáctica. En este contexto, siguen ocurriendo agresiones en contra de quienes promueven defienden y exigen derechos.

Lejos de atenderse los reiterados llamados de la comunidad internacional y mecanismos de derechos humanos, el Estado sigue sin emplear los correctivos necesarios para cesar la Política de Criminalización y por el contrario, se siguen materializando distintos tipos de ataques en contra de quienes documentan, denuncian y difunden los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.

Los 98 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:  

LA CRIMINALIZACIÓN BASADA EN LA TESIS DEL ENEMIGO INTERNO VULNERA EL DERECHO A DEFENDER PROMOVER Y EXIGIR DERECHOS HUMANOS

Al cierre del primer trimestre del año, la Política de Criminalización de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos permanece vigente. A través de la ejecución de distintas acciones se sigue buscando restringir el trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos bajo el perfeccionamiento de la aplicación de la tesis del enemigo interno.

Igual que en el primer trimestre de 2021, entre los meses de enero y marzo de 2022, la estigmatización continuó encabezando el patrón de ataque en contra de la defensa de los derechos humanos. El discurso de odio, desprestigio y descalificación en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país fue reiterado.

Preocupa al CDJ que, en la medida en la que se continúe estigmatizando la defensa de los derechos humanos, y continúe la impunidad frente a las amenazas, intimidaciones, hostigamiento y otras agresiones; se incrementan los niveles de riesgo para quienes defienden derechos humanos. Debido a una matriz de opinión generada por los más altos funcionarios del Estado se fortalece la tesis del enemigo interno en su contra, impulsando a que otros actores, pueden verse motivados a materializar agresiones de algún tipo en contra de quienes defienden derechos en el país, así como también sumarse a las campañas descalificatorias que afecta el trabajo y la integridad moral de las organizaciones y personas defensoras.

Ante el trabajo de documentación, denuncia e incidencia que mantienen las organizaciones de derechos humanos ante los Sistemas Internacionales de protección, desde el CDJ alertamos que la criminalización de estas actividades representa, junto a la implementación de la tesis del enemigo interno, una grave amenaza para la promoción, defensa y exigencia de los derechos humanos, toda vez que mantiene a quienes ejercen esta labor en una situación permanente de riesgo de ser objeto de ataques o agresiones; así como también limita y compromete su trabajo de denuncia, documentación y acompañamiento.  Por ello exigimos el cese inmediato de la criminalización de las acciones de cooperación e interacción con los procedimientos y mecanismos internacionales de protección.

Mientras no exista un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los derechos humanos, y mientras sigan vigentes las medidas restrictivas del espacio cívico y democrático, las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos Venezuela seguirán enfrentando graves riesgos por el ejercicio de su labor.

El Estado debe avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de la comunidad internacional y adoptar todas las medidas necesarias para avanzar en la construcción de entornos propicios y seguros, que permitan ejercer el derecho a defender derechos humanos sin que haya temor a ser víctima de agresiones o represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/04/CDJ-ReportePrimerTrimestre2022.pdf

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Descarga abajo la versión en inglés

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Año 2021

INFORME ANUAL – 2021

ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 145% DURANTE EL AÑO 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 743 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2021, lo que representa un aumento de 145% en relación al mismo período en 2020, cuando fueron 303.

2021 estuvo marcado por el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, donde la Política de Criminalización, Represión y Control Social recrudeció, generando graves afectaciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.

Las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria aumentaron, siendo uno de los años más complejos y hostiles para el ejercicio de acciones en torno a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país.

El Estado venezolano siguió aplicando la Tesis del Enemigo Interno y la Doctrina de la Seguridad Nacional mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.

Aumentaron los niveles de riesgo para el Movimiento de Derechos Humanos en el país. El incremento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales, fueron empleados para justificar la Tesis del Enemigo Interno, sumado a la inexistencia de mecanismos o Políticas Pblicas tendientes a la promoción y protección de trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El entorno para la defensa, promoción y exigencia de los derechos humanos se tornó cada vez más hostil y restrictivo con el pasar de los días debido a las distintas circunstancias adversas que rodean y condicionan el contexto en el cual se desenvuelven quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.

Los 743 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.  

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

En 2021 el entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia del Covid-19, se tornó cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela. El aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático representó una grave amenaza a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos.

La agudización de las violaciones en contra del derecho a defender derechos humanos continuó durante el año. Sistemáticamente el Estado aplicó distintas formas de violencia para limitar, obstaculizar y afectar las labores de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos basándose en la Tesis del Enemigo Interno.

Los patrones de agresión y amedrentamiento que hacen parte de la Política de Criminalización reflejan las acciones represivas y de control social que ejerce el Estado en un entorno de graves restricciones al espacio cívico y democrático.

La estigmatización como la base para avalar y facilitar la criminalización, los distintos discursos descalificatorios, llamados a la violencia, señalamientos de “enemigos”, “traidores”, “agentes desestabilizadores” entre otros , sumados al uso de la legislación penal y otros instrumentos normativos contrarios a las obligaciones del Estado de cara a la promoción y protección de la defensa de derecho humanos,  se emplearon con el fin impedir, controlar y obstaculizar las acciones de documentación, denuncia, incidencia, cooperación y acción humanitaria, ejercida por las organizaciones no gubernamentales para hacer frente a crisis socio-política y de derechos humanos existente en el país y asistir y acompañar a las víctimas de los abusos y crímenes cometidos por el Estado en sus procesos de verdad, justicia y reparación.

Las medidas represivas y de control social fueron aplicadas con mayor fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos aumentando la violencia en su contra. Esto se evidencia en el incremento de los actos de intimidación el hostigamiento y la materialización de amenazas en inicio de investigaciones y procesos penales, detenciones arbitrarias, allanamientos, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.

El Estado sigue sin garantizar un entorno propicio y seguro para el movimiento de derechos humanos. Las organizaciones y personas defensoras se encuentran en un estado de absoluta desprotección, no solo ante la ausencia de medidas efectivas que garanticen su protección y la de su trabajo, sino además ante la falta de investigación y sanción de los hechos ocurridos en su contra por parte de los organismos competentes tras el quiebre institucional y la cooptación de los poderes públicos.

El CDJ expresa su preocupación ante las distintas situaciones documentadas durante el año 2021, toda vez que, con la reducción del espacio cívico y democrático, y la profundización de los patrones represivos, criminalización y control al movimiento de derechos humanos ha elevado los niveles de riesgo para el ejercicio de su labor; además, se sienta un precedente ante el posible aumento de persecución durante el 2022.

Quienes realizan actividades de promoción, densa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/01/CDJInformeAnual2021.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

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Vea abajo la versión en inglés / English version below

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We invite you to download our report and find out the details.  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/01/CDJAnnualReport2021.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Noviembre 2021

NOVIEMBRE DE 2021

LA INTIMIDACIÓN Y EL HOSTIGAMIENTO INCREMENTAN A MEDIDA QUE SE INTENSIFICAN LAS CAMPAÑAS DE ESTIGMATIZACIÓN EN CONTRA DE QUIENES DEFIENDEN, PROMUEVEN Y EXIGEN DE DERECHOS HUMANOS

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 36 ataques e incidentes de seguridad durante el mes de noviembre de 2021 en Venezuela.

Los actos de intimidación y hostigamiento, así como las campañas de estigmatización fueron los principales patrones de agresión registrados durante el mes de noviembre, evidenciando que quienes que realizan acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos en el país deben hacerlo en un contexto hostil y entornos desfavorables que no garantizan derechos humanos.

Las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela se exponen a una diversidad de riesgos que limitan la operatividad y libre ejercicio de sus actividades y que afecta la vida e integridad física y psicológica de las mismas.

A medida que se intensifican los actos de estigmatización mediante la sistematicidad de las campañas de odio y desprestigio en redes sociales, alocuciones oficiales y en medios de comunicación tradicionales y digitales, aumentan los actos de intimidación y hostigamiento.

Aumenta la preocupación en torno a la materialización de actos violentos ejercidos en contra de las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Se ha registrado un aumento en el número de agresiones debido a la profundización del uso de la Lógica del Enemigo Interno para criminalizar a quienes le demandan al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

A pesar de los constantes llamados por diversos actores al Estado, este sigue sin garantizar condiciones para el libre ejercicio de las actividades en el ámbito de los derechos humanos y humanitario, y por el contrario perfecciona su política represiva y de control social para limitar y controlar su accionar, partiendo de una política de terror que además de afectar directamente a las víctimas, pretende tener un efecto inhibitorio en el resto de quienes defienden, promueven y exigen derechos humanos.

Los 36 hechos registrados durante noviembre estuvieron caracterizados por:

36 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de noviembre demuestran que el discurso y la narrativa oficial está dirigida a atacar a las personas y organizaciones en Venezuela, lo que genera un incremento de la violencia y mayores obstáculos para el ejercicio de las acciones de la sociedad civil en el país.

El uso de términos como “enemigos”, “traidores de la patria”, “agentes desestabilizadores”, entre otros, siguen siendo la principal forma de atacar la defensa, promoción y exigencia de derechos. Dichos discursos, son un detonante para que otros actores se vean impulsados y motivados a materializar actos de violencia.

Por otra parte, se observó que el hostigamiento judicial aumenta como uno de los mecanismos de represalia por documentar, denunciar y visibilizar la crisis de derechos humanos en Venezuela.

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

La Lógica del Enemigo Interno se mantiene como el eje central para definir la línea de ataque en contra de la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos.

Dentro de los patrones de agresión registrados encontramos que la estigmatización se presenta como la principal modalidad de ataque, las campañas de desprestigio, la descalificación y el descrédito fungen como los principales impulsores de la criminalización en contra de quienes defienden derechos en el país y propician la ejecución de actos violentos en contra de la vida e integridad personal y psicológica de estas personas.

Desde el CDJ expresamos nuestra preocupación ante la sistematicidad en la Política de Criminalización de la defensa de los derechos humanos. A pesar de los distintos llamados hechos al Estado por organismos internacionales de protección, y por la sociedad civil venezolana, se continúa perfeccionando el patrón de ataque a fines de limitar y obstaculizar la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos y enviar un mensaje de castigo ejemplarizante a quienes realizan esta labor.

Insistimos en que la Política de Criminalización debe cesar de forma inmediata y el Estado debe abstenerse de implementar la lógica del Enemigo Interno. Los actos de violencia, represión y control social del Estado deben ser investigados y sus responsables sancionados.

Con el fin de avanzar en solventar la crisis social, política y de derechos humanos existente en el país, Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, reiteramos que es esencial la construcción de entornos propicios y seguros para la promoción, defensa y exigencia de derechos. Por estas razones insistimos en la necesidad de incorporar la perspectiva de derechos humanos en los procesos de diálogo y negociación entre sectores políticos, que actualmente se encuentran en curso.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/01/CDJReporteNoviembre2021.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

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Vea abajo la versión en inglés

English version below

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SITUACIÓ DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Octubre 2021

OCTUBRE DE 2021

SE INTENSIFICAN LA INTIMIDACIÓN, EL HOSTIGAMIENTO Y LAS AMENAZAS EN CONTRA DE QUIENES DEFIENDEN Y EXIGEN DE DERECHOS HUMANOS

Se observa una escalada en la Política de Criminalización, represión y control social ejercida por el Estado venezolano. Octubre reflejó que las personas que se encuentran en primera línea de acción promoviendo, defendiendo y exigiendo derechos humanos en el país siguen enfrentándose a un contexto hostil que los expone a graves riesgos.


Las restricciones del espacio cívico y democrático, las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y el aumento de la violencia institucional siguen afectando el libre ejercicio de actividades de índole humanitario o en el campo de los derechos humanos.


Preocupa la profundización de la violencia ejercida en contra de las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Las agresiones aumentan en la medida que el Estado, de conformidad con la Lógica del Enemigo Interno criminaliza a quienes le demandan el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.


La Política de Criminalización, represión y control social del Estado siguen limitando la operatividad de las organizaciones y como consecuencia la estigmatización, la intimidación, el hostigamiento y las amenazas incrementan.

Los 73 hechos registrados durante octubre estuvieron caracterizados por:

73 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de octubre evidencian el incremento de la violencia en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La Estigmatización y el calificativo de enemigos, traidores de la patria, agentes desestabilizadores, entre otros, siguen siendo la principal forma de atacar la defensa, promoción y exigencia de derechos. Dichos discursos, alientan actos violentos y han conllevado a la materialización de agresiones más graves en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos, aumentando los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas.

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

La defensa de derechos humanos permanece bajo el ataque del Estado. Los esfuerzos para criminalizar a las organizaciones y personas defensoras continúan y se profundizan conforme avanza el cierre del espacio cívico y democrático. Desde el CDJ alertamos sobre el perfeccionamiento los patrones de agresión y de ataque que hacen parte de la Política sistemática de Criminalización.

El entorno para la defensa y exigencia de derechos humanos sigue siendo adverso y hostil para quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela. Los 73 ataques e incidentes documentadas en el mes de octubre demuestran que el Estado sigue situando a las personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil como Enemigos Internos que deben ser “neutralizados” y en consecuencia perfecciona los mecanismos represivos para limitar y afectar su accionar.

Octubre se presenta como uno de los meses con mayor número de agresiones documentadas en lo que va de año. Las situaciones registradas evidenciaron un nuevo pico de aumento de los ataques e incidentes y la naturaleza de los mismos, evidencia que el Estado continúa perfeccionando sus esfuerzos de amedrentar, intimidar y criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos.

Exhortamos a la representación del Estado Venezolano al cese inmediato de los ataques en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Insistimos en la necesidad de generar mecanismos efectivos para la investigación y sanción de los responsables de las violaciones en contra quienes defienden, promueven y exigen derechos. Defender derechos humanos no es un delito, y quienes ejercen esa labor, lejos de ser enemigos son actores esenciales para la sociedad, en consecuencia, es imperativo la construcción de entornos propicios y seguros para el desarrollo de su labor.

En un contexto como el venezolano de Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis de derechos humanos amerita una respuesta efectiva ante la inacción y mala gestión pública de las autoridades. Son fundamentales las acciones ejercidas por las personas defensoras y organizaciones de derechos humanos para abordar la situación y proteger la dignidad humana de los venezolanos.

El Estado venezolano debe dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger derechos, incluidos el derecho a defender derechos humanos. Para ello de procurar la existencia de entornos propicios y seguros en los cuales las acciones de documentación, denuncia, difusión de la situación de los derechos humanos, y el acompañamiento de las víctimas puedan ser ejercidas sin temor a represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/11/CDJReporteOctubre2021.pdf

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Versión en inglés / English version: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/11/CDJReportOctober2021.pdf

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REPORTE CDJ | Situación de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela – Septiembre 2021

SEPTIEMBRE DE 2021

AUMENTAN LOS ACTOS VIOLENTOS EN CONTRA DE LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 49 nuevas violaciones en contra del derecho a defender derechos humanos en Venezuela durante septiembre de 2021.

El Estado venezolano mantiene las medidas represivas y de control en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en el país. La profundización de las restricciones al espacio cívico y democrático afectan el libre y legítimo ejercicio de las actividades humanitarias y de derechos humanos.

La Lógica del Enemigo Interno sigue afectando negativamente la defensa, promoción y exigencia de derechos. Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos permanecen bajo ataque, y aumentan progresivamente los actos violentos por parte del Estado.

No existen condiciones para el libre ejercicio de actividades de las personas y organizaciones, las acciones en el marco humanitario y de derechos humanos siguen siendo limitadas y controladas. La represión y control social del Estado afecta la operatividad de estas organizaciones.

La Política de Criminalización se consolida. La estigmatización, descalificación e intimidación, hostigamiento y amenazas incrementan como consecuencia del avance de las restricciones del espacio cívico y democrático.

Los 49 hechos registrados durante septiembre estuvieron caracterizados por:

49 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de septiembre reflejan el aumento de agresiones más violentas como actos de intimidación, hostigamiento, amenazas. El hostigamiento judicial en contra de defensores y organizaciones se emplea como mecanismos de represalia, así como también pretende tener un efecto atemorizante en el resto de organizaciones. Las campañas de estigmatización siguen siendo la principal forma de atacar la defensa, promoción y exigencia de derechos.

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

En la medida en la que avanza la Política de Criminalización en contra de la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos, se profundiza la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, teniendo como eje central Lógica del Enemigo interno.

Preocupa al CDJ los continuos esfuerzos por parte del Estado de ubicar e identificar a las personas y organizaciones como “enemigos”, con el fin de criminalizar y neutralizar su labor. En la medida en que el Estado continúe empleando la Lógica Del Enemigo Interno para vulnerar el derecho a defender derechos humanos, continuarán perfeccionándose los patrones sistemáticos de ataque en contra de la defensa y exigencia de derechos, y por ende incrementarán los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción desarrollando actividades legítimas de documentación, denuncia, asistencia y acción humanitaria en el país.

La defensa, promoción y exigencia de derechos humanos no es un delito, cualquier acto cometido con el fin de limitar, afectar u obstaculizar estas acciones contraviene obligaciones internacionales. Por lo que exigimos el cese inmediato de la Política de Criminalización y la construcción de entornos propicios y seguros para la defensa de derechos humanos. 

LA DEFENSNA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ELEMENTO ESENCIAL PARA LA EXISTENCIA DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO

La labor de las personas y organizaciones defensoras es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, la vigencia de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por ello ante el aumento de las agresiones, limitaciones y obstaculizaciones en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de acción humanitarias en Venezuela, reiteramos la importancia que tienen las acciones emprendidas por la sociedad civil que se encuentra en primera línea de acción respondiendo y atendiendo las necesidades socio-económicas de la población y procurando el alcance de justicia y respeto a las libertades fundamentales y la necesidad del cese inmediato de las agresiones y represalias en su contra.

Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, insistimos en la necesidad de incluir la perspectiva de los derechos humanos en los procesos de solución de la situación política, económica y social que enfrenta el país. Los distintos actores políticos y de la comunidad internacional deben velar porque se establezca un entorno propicio y seguro para la defensa y exigencia de derechos con el fin de garantizar que toda persona y organización que promueva, defienda y exija estos derechos lo haga sin temor a represalias o limitaciones arbitrarias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/10/CDJReporteSeptiembre2021.pdf

In English:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/10/CDJReportSeptember2021.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA –Agosto 2021

AGOSTO DE 2021

SE INTENSIFICAN LAS AGRESIONES Y EL AMEDRENTAMIENTO POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 46 violaciones al derecho a defender derechos humanos en Venezuela durante agosto de 2021.

El derecho a defender, promover y exigir los derechos permanece bajo ataque, el Estado intensifica las acciones represivas y de control social que afectan la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones de derechos humanos.

Adicionalmente, la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país se suma a los elementos que consolidan un entorno hostil y adverso para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

Las medidas represivas y de control social continúan siendo aplicadas como forma de represalia en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos.

 El uso de la Lógica del Enemigo Interno se acentúa bajo un discurso de odio, descalificación e intimidación, a la par que avanzan las restricciones del espacio cívico y democrático y el uso de normativa relativa al control del terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir a la sociedad civil.  

Los 46 hechos registrados durante el mes de agosto estuvieron caracterizados por:

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO EMPLEADA PARA SEÑALAR Y DESACREDITAR LAS ACCIONES DE DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

Las campañas de estigmatización se presentan como la principal forma de agresión entre los distintos patrones que conforman la Política de Criminalización en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela.

Los discursos de odio, los llamados a la violencia y las campañas de descredito y desprestigio en contra de quienes conforman el movimiento de derechos humanos en el país, han sido de carácter sistemático y el punto de partida para cometer otras agresiones en detrimento de las personas y organizaciones que realizan acciones en este ámbito, al ser consideradas como Enemigas Internas del Estado. Durante el mes de agosto siguió agudizándose este patrón de ataque, el cual se refleja en 37 nuevos hechos de estigmatización.

Partiendo de una línea discursiva fundamentada en la lógica del enemigo interno, funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo diputados y miembros del Poder Ejecutivo, y periodistas afines y comunicadores afiliados al sistema nacional de medios públicos, así como individuos identificados con el chavismo y las estructuras del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), hicieron uso de distintas plataformas comunicacionales, tanto tradicionales como digitales estadales, así como sus cuentas en redes sociales para atacar, ofender y desacreditar a quienes defienden de derechos humanos en el país.

Desde el CDJ alertamos que a través de las campañas de estigmatización se sigue profundizando y robusteciendo la Política de Criminalización en contra de la defensa y exigencia de derechos humanos, haciendo de la defensa de derechos una labor de alto riesgo. Un paso inmediato que debe ser tomado por el Estado para garantizar el ejercicio libre y sin represalias del derecho a defender derechos es el cese inmediato de la estigmatización.

LA DEFENSNA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ELEMENTO ESENCIAL PARA LA EXISTENCIA DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO

Ante el aumento de las agresiones, limitaciones y obstaculizaciones en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de acción humanitarias en Venezuela, resulta primordial reiterar la importancia que tienen las acciones emprendidas por la sociedad civil que se encuentra en primera línea de acción respondiendo y atendiendo las necesidades socio-económicas de la población y procurando el alcance de justicia y respeto a las libertades fundamentales.

En el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja y las restricciones al espacio cívico y democrático ha destacado la resiliencia con la cual las organizaciones y personas se han mantenido trabajando a pesar de la Política de Criminalización ejercida en su contra. No obstante, las distintas represalias y patrones de agresión que buscan inhibir sus acciones el movimiento de derechos humanos se ha fortalecido y persiste, desde distintas áreas, procurando la protección de la dignidad humana.

Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, destacamos que ante el contexto que atraviesa actualmente Venezuela es imprescindible el garantizar entornos propicios y seguros para el ejercicio de a defensa de derechos humanos, en el entendido que las acciones desarrolladas por estas personas y organizaciones son fundamentales para la existencia plena de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Todo proceso orientado a solventar la crisis socio-política que atraviesa el país debe partir de la perspectiva de los derechos humanos y debe garantizarse que toda persona y organización que promueva, defienda y exija estos derechos lo haga sin temor a represalias o limitaciones arbitrarias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/CDJ-ReporteAgosto2021.pdf   

In English: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/CDJ-ReportAugust2021.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Julio 2021

JULIO DE 2021

JULIO EL MES CON MÁS ATAQUES EN CONTRA DE DEFENSORES EN LO QUE VA DE AÑO

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 140 ataques e incidentes de seguridad.

El derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos se encuentra bajo un constante ataque por parte del Estado. El entorno para su ejercicio es más hostil y adverso a medida que se profundiza la Política de Criminalización.

El Estado venezolano recrudece la Política de Criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. La Lógica del Enemigo Interno se profundiza y los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos aumentan.

La violencia de Estado y la represión siguen siendo ejercidos como una forma de limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis, como parte del control social y las medidas tendientes a la reducción del espacio cívico y democrático en el país.

Las labores de documentación, denuncia, visibilización y acompañamiento no son delito. La cooperación, interacción e incidencia internacional son acciones legítimas y el Estado no debe criminalizar a quienes las ejercen.

Los 140 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO APLICADA EN CONTRA DE LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

La violencia ejercida por el Estado sigue manifestándose en distintas formas en contra de la sociedad civil venezolana. La represión, el control social y la Política de Criminalización sigue afectando de forma particular a las personas y organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria.

Por medio de agresiones y limitaciones legales y obstaculizaciones administrativas, el Estado afecta las labores legítimas de las personas y organizaciones. La sistematicidad de los patrones represivos evidencia la vulneración el derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela.

Durante julio se intensificaron las campañas de estigmatización y los señalamientos por parte de altos funcionarios del Estado acusando a las organizaciones de “desestabilizadoras”, “injerencistas”, “terroristas”, entre otros.

Asimismo, en el marco de las acciones emprendidas por el Estado como parte de su estrategia para disminuir el espacio cívico y democrático, aumentaron las detenciones y acusaciones en contra de personas y organizaciones consideradas por este como enemigas, por ser incómodas a los intereses del Estado.

Se materializan las amenazas de judicialización, investigación y detención de personas defensoras de derechos humanos conforme a la aplicación de instrumentos normativos que han sido creados con el fin de obstaculizar la defensa y exigencia de derechos y para propiciar la criminalización y control de las organizaciones, evidenciando que defender derechos humanos en Venezuela se constituye como una labor de riesgo.

El uso de legislación y tribunales con competencia en contra del terrorismo y la delincuencia organizada para criminalizar la defensa y exigencia de derechos se intensifica, mientras permanece vigente la Providencia Administrativa N° ONCDOFT-002-2021 como amenaza al pleno ejercicio del derecho a la libertad de asociación.

A medida que se profundiza el cierre del espacio cívico y democrático en el país, los patrones de agresión y amedrentamiento que hacen parte de la Política de Criminalización agravan la situación de riesgo de quienes promueven, defienden y exigen el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Quedando además en una situación de desprotección ante la falta de institucionalidad democrática y la inexistencia de independencia de poderes que eviten la impunidad ante las violaciones cometidas.

EL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS PERMANECE UNIDO Y RECHAZA LA POLÍTICA DE CRIMINALIZACIÓN DEL ESTADO

Ante el aumento de las agresiones, limitaciones y obstaculizaciones en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de acción humanitarias en Venezuela, la sociedad civil ha permanecido unida demostrando que sus actividades por la promoción y defensa de derechos es necesaria ante la emergencia humanitaria compleja existente en el país.

A pesar del agravamiento de los patrones de agresión y del aumento de la violencia que se suma a las distintas dificultades y limitantes producto de la crisis socio-económica debe destacarse que el movimiento de derechos humanos en el país se mantiene firme en el ejercicio de sus actividades en beneficio de la población, y a pesar de los riesgos, se mantienen en primera línea de acción realizando su trabajo a pesar de la Política de Criminalización, demostrando que sus acciones en pro de la paz y la dignidad humana son necesarias para la vigencia de los derechos humanos y la recuperación de un sistema democrático y del Estado de Derecho.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/ReporteCDJ-Julio2021.pdf

In English: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/ReportCDJ-July201.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Primer Semestre 2021

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

PRIMER SEMESTRE DE 2021

ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 243% DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) durante los primeros 6 meses del año documentó 374 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender derechos humanos, lo que representa un incremento del 243% en comparación con el mismo período del año 2020, en el cual se registraron 109 situaciones.

En el marco de la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja y el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, se consolidan las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y humanitarias.

El Estado venezolano continúa ejerciendo acciones contrarias a sus obligaciones internacionales y agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.

Se acentuaron las medidas fácticas y legales para justificar la tesis del enemigo interno amparada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, aumentando los niveles de riesgo para quienes defienden y exigen derechos humanos en el país.

Los 374 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:

PROFUNDIZACIÓN EL CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN EL PAÍS UNA GRAVE AMENAZA PARA LA DEFESA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

Durante el período que abarca este informe se observó un aumento en las medidas destinadas a limitar y obstaculizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de la acción humanitaria, a través de la creación y posible imposición de nuevos requisitos para que la sociedad civil pueda operar plenamente en el marco de nuevos controles administrativos impuestos de forma discrecional por el Estado.

La creación de nuevos mecanismos como el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al terrorismo , la activación del Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales no Domiciliadas en el país (REGONG), establecido en las Normas especiales para el reconocimiento y funcionamiento de las organizaciones asociativas no gubernamentales no domiciliadas en Venezuela  y los avances en torno a la posibilidad de aprobación de una nueva Ley de Cooperación Internacional; son parte del cumulo de instrumentos normativos que han sido establecidos desde el año 2002 y cuyo fin y espíritu están dirigidos a la imposición de mayores limitaciones al espació cívico y democrático, reduciendo los espacios para que las organizaciones puedan realizar sus actividades legítimas de forma libre y sin restricciones arbitrarias y que además representa el establecimiento y formalización de los lineamientos para justificar y propiciar la criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos.

La promoción y defensa de derechos humanos es esencial para la garantía del Estado de Derecho y en un contexto de emergencia humanitaria compleja, agravada por la situación de la pandemia, se hace más necesario el trabajo de la sociedad civil para atender y brindar respuestas efectivas ante la crisis social y de derechos humanos y garantizar la dignidad humana.

EL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS CONTINÚA SUS ACCIONES Y DESAFÍA LA POLÍTICA DE CRIMINALIZACIÓN

Ante el aumento de las limitaciones y afectaciones a la defensa y exigencia de derechos las organizaciones respondieron de forma unida mediante campañas en redes sociales, comunicados de prensa, manifestaciones de calle, ruedas de prensa, denuncias públicas, en rechazo a las agresiones cometidas tanto en casos particulares como de forma general en contra del movimiento de derechos humanos.

A través de estas actividades se demandó al Estado el cese de la criminalización y se le instó a respetar y garantizar el trabajo humanitario y de derechos humanos.

Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, destacamos la resiliencia de las personas y organizaciones de derechos humanos y humanitarias, quienes ante las agresiones del Estado siguen, a través de sus procesos de documentación y denuncia y sus actividades en pro del respeto de la dignidad humana, desafiando la Política de Criminalización ejecutada en su contra y demostrando que sus acciones son necesarias y esenciales para la plena vigencia de los derechos humanos y el respeto a las libertades fundamentales.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles. https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/07/InformeCDJ-PrimerSemestre2021.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – ABRIL 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 115 ataques e incidentes de seguridad durante abril de 2021 en Venezuela.

Continúa el aumento de las violaciones al derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos en el marco de la agudización de las restricciones al espacio cívico y democrático y la Emergencia Humanitaria Compleja.

Incrementan los riesgos para quienes ejercen acciones de defensa y exigencia de derechos humanos en el país.

Los 115 hechos registrados durante el mes de abril se caracterizaron por:

AUMENTO DE RESTRICCIONES AL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia del Covid-19, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.

Las organizaciones continúan siendo señaladas de “vende patrias”, “producir noticias falsas” y “mentirosas”, así como también de recibir dinero para ello y “generar psico-terror” a la población, entre otros. Asimismo, aumentaron las acusaciones refiriéndose a que las acciones de las organizaciones y de las personas defensoras tienen “fines desestabilizadores”, “terroristas”, o de “promover injerencia, invasiones o similares”.

El Estado avanza respecto a la materialización de sus amenazas de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional.

Ante la profundización de la Política de Criminalización, y el recrudecimiento de los patrones violentos y represivos, exhortamos al Estado a cesar de inmediato las acciones tendientes a limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos.

LA PROVIDENCIA AMINISTRATIVA 001 UN NUEVO INSTRUMENTO PARA RESTRINGIR Y CONTROLAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Durante abril se agudizaron las acciones dirigidas a criminalizar el trabajo de las organizaciones y personas que trabajan promoviendo y defendiendo los derechos humanos, así como brindando respuestas a la población más vulnerable afectada por las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y la pandemia por la Covid-19.

Como parte de la reducción del Espacio Cívico y Democrático el Estado persiste en la adecuación del andamiaje legal y normativo para controlar y restringir el trabajo de las organizaciones. Bajo un aparente manto legal la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal.

LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA SIGUE PRESENTÁNDOSE COMO UNA LABOR DE RIESGO.

Las organizaciones y personas defensoras se enfrentan a un contexto cada vez más hostil y restrictivo para el ejercicio de sus labores bajo el amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El aumento de la represión y la reducción al espacio cívico y democrático, representa un grave obstáculo al trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario.  La profundización del control social ejercido por el Estado y la sistematicidad de la Política de Criminalización representan una grave amenaza para la sociedad civil.

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REPORTE CDJ | Situación de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela – PRIMER TRIMESTRE 2021

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 259% DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 183 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender durante el primer trimestre de 2021, lo que representa un aumento del 259% en relación al mismo período en el año 2020, cuando se registraron 51 situaciones.

Los 183 hechos registrados entre los meses de enero y marzo se caracterizaron por:

AUMENTA LA REDUCCIÓN DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO

El Estado sigue afianzando las medidas autoritarias a través del uso de la fuerza, que aumentan la reducción del espacio cívico y democrático, las agresiones en contra de quienes defienden y exigen derechos se producen en este contexto con el fin de evitar que se sigan documentando, denunciando y difundiendo los abusos y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.

En relación al total de ataques e incidentes registrados durante el trimestre del año destaca la persistencia en el uso de los discursos de odio y desprestigio, ejecutados por autoridades e instituciones del Estado a través del sistema nacional de medios públicos, y otras plataformas digitales de comunicación, con el fin de afectar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos.

Estos hechos ponen en evidencia que defender derechos humanos en Venezuela se presenta como una labor de alto riesgo.

AVANZAN ACCIONES DE CRIMINALIZACIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La posibilidad de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional representa una limitación más al espació cívico y democrático, donde la reducción de espacios para que las organizaciones puedan realizar sus actividades legítimas de forma libre y sin restricción se sigue aumentando, generando un aumento en los niveles de riesgo para quienes realizan actividades en torno a la promoción y defensa de derechos humanos y acciones de carácter humanitario.

Ante esta situación corresponde precisar que, el derecho internacional reconoce y establece como un derecho la cooperación, el cual incluye la posibilidad de solicitar, recibir y utilizar recursos, de distinta índole, con el fin de promover y proteger los derechos humanos. Por consiguiente, la obtención o búsqueda de fondos del exterior, el recibir apoyo o realizar actividades técnicas con organizaciones y actores internacionales y la interacción con los sistemas internacionales de protección no debe presumirse como actividades ilegitimas, contrarias a los intereses de la nación o delito. Mucho menos deben ser objeto de criminalización mediante leyes que restrinjan el pleno ejercicio de la libertad de asociación, la libertad de expresión, la posibilidad de asistencia y en general la plena operatividad de las organizaciones. Especialmente en un contexto de emergencia humanitaria compleja donde se hace más necesario el trabajo de la sociedad civil para atender la crisis social y de derechos humanos.

LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS UN AÑO BAJO ESTADO DE ALARMA

Las medidas represivas, autoritarias y de control social aplicadas durante el tiempo de vigencia del estado de alarma han servido para profundizar la Política de Criminalización en contra de la defensa de los derechos. Evidenciando el agravamiento en la sistematicidad de los ataques en contra de personas y organizaciones que integran el movimiento de derechos humanos venezolano y generado mayores obstáculos para el ejercicio de la acción humanitaria.

Entre el 13 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021 se registró un total de 455 agresiones e incidentes de seguridad en contra de personas y organizaciones que defienden derechos humanos y desarrollan acciones humanitarias, demostrándose el recrudecimiento de la Política de Criminalización y lógica del enemigo interno aplicada contra quienes defienden y exigen derechos.

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