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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Primer Semestre 2022

PRIMER SEMESTRE 2022

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 214 ataques e incidentes de seguridad entre enero y junio del 2022.

Durante el primer semestre de 2022 se documentó cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos.

A pesar de observarse una disminución en el número de agresiones, se destaca que los riesgos se mantienen en un nivel alto para el movimiento de derechos humanos. Las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves.

En la medida en que no se tomen correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno y libre y mientras permanezcan vigentes las limitaciones legales a las actividades de promoción defensa y exigencia de derechos humanos, así como la criminalización de las mismas seguirá siendo un riesgo defender, promover y exigir derechos en el país.

SIGUEN SIN TOMARSE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO

El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil. Persisten las medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.

Durante el semestre, fue constante la intención de asociar la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos con actividades delictivas, especialmente al terrorismo, la desestabilización y atentar contra la paz del país. El Estado retomó acciones para la aprobación de una Ley de Cooperación Internacional, con el fin de imponer mayores controles a la sociedad civil como parte de su Política de Criminalización, representando una nueva amenaza para las organizaciones.

No se han tomado acciones o correctivos ante las restricciones a las libertades fundamentales, por el contrario, se han perfeccionado los mecanismos de control. La tesis del Enemigo Interno fundamente la Política de Criminalización y a partir de ello se materializan distintos tipos de ataque en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción documentando, denunciando y difundiendo los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en el país.

Los 214 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:  

LA CRIMINALIZACIÓN BASADA EN LA TESIS DEL ENEMIGO INTERNO VULNERA EL DERECHO A DEFENDER PROMOVER Y EXIGIR DERECHOS HUMANOS

Al cierre del primer semestre del 2022 el CDJ continúo documentando la profundización de la Política de Criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos en el país.

Durante estos seis meses, quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos siguieron siendo calificados como enemigos internos que buscan desestabilizar la paz de la nación.  Por ello se han empleado medidas y estrategias para neutralizar y obstaculizar su labor. En los últimos meses del período objeto de estudio, se agudizaron los patrones y modalidades de ataque en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

Persistieron las campañas estigmatización y descrédito en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes fueron acusadas de trabajar en función de intereses extranjeros, de promover actividades injerencistas y de publicar información falsa sobre la situación de derechos humanos en el país. Los actos de intimidación y hostigamiento en contra de personas y organizaciones defensoras aumentaron durante los últimos meses. A través de declaraciones públicas y de tácticas de inteligencia, las personas defensoras continuaron siendo objeto de agresiones que, además de generar temor, ponen en riesgo la vida e integridad de quienes defienden derechos humanos en el país.

los actos de intimidación y hostigamiento en contra de personas y organizaciones defensoras aumentaron durante los últimos meses. A través de declaraciones públicas y de tácticas de inteligencia, las personas defensoras continuaron siendo objeto de agresiones que, además de generar temor, ponen en riesgo la vida e integridad de quienes defienden derechos humanos en el país.

El Estado Venezolano mantiene una Política represiva, de criminalización y control social como parte de su carácter autoritario, esta sigue afectando gravemente la libre y plena operatividad de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, debido a las estrategias empleadas para la reducción del espacio cívico y democrático que afectan la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.

CDJ exhorta al Estado venezolano a cesar de inmediato la criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos y dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en la materia. Es necesario un entorno propicio y seguro para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La Política de Criminalización debe cesar de forma inmediata. Los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, agresión y amenazas deben investigarse; las leyes, mecanismos e instrumentos contrarios a la defensa y exigencia de derechos deben ser derogados y la institucionalidad y el Estado de Derecho deben ser restablecidos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/07/CDJReportePrimerSemestre2022.pdf

In English:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/10/CDJSemestralReport2022.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Mayo 2022

MAYO DE  2022

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 46 ataques e incidentes de seguridad durante mayo de 2022 en Venezuela.

Se observó un incremento en las agresiones registradas, siendo mayo el segundo mes con mayor número de ataques en lo que va de año, seguido de marzo donde se documentaron 51 hechos.

Un nuevo avance de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación.

El cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela representa grandes desafíos para las organizaciones en el país, quienes se enfrentan a un entorno cada día más hostil y restrictivo para el ejercicio de sus actividades.

Los 46 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes reflejan una intensificación en la Política de Criminalización y el uso de la tesis del enemigo interno en contra de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

LA TESIS DEL ENEMIGO INTERNO COMO FUNDAMENTO PARA LA CRIMINALIZACIÓN A LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo objeto de agresiones por el hecho de defender, exigir y promover derechos humanos. El visibilizar y denunciar las arbitrariedades y los abusos de poder cometidas por el Estado, sus actividades quedan expuestas a distintos tipos de riesgos ante el aumento del cierre del espacio cívico y democrático y la profundización de la Política de Criminalización basada en la aplicación de la Tesis del Enemigo Interno.

El Estado aumenta sus esfuerzos por obstaculizar y limitar el trabajo de la sociedad civil y crea nuevos obstáculos para la ejecución de sus actividades legítimas en el marco de las restricciones al espacio cívico y democrático. Se persigue y se agrede, con la intención de inhibir a la sociedad civil de continuar su labor en virtud de la protección del derecho a una vida digna y de exigencia del debido cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Reiteramos nuestras preocupaciones ante la situación que enfrentan quienes defienden, promueven y exigen derechos en el país. El Estado, lejos de garantizar entornos propicios y seguros para la defensa de los derechos humanos, ha avanzado en la consolidación de una Política de Criminalización y la profundización de la tesis del enemigo interno. Ello, además, se enmarca dentro de los esfuerzos empleados por el Estado para cerrar el espacio cívico y democrático.

PROYECTO DE LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL UNA NUEVA AMENAZA PARA LA PROMOCIÓN, EXIGENCIA Y DEFENSA DE DERECHOS

A inicios del mes fue circulado un nuevo proyecto de Ley de Cooperación Internacional, esto ocurre tras reiteradas amenazas por parte de funcionarios del Estado en torno a la “necesidad” aprobación de un instrumento normativo de esta naturaleza.

El instrumento recoge y refleja el discurso oficial en contra de la defensa de los derechos humanos, en tanto fundamenta su existencia bajo justificativos de preservación de la soberanía, la autodeterminación y la protección de la seguridad de la nación, afianzando así la lógica del enemigo interno aplicada a las organizaciones de la sociedad civil. Además, con esta ley se pretende ejercer un control excesivo de las actividades de las organizaciones y asociaciones en Venezuela, no solo al pretender regular la cooperación internacional desde el ámbito financiero, sino también desde el ámbito técnico, recursos humanos, entre otros comprometiendo así la operatividad y la legalidad de las organizaciones.

Al analizar el texto se observa una propuesta normativa manifiestamente restrictiva. Partiendo desde la exposición de motivos, donde se exponen los argumentos principales que orientan el sentido y alcance de la norma, se observa que aun cuando se menciona estar amparado en preceptos constitucionales y estándares internacionales, realmente se asocia a los artículos de la constitución que aluden a principios de protección de la soberanía, la autodeterminación nacional, la no injerencia y se refiere a Estados y actores relacionados con estos como sujetos contrarios a estos principios y en consecuencia calificados de enemigos, internos y externos.

 El CDJ advierte que las organizaciones y los individuos tienen derecho a buscar, recibir y utilizar recursos, no solo de índole financiero, sino técnico y de todo tipo para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos. Como hemos mencionado, la cooperación internacional es un derecho y en consecuencia es deber de los Estados garantizarla. En un contexto como el venezolano donde persiste una crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja sigue vigente es fundamental garantizar las distintas vías y posibilidades de ayuda, incluyendo la cooperación financiera y técnica.

Es obligación del Estado procurar la protección y promover el trabajo de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos, por ende, toda acción u omisión contraria a ello constituye un incumplimiento sus compromisos internacionales asumidos en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/06/CDJReporteMayo2022.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Abril 2022

ABRIL 2022

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 27 ataques e incidentes de seguridad durante abril de 2022 en Venezuela.

Se suman 27 ataques e incidentes de seguridad en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en lo que va de año en Venezuela.

Las situaciones documentadas durante el mes de abril evidencian la sistematicidad de los patrones de agresión que hacen parte de la Política de Criminalización hacia quienes exigen, promueven y defienden derechos en el país.

LA ESTIGMATIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Durante este período se ha evidenciado un incremento de la estigmatización, centrado en la criminalización de las actividades la defensa y exigencia de derechos humanos, señalando y pretendiendo calificar dichas actividades como “ilegítimas”, con “fines desestabilizadores” u otros descalificativos.

En el mes de abril los señalamientos documentados se presentan en un escenario de graves restricciones al espacio cívico y democrático. El Estado agudiza sus esfuerzos por obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, las campañas de estigmatización como base de la Política de Criminalización siguen siendo sistemáticas y aumentan los actos de violencia como parte de la respuesta represiva del Estado en el marco de la lógica del enemigo interno, aplicada a quienes defienden y exigen derechos humanos.

Los 27 hechos registrados de caracterizaron por:  

ENEMIGOS INTERNOS – LA ESTIGMATIZACION A LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La estigmatización continuó siendo la principal modalidad de ataque en contra de la defensa de derechos humanos, a través de la cual no solamente se buscó generar una matriz de opinión que antagoniza la defensa de los derechos humanos, sino que además se sitúa en un contexto generalizado de control social, a través del cual integrantes de las estructuras que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz, se ven motivados a realizar labores de inteligencia social, seguimiento y ataque en perjuicio de la integridad y operatividad de las organizaciones de derechos humanos y de quienes las integran, debido a los constantes señalamientos realizados por los funcionarios del Estado y las instituciones públicas.

Preocupa al CDJ que el discurso oficial del Estado en torno a la defensa de los derechos humanos continúe siendo de odio y con contenido violento. Son cada vez más reiteradas las acusaciones infundadas en contra del movimiento de derechos humanos y las organizaciones que lo integran en relación a las actividades de cooperación internacional y supuestos intereses de injerencia.

Desde el CDJ alertamos que la estigmatización es el punto de partida que caracteriza la sistematicidad de la Política de Criminalización de la defensa de los derechos humanos y, por ende, en la medida en la que continúe la estigmatización en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos, los riesgos para las organizaciones y personas defensoras permanecerán y seguirán aumentando.

Exhortamos al Estado Venezolano a cesar la Política de Criminalización. Defender, exigir y promover derechos no es delito. Reiteramos la necesidad de generar mecanismos efectivos que procuren e impulsen la protección de todas las personas y organizaciones que están brindando respuesta y acompañamiento a las víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja, los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos en el país.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/06/CDJReporteAbril2022.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Primer Trimestre 2022

PRIMER TRIMESTRE 2022

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 98 ataques e incidentes de seguridad entre enero y marzo del 2022.

Durante el primer trimestre de 2022 documentamos cómo el Estado venezolano continúa agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos.

A pesar de observarse una disminución en el número de agresiones, resaltamos que los niveles de riesgo siguen siendo altos para el movimiento de derechos humanos, en tanto persisten las limitaciones a sus actividades, la criminalización de las mismas y las amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y campañas de estigmatización siguen siendo graves.

SIGUEN SIN TOMARSE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO

El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil. El Estado mantiene las medidas autoritarias, de forma legal y fáctica. En este contexto, siguen ocurriendo agresiones en contra de quienes promueven defienden y exigen derechos.

Lejos de atenderse los reiterados llamados de la comunidad internacional y mecanismos de derechos humanos, el Estado sigue sin emplear los correctivos necesarios para cesar la Política de Criminalización y por el contrario, se siguen materializando distintos tipos de ataques en contra de quienes documentan, denuncian y difunden los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.

Los 98 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:  

LA CRIMINALIZACIÓN BASADA EN LA TESIS DEL ENEMIGO INTERNO VULNERA EL DERECHO A DEFENDER PROMOVER Y EXIGIR DERECHOS HUMANOS

Al cierre del primer trimestre del año, la Política de Criminalización de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos permanece vigente. A través de la ejecución de distintas acciones se sigue buscando restringir el trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos bajo el perfeccionamiento de la aplicación de la tesis del enemigo interno.

Igual que en el primer trimestre de 2021, entre los meses de enero y marzo de 2022, la estigmatización continuó encabezando el patrón de ataque en contra de la defensa de los derechos humanos. El discurso de odio, desprestigio y descalificación en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país fue reiterado.

Preocupa al CDJ que, en la medida en la que se continúe estigmatizando la defensa de los derechos humanos, y continúe la impunidad frente a las amenazas, intimidaciones, hostigamiento y otras agresiones; se incrementan los niveles de riesgo para quienes defienden derechos humanos. Debido a una matriz de opinión generada por los más altos funcionarios del Estado se fortalece la tesis del enemigo interno en su contra, impulsando a que otros actores, pueden verse motivados a materializar agresiones de algún tipo en contra de quienes defienden derechos en el país, así como también sumarse a las campañas descalificatorias que afecta el trabajo y la integridad moral de las organizaciones y personas defensoras.

Ante el trabajo de documentación, denuncia e incidencia que mantienen las organizaciones de derechos humanos ante los Sistemas Internacionales de protección, desde el CDJ alertamos que la criminalización de estas actividades representa, junto a la implementación de la tesis del enemigo interno, una grave amenaza para la promoción, defensa y exigencia de los derechos humanos, toda vez que mantiene a quienes ejercen esta labor en una situación permanente de riesgo de ser objeto de ataques o agresiones; así como también limita y compromete su trabajo de denuncia, documentación y acompañamiento.  Por ello exigimos el cese inmediato de la criminalización de las acciones de cooperación e interacción con los procedimientos y mecanismos internacionales de protección.

Mientras no exista un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los derechos humanos, y mientras sigan vigentes las medidas restrictivas del espacio cívico y democrático, las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos Venezuela seguirán enfrentando graves riesgos por el ejercicio de su labor.

El Estado debe avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de la comunidad internacional y adoptar todas las medidas necesarias para avanzar en la construcción de entornos propicios y seguros, que permitan ejercer el derecho a defender derechos humanos sin que haya temor a ser víctima de agresiones o represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/04/CDJ-ReportePrimerTrimestre2022.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Año 2021

INFORME ANUAL – 2021

ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 145% DURANTE EL AÑO 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 743 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2021, lo que representa un aumento de 145% en relación al mismo período en 2020, cuando fueron 303.

2021 estuvo marcado por el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, donde la Política de Criminalización, Represión y Control Social recrudeció, generando graves afectaciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.

Las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria aumentaron, siendo uno de los años más complejos y hostiles para el ejercicio de acciones en torno a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país.

El Estado venezolano siguió aplicando la Tesis del Enemigo Interno y la Doctrina de la Seguridad Nacional mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.

Aumentaron los niveles de riesgo para el Movimiento de Derechos Humanos en el país. El incremento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales, fueron empleados para justificar la Tesis del Enemigo Interno, sumado a la inexistencia de mecanismos o Políticas Pblicas tendientes a la promoción y protección de trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El entorno para la defensa, promoción y exigencia de los derechos humanos se tornó cada vez más hostil y restrictivo con el pasar de los días debido a las distintas circunstancias adversas que rodean y condicionan el contexto en el cual se desenvuelven quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.

Los 743 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.  

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

En 2021 el entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia del Covid-19, se tornó cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela. El aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático representó una grave amenaza a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos.

La agudización de las violaciones en contra del derecho a defender derechos humanos continuó durante el año. Sistemáticamente el Estado aplicó distintas formas de violencia para limitar, obstaculizar y afectar las labores de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos basándose en la Tesis del Enemigo Interno.

Los patrones de agresión y amedrentamiento que hacen parte de la Política de Criminalización reflejan las acciones represivas y de control social que ejerce el Estado en un entorno de graves restricciones al espacio cívico y democrático.

La estigmatización como la base para avalar y facilitar la criminalización, los distintos discursos descalificatorios, llamados a la violencia, señalamientos de “enemigos”, “traidores”, “agentes desestabilizadores” entre otros , sumados al uso de la legislación penal y otros instrumentos normativos contrarios a las obligaciones del Estado de cara a la promoción y protección de la defensa de derecho humanos,  se emplearon con el fin impedir, controlar y obstaculizar las acciones de documentación, denuncia, incidencia, cooperación y acción humanitaria, ejercida por las organizaciones no gubernamentales para hacer frente a crisis socio-política y de derechos humanos existente en el país y asistir y acompañar a las víctimas de los abusos y crímenes cometidos por el Estado en sus procesos de verdad, justicia y reparación.

Las medidas represivas y de control social fueron aplicadas con mayor fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos aumentando la violencia en su contra. Esto se evidencia en el incremento de los actos de intimidación el hostigamiento y la materialización de amenazas en inicio de investigaciones y procesos penales, detenciones arbitrarias, allanamientos, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.

El Estado sigue sin garantizar un entorno propicio y seguro para el movimiento de derechos humanos. Las organizaciones y personas defensoras se encuentran en un estado de absoluta desprotección, no solo ante la ausencia de medidas efectivas que garanticen su protección y la de su trabajo, sino además ante la falta de investigación y sanción de los hechos ocurridos en su contra por parte de los organismos competentes tras el quiebre institucional y la cooptación de los poderes públicos.

El CDJ expresa su preocupación ante las distintas situaciones documentadas durante el año 2021, toda vez que, con la reducción del espacio cívico y democrático, y la profundización de los patrones represivos, criminalización y control al movimiento de derechos humanos ha elevado los niveles de riesgo para el ejercicio de su labor; además, se sienta un precedente ante el posible aumento de persecución durante el 2022.

Quienes realizan actividades de promoción, densa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/01/CDJInformeAnual2021.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

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Vea abajo la versión en inglés / English version below

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Noviembre 2021

NOVIEMBRE DE 2021

LA INTIMIDACIÓN Y EL HOSTIGAMIENTO INCREMENTAN A MEDIDA QUE SE INTENSIFICAN LAS CAMPAÑAS DE ESTIGMATIZACIÓN EN CONTRA DE QUIENES DEFIENDEN, PROMUEVEN Y EXIGEN DE DERECHOS HUMANOS

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 36 ataques e incidentes de seguridad durante el mes de noviembre de 2021 en Venezuela.

Los actos de intimidación y hostigamiento, así como las campañas de estigmatización fueron los principales patrones de agresión registrados durante el mes de noviembre, evidenciando que quienes que realizan acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos en el país deben hacerlo en un contexto hostil y entornos desfavorables que no garantizan derechos humanos.

Las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela se exponen a una diversidad de riesgos que limitan la operatividad y libre ejercicio de sus actividades y que afecta la vida e integridad física y psicológica de las mismas.

A medida que se intensifican los actos de estigmatización mediante la sistematicidad de las campañas de odio y desprestigio en redes sociales, alocuciones oficiales y en medios de comunicación tradicionales y digitales, aumentan los actos de intimidación y hostigamiento.

Aumenta la preocupación en torno a la materialización de actos violentos ejercidos en contra de las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Se ha registrado un aumento en el número de agresiones debido a la profundización del uso de la Lógica del Enemigo Interno para criminalizar a quienes le demandan al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

A pesar de los constantes llamados por diversos actores al Estado, este sigue sin garantizar condiciones para el libre ejercicio de las actividades en el ámbito de los derechos humanos y humanitario, y por el contrario perfecciona su política represiva y de control social para limitar y controlar su accionar, partiendo de una política de terror que además de afectar directamente a las víctimas, pretende tener un efecto inhibitorio en el resto de quienes defienden, promueven y exigen derechos humanos.

Los 36 hechos registrados durante noviembre estuvieron caracterizados por:

36 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de noviembre demuestran que el discurso y la narrativa oficial está dirigida a atacar a las personas y organizaciones en Venezuela, lo que genera un incremento de la violencia y mayores obstáculos para el ejercicio de las acciones de la sociedad civil en el país.

El uso de términos como “enemigos”, “traidores de la patria”, “agentes desestabilizadores”, entre otros, siguen siendo la principal forma de atacar la defensa, promoción y exigencia de derechos. Dichos discursos, son un detonante para que otros actores se vean impulsados y motivados a materializar actos de violencia.

Por otra parte, se observó que el hostigamiento judicial aumenta como uno de los mecanismos de represalia por documentar, denunciar y visibilizar la crisis de derechos humanos en Venezuela.

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

La Lógica del Enemigo Interno se mantiene como el eje central para definir la línea de ataque en contra de la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos.

Dentro de los patrones de agresión registrados encontramos que la estigmatización se presenta como la principal modalidad de ataque, las campañas de desprestigio, la descalificación y el descrédito fungen como los principales impulsores de la criminalización en contra de quienes defienden derechos en el país y propician la ejecución de actos violentos en contra de la vida e integridad personal y psicológica de estas personas.

Desde el CDJ expresamos nuestra preocupación ante la sistematicidad en la Política de Criminalización de la defensa de los derechos humanos. A pesar de los distintos llamados hechos al Estado por organismos internacionales de protección, y por la sociedad civil venezolana, se continúa perfeccionando el patrón de ataque a fines de limitar y obstaculizar la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos y enviar un mensaje de castigo ejemplarizante a quienes realizan esta labor.

Insistimos en que la Política de Criminalización debe cesar de forma inmediata y el Estado debe abstenerse de implementar la lógica del Enemigo Interno. Los actos de violencia, represión y control social del Estado deben ser investigados y sus responsables sancionados.

Con el fin de avanzar en solventar la crisis social, política y de derechos humanos existente en el país, Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, reiteramos que es esencial la construcción de entornos propicios y seguros para la promoción, defensa y exigencia de derechos. Por estas razones insistimos en la necesidad de incorporar la perspectiva de derechos humanos en los procesos de diálogo y negociación entre sectores políticos, que actualmente se encuentran en curso.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/01/CDJReporteNoviembre2021.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

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Vea abajo la versión en inglés

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SITUACIÓ DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Octubre 2021

OCTUBRE DE 2021

SE INTENSIFICAN LA INTIMIDACIÓN, EL HOSTIGAMIENTO Y LAS AMENAZAS EN CONTRA DE QUIENES DEFIENDEN Y EXIGEN DE DERECHOS HUMANOS

Se observa una escalada en la Política de Criminalización, represión y control social ejercida por el Estado venezolano. Octubre reflejó que las personas que se encuentran en primera línea de acción promoviendo, defendiendo y exigiendo derechos humanos en el país siguen enfrentándose a un contexto hostil que los expone a graves riesgos.


Las restricciones del espacio cívico y democrático, las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y el aumento de la violencia institucional siguen afectando el libre ejercicio de actividades de índole humanitario o en el campo de los derechos humanos.


Preocupa la profundización de la violencia ejercida en contra de las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Las agresiones aumentan en la medida que el Estado, de conformidad con la Lógica del Enemigo Interno criminaliza a quienes le demandan el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.


La Política de Criminalización, represión y control social del Estado siguen limitando la operatividad de las organizaciones y como consecuencia la estigmatización, la intimidación, el hostigamiento y las amenazas incrementan.

Los 73 hechos registrados durante octubre estuvieron caracterizados por:

73 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de octubre evidencian el incremento de la violencia en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La Estigmatización y el calificativo de enemigos, traidores de la patria, agentes desestabilizadores, entre otros, siguen siendo la principal forma de atacar la defensa, promoción y exigencia de derechos. Dichos discursos, alientan actos violentos y han conllevado a la materialización de agresiones más graves en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos, aumentando los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas.

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

La defensa de derechos humanos permanece bajo el ataque del Estado. Los esfuerzos para criminalizar a las organizaciones y personas defensoras continúan y se profundizan conforme avanza el cierre del espacio cívico y democrático. Desde el CDJ alertamos sobre el perfeccionamiento los patrones de agresión y de ataque que hacen parte de la Política sistemática de Criminalización.

El entorno para la defensa y exigencia de derechos humanos sigue siendo adverso y hostil para quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela. Los 73 ataques e incidentes documentadas en el mes de octubre demuestran que el Estado sigue situando a las personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil como Enemigos Internos que deben ser “neutralizados” y en consecuencia perfecciona los mecanismos represivos para limitar y afectar su accionar.

Octubre se presenta como uno de los meses con mayor número de agresiones documentadas en lo que va de año. Las situaciones registradas evidenciaron un nuevo pico de aumento de los ataques e incidentes y la naturaleza de los mismos, evidencia que el Estado continúa perfeccionando sus esfuerzos de amedrentar, intimidar y criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos.

Exhortamos a la representación del Estado Venezolano al cese inmediato de los ataques en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Insistimos en la necesidad de generar mecanismos efectivos para la investigación y sanción de los responsables de las violaciones en contra quienes defienden, promueven y exigen derechos. Defender derechos humanos no es un delito, y quienes ejercen esa labor, lejos de ser enemigos son actores esenciales para la sociedad, en consecuencia, es imperativo la construcción de entornos propicios y seguros para el desarrollo de su labor.

En un contexto como el venezolano de Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis de derechos humanos amerita una respuesta efectiva ante la inacción y mala gestión pública de las autoridades. Son fundamentales las acciones ejercidas por las personas defensoras y organizaciones de derechos humanos para abordar la situación y proteger la dignidad humana de los venezolanos.

El Estado venezolano debe dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger derechos, incluidos el derecho a defender derechos humanos. Para ello de procurar la existencia de entornos propicios y seguros en los cuales las acciones de documentación, denuncia, difusión de la situación de los derechos humanos, y el acompañamiento de las víctimas puedan ser ejercidas sin temor a represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/11/CDJReporteOctubre2021.pdf

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Versión en inglés / English version: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/11/CDJReportOctober2021.pdf

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REPORTE CDJ | Situación de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela – Septiembre 2021

SEPTIEMBRE DE 2021

AUMENTAN LOS ACTOS VIOLENTOS EN CONTRA DE LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 49 nuevas violaciones en contra del derecho a defender derechos humanos en Venezuela durante septiembre de 2021.

El Estado venezolano mantiene las medidas represivas y de control en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en el país. La profundización de las restricciones al espacio cívico y democrático afectan el libre y legítimo ejercicio de las actividades humanitarias y de derechos humanos.

La Lógica del Enemigo Interno sigue afectando negativamente la defensa, promoción y exigencia de derechos. Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos permanecen bajo ataque, y aumentan progresivamente los actos violentos por parte del Estado.

No existen condiciones para el libre ejercicio de actividades de las personas y organizaciones, las acciones en el marco humanitario y de derechos humanos siguen siendo limitadas y controladas. La represión y control social del Estado afecta la operatividad de estas organizaciones.

La Política de Criminalización se consolida. La estigmatización, descalificación e intimidación, hostigamiento y amenazas incrementan como consecuencia del avance de las restricciones del espacio cívico y democrático.

Los 49 hechos registrados durante septiembre estuvieron caracterizados por:

49 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de septiembre reflejan el aumento de agresiones más violentas como actos de intimidación, hostigamiento, amenazas. El hostigamiento judicial en contra de defensores y organizaciones se emplea como mecanismos de represalia, así como también pretende tener un efecto atemorizante en el resto de organizaciones. Las campañas de estigmatización siguen siendo la principal forma de atacar la defensa, promoción y exigencia de derechos.

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

En la medida en la que avanza la Política de Criminalización en contra de la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos, se profundiza la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, teniendo como eje central Lógica del Enemigo interno.

Preocupa al CDJ los continuos esfuerzos por parte del Estado de ubicar e identificar a las personas y organizaciones como “enemigos”, con el fin de criminalizar y neutralizar su labor. En la medida en que el Estado continúe empleando la Lógica Del Enemigo Interno para vulnerar el derecho a defender derechos humanos, continuarán perfeccionándose los patrones sistemáticos de ataque en contra de la defensa y exigencia de derechos, y por ende incrementarán los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción desarrollando actividades legítimas de documentación, denuncia, asistencia y acción humanitaria en el país.

La defensa, promoción y exigencia de derechos humanos no es un delito, cualquier acto cometido con el fin de limitar, afectar u obstaculizar estas acciones contraviene obligaciones internacionales. Por lo que exigimos el cese inmediato de la Política de Criminalización y la construcción de entornos propicios y seguros para la defensa de derechos humanos. 

LA DEFENSNA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ELEMENTO ESENCIAL PARA LA EXISTENCIA DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO

La labor de las personas y organizaciones defensoras es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, la vigencia de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por ello ante el aumento de las agresiones, limitaciones y obstaculizaciones en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de acción humanitarias en Venezuela, reiteramos la importancia que tienen las acciones emprendidas por la sociedad civil que se encuentra en primera línea de acción respondiendo y atendiendo las necesidades socio-económicas de la población y procurando el alcance de justicia y respeto a las libertades fundamentales y la necesidad del cese inmediato de las agresiones y represalias en su contra.

Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, insistimos en la necesidad de incluir la perspectiva de los derechos humanos en los procesos de solución de la situación política, económica y social que enfrenta el país. Los distintos actores políticos y de la comunidad internacional deben velar porque se establezca un entorno propicio y seguro para la defensa y exigencia de derechos con el fin de garantizar que toda persona y organización que promueva, defienda y exija estos derechos lo haga sin temor a represalias o limitaciones arbitrarias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/10/CDJReporteSeptiembre2021.pdf

In English:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/10/CDJReportSeptember2021.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA –Agosto 2021

AGOSTO DE 2021

SE INTENSIFICAN LAS AGRESIONES Y EL AMEDRENTAMIENTO POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 46 violaciones al derecho a defender derechos humanos en Venezuela durante agosto de 2021.

El derecho a defender, promover y exigir los derechos permanece bajo ataque, el Estado intensifica las acciones represivas y de control social que afectan la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones de derechos humanos.

Adicionalmente, la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país se suma a los elementos que consolidan un entorno hostil y adverso para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

Las medidas represivas y de control social continúan siendo aplicadas como forma de represalia en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos.

 El uso de la Lógica del Enemigo Interno se acentúa bajo un discurso de odio, descalificación e intimidación, a la par que avanzan las restricciones del espacio cívico y democrático y el uso de normativa relativa al control del terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir a la sociedad civil.  

Los 46 hechos registrados durante el mes de agosto estuvieron caracterizados por:

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO EMPLEADA PARA SEÑALAR Y DESACREDITAR LAS ACCIONES DE DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

Las campañas de estigmatización se presentan como la principal forma de agresión entre los distintos patrones que conforman la Política de Criminalización en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela.

Los discursos de odio, los llamados a la violencia y las campañas de descredito y desprestigio en contra de quienes conforman el movimiento de derechos humanos en el país, han sido de carácter sistemático y el punto de partida para cometer otras agresiones en detrimento de las personas y organizaciones que realizan acciones en este ámbito, al ser consideradas como Enemigas Internas del Estado. Durante el mes de agosto siguió agudizándose este patrón de ataque, el cual se refleja en 37 nuevos hechos de estigmatización.

Partiendo de una línea discursiva fundamentada en la lógica del enemigo interno, funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo diputados y miembros del Poder Ejecutivo, y periodistas afines y comunicadores afiliados al sistema nacional de medios públicos, así como individuos identificados con el chavismo y las estructuras del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), hicieron uso de distintas plataformas comunicacionales, tanto tradicionales como digitales estadales, así como sus cuentas en redes sociales para atacar, ofender y desacreditar a quienes defienden de derechos humanos en el país.

Desde el CDJ alertamos que a través de las campañas de estigmatización se sigue profundizando y robusteciendo la Política de Criminalización en contra de la defensa y exigencia de derechos humanos, haciendo de la defensa de derechos una labor de alto riesgo. Un paso inmediato que debe ser tomado por el Estado para garantizar el ejercicio libre y sin represalias del derecho a defender derechos es el cese inmediato de la estigmatización.

LA DEFENSNA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ELEMENTO ESENCIAL PARA LA EXISTENCIA DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO

Ante el aumento de las agresiones, limitaciones y obstaculizaciones en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de acción humanitarias en Venezuela, resulta primordial reiterar la importancia que tienen las acciones emprendidas por la sociedad civil que se encuentra en primera línea de acción respondiendo y atendiendo las necesidades socio-económicas de la población y procurando el alcance de justicia y respeto a las libertades fundamentales.

En el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja y las restricciones al espacio cívico y democrático ha destacado la resiliencia con la cual las organizaciones y personas se han mantenido trabajando a pesar de la Política de Criminalización ejercida en su contra. No obstante, las distintas represalias y patrones de agresión que buscan inhibir sus acciones el movimiento de derechos humanos se ha fortalecido y persiste, desde distintas áreas, procurando la protección de la dignidad humana.

Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, destacamos que ante el contexto que atraviesa actualmente Venezuela es imprescindible el garantizar entornos propicios y seguros para el ejercicio de a defensa de derechos humanos, en el entendido que las acciones desarrolladas por estas personas y organizaciones son fundamentales para la existencia plena de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Todo proceso orientado a solventar la crisis socio-política que atraviesa el país debe partir de la perspectiva de los derechos humanos y debe garantizarse que toda persona y organización que promueva, defienda y exija estos derechos lo haga sin temor a represalias o limitaciones arbitrarias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/CDJ-ReporteAgosto2021.pdf   

In English: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/CDJ-ReportAugust2021.pdf

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Julio 2021

JULIO DE 2021

JULIO EL MES CON MÁS ATAQUES EN CONTRA DE DEFENSORES EN LO QUE VA DE AÑO

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 140 ataques e incidentes de seguridad.

El derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos se encuentra bajo un constante ataque por parte del Estado. El entorno para su ejercicio es más hostil y adverso a medida que se profundiza la Política de Criminalización.

El Estado venezolano recrudece la Política de Criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. La Lógica del Enemigo Interno se profundiza y los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos aumentan.

La violencia de Estado y la represión siguen siendo ejercidos como una forma de limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis, como parte del control social y las medidas tendientes a la reducción del espacio cívico y democrático en el país.

Las labores de documentación, denuncia, visibilización y acompañamiento no son delito. La cooperación, interacción e incidencia internacional son acciones legítimas y el Estado no debe criminalizar a quienes las ejercen.

Los 140 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO APLICADA EN CONTRA DE LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

La violencia ejercida por el Estado sigue manifestándose en distintas formas en contra de la sociedad civil venezolana. La represión, el control social y la Política de Criminalización sigue afectando de forma particular a las personas y organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria.

Por medio de agresiones y limitaciones legales y obstaculizaciones administrativas, el Estado afecta las labores legítimas de las personas y organizaciones. La sistematicidad de los patrones represivos evidencia la vulneración el derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela.

Durante julio se intensificaron las campañas de estigmatización y los señalamientos por parte de altos funcionarios del Estado acusando a las organizaciones de “desestabilizadoras”, “injerencistas”, “terroristas”, entre otros.

Asimismo, en el marco de las acciones emprendidas por el Estado como parte de su estrategia para disminuir el espacio cívico y democrático, aumentaron las detenciones y acusaciones en contra de personas y organizaciones consideradas por este como enemigas, por ser incómodas a los intereses del Estado.

Se materializan las amenazas de judicialización, investigación y detención de personas defensoras de derechos humanos conforme a la aplicación de instrumentos normativos que han sido creados con el fin de obstaculizar la defensa y exigencia de derechos y para propiciar la criminalización y control de las organizaciones, evidenciando que defender derechos humanos en Venezuela se constituye como una labor de riesgo.

El uso de legislación y tribunales con competencia en contra del terrorismo y la delincuencia organizada para criminalizar la defensa y exigencia de derechos se intensifica, mientras permanece vigente la Providencia Administrativa N° ONCDOFT-002-2021 como amenaza al pleno ejercicio del derecho a la libertad de asociación.

A medida que se profundiza el cierre del espacio cívico y democrático en el país, los patrones de agresión y amedrentamiento que hacen parte de la Política de Criminalización agravan la situación de riesgo de quienes promueven, defienden y exigen el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Quedando además en una situación de desprotección ante la falta de institucionalidad democrática y la inexistencia de independencia de poderes que eviten la impunidad ante las violaciones cometidas.

EL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS PERMANECE UNIDO Y RECHAZA LA POLÍTICA DE CRIMINALIZACIÓN DEL ESTADO

Ante el aumento de las agresiones, limitaciones y obstaculizaciones en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de acción humanitarias en Venezuela, la sociedad civil ha permanecido unida demostrando que sus actividades por la promoción y defensa de derechos es necesaria ante la emergencia humanitaria compleja existente en el país.

A pesar del agravamiento de los patrones de agresión y del aumento de la violencia que se suma a las distintas dificultades y limitantes producto de la crisis socio-económica debe destacarse que el movimiento de derechos humanos en el país se mantiene firme en el ejercicio de sus actividades en beneficio de la población, y a pesar de los riesgos, se mantienen en primera línea de acción realizando su trabajo a pesar de la Política de Criminalización, demostrando que sus acciones en pro de la paz y la dignidad humana son necesarias para la vigencia de los derechos humanos y la recuperación de un sistema democrático y del Estado de Derecho.

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