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PRIMER SEMESTRE 2024
592 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 592 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2024, reflejando la continuidad de una Política de Criminalización, Represión y Control social en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos se profundiza, producto de las continuas acciones del Estado tendientes al cierre del Espacio Cívico y Democrático en el país.
Con la aproximación al evento electoral los llamados por parte del Estado a la actuación de la nombrada “Furia Bolivariana” a proteger los intereses de la nación frente a posibles actos de desestabilización aumentaron los riesgos y el nivel de violencia institucional, incluidas las agresiones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos.
ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 92% DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
Los 592 ataques e incidentes documentados en el período comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y representan un incremento del 92% en comparación con el mismo período del año 2023, en el cual se registraron 309 situaciones.
Entre enero y junio de 2024 el Estado venezolano avanzó en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes documenta, defienden, exigen y promueven derechos, generando impactos en el acompañando a las víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja y de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que persisten en Venezuela.
Se documentaron nuevas vulneraciones amparadas en la lógica del enemigo interno, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones defensoras en el país.
Nuevos avances normativos y la utilización de mecanismos desapegados a la ley contribuyeron al aumento de la criminalización.
Los 592 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS
Durante el primer semestre de 2024, el Centro para los Defensores y la Justicia documentó el incremento de las acciones represivas y de criminalización por parte del Estado. Amenazas, actos de intimidación y el uso del aparato estatal para perseguir a quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país. El Estado venezolano continuó sus esfuerzos para neutralizar y castigar el ejercicio de las libertades cívicas para hacer valer y exigir derechos humanos.
El patrón de ataque empleado se centra en la aplicación de la lógica del enemigo interno, bajo la cual las personas que exigen derechos y cuestionan el actuar de las autoridades son señaladas de terroristas, desestabilizadores, enemigos entre otras, y desde distintas instancias del Poder Público se ejercen acciones para neutralizarle o limitar y controlar su actuar.
En el contexto electoral el CDJ documentó y analizó los distintos patrones empleados por el Estado para criminalizar, reprimir e intentar controlar a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos bajo la lógica del Enemigo Interno. Asimismo, se registró un aumento de la represión tras los llamados por parte de las autoridades a la actuación de la “Furia Bolivariana” por parte de las autoridades venezolanas , resultando en un preocupante aumento de la violencia por parte de las agrupaciones que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz (Sp3), principalmente los grupos de civiles armados conocidos como “colectivos paramilitares”
Sigue vigente el marco legal restrictivo, en lo administrativo, civil y penal de forma contraria a las obligaciones del Estado de cara a la promoción y protección de la defensa de derechos humanos, son las principales herramientas empleadas por el Estado con el fin de controlar y obstaculizar las acciones de documentación, denuncia, incidencia, cooperación y acción humanitaria, ejercida por las organizaciones no gubernamentales para hacer frente a la crisis socio-política y de derechos humanos existente en el país y asistir y acompañar a las víctimas de los abusos y crímenes cometidos por el Estado en sus procesos de verdad, justicia y reparación. Se hace uso del derecho penal, especialmente la norma que tipifica el delito de difamación, leyes contra el terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir.
El Estado avanzó con la creación de medidas destinadas a limitar y obstaculizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, y de la sociedad civil en general, a través de la creación y posible imposición de nuevos requisitos para el pleno funcionamiento en el marco de nuevos controles discrecionales y contrarios al derecho internacional que pretenden imponerse a través del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines , la cual ha intentado aprobarse desde el 2023 , y el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras Expresiones Similares .
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Siguen existiendo riesgos y retos para las personas defensoras y organizaciones de derechos humanos, ante la falta de garantía de un entorno propicio y seguro para el ejercicio de los derechos de asociación, expresión, reunión y defensa de derechos, y en general las actividades de la sociedad civil independiente. Destacando el aumento de amenazas, intimidación y estigmatización a quienes realizan acciones relacionadas a la cooperación internacional y litigio estratégico e incidencia ante los mecanismos internacionales de protección, así como de organizaciones y personas documentando incidencias en el contexto electoral.
El patrón de ataque empleado se centra en la aplicación de la lógica del enemigo interno, bajo la cual las personas que exigen derechos y cuestionan el actuar de las autoridades son señaladas de terroristas, desestabilizadores, enemigos entre otras, y desde distintas instancias del poder Público se ejercen acciones para neutralizarle o limitar y controlar su actuar.
El CDJ reitera su preocupación por el elevado nivel de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción y trabajando en el terreno. Las medidas represivas se aplican de forma más sofisticada y selectiva, contemplando además un componente ejemplarizante para el resto de la sociedad civil con el objeto de neutralizar a las personas y organizaciones y que las mismas se inhiban de actuar ante el temor a ser objeto de posibles represalias. Este patrón ha sido documentado y denunciado por la organización, en el marco de la aplicación de la lógica del enemigo interno y el aumento de los ataques cometidos que funcionan como una especie de “castigos ejemplarizantes”.
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