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PRIMER SEMESTRE 2023
309 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2023
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 309 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2023, reflejando la continuidad de una Política de Criminalización en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela, en el marco de la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático en el país.
Entre enero y junio de 2023 se documentó cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, acompañando a las víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja que persiste en el país y respondiendo a la crisis de derechos humanos.
ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 44% DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
Los 309 ataques e incidentes documentados en el período comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y representan un incremento del 44% en comparación con el mismo período del año 2022, en el cual se registraron 214 situaciones.
Se acentuaron las medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, bajo la lógica del enemigo interno, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones defensoras en el país.
El CDJ siguió documentando como la reducción del Espacio Cívico y Democrático lleva a la profundización de la Política de Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, mediante nuevas limitaciones y obstaculizaciones legales y el aumento de las acciones represivas, derivadas en un incremento de hechos violentos.
Los 309 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS
El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso, restrictivo y hostil. Persisten las medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.
Aumentan las acciones represivas, de persecución y represalias por defender y exigir derechos humanos.
En el primer semestre del año se retomó acciones para avanzar dos propuestas normativas que amenazan el espacio cívico y democrático: el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Asimismo, en mayo se aprobó de ordenanza de convivencia ciudadana, civismo y justicia de paz comunal, promovida por la alcaldía del municipio Libertador del Distrito Capital.
Dichas normas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. Ponen en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defesa y exigencia de derechos. De igual forma los instrumentos restringen de forma arbitrara los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacífica.
Reiteramos que, en el caso de los dos Proyectos de Ley, se han conocido de manera extraoficial, y están caracterizados por estar compuestos de disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libertad de asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Al cierre del primer semestre del 2023 el CDJ continúo documentando un aumento de agresiones y amedrentamiento como parte la Política de Criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos, producto del continuo cierre del espacio cívico y democrático en el país. Situación que se profundiza a medida que se desarrollan actividades en el marco de los venideros eventos electorales.
Durante el período, quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos siguieron siendo calificados como enemigos y agentes que buscan desestabilizar la paz de la nación. Por ello, se han empleado medidas y estrategias para neutralizar y obstaculizar su labor, entre ellas destaca el uso del derecho penal con calificaciones relacionadas a terrorismo y delincuencia organizada para criminalizar, judicializar y atemorizar.
Se observó un incremento en los patrones y modalidades de ataque posterior a los avances legislativos de dos proyectos de ley destinados a regular y controlar el trabajo de la sociedad civil derivaron en un aumento de las agresiones en contra de las organizaciones de derechos humanos, así como para limitar la posibilidad de manifestar, expresarse o asociarse libremente.
En el mismo sentido, persiste en Venezuela el uso del derecho penal y el hostigamiento judicial como mecanismo para consolidar la criminalización de quienes defienden derechos humanos a través de la judicialización.
Alertamos el aumento de la persecución, represión y judicialización de líderes sindicales por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de derechos.
El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Reiteramos la importancia de la construcción de entorno propicio y seguro para la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos. Para ello es fundamental derogar y cesar la implementación de medidas restrictivas del espacio cívico y democrático.
Ante los próximos eventos electorales, el Estado debe tomar todos los correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno, libre y seguro. El trabajo de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país, es esencial para responder a la crisis, promover los valores democráticos y proteger dignidad humana de los venezolanos.
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