EN EL CONTEXTO POST ELECTORAL AUMENTARON LOS RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 134 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2024 en Venezuela.
En el contexto post-electoral se profundizó la Política de Criminalización, Represión y Control Social que afecta las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, aumentando las agresiones y el amedrentamiento en contra de quienes las realizan.
El Estado emplea distintas medidas tendientes a controlar, criminalizar y neutralizar la defensa de los derechos humanos bajo un clima de miedo tendiente al retraimiento de las acciones por parte de las organizaciones por temor a ser objeto de represalias.
Los 134 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continua bajo ataque, obstaculizando así los derechos a la asociación, reunión y defensa en Venezuela. La criminalización, la represión y el control social como política de Estado, en un contexto de impunidad generalizada demuestran que el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela dificulta el accionar de la sociedad civil, incluido el movimiento de derechos humanos.
Las agresiones en contra de la integridad física y moral aumentaron, siendo la intimidación y el hostigamiento el principal patrón de ataque registrado en el período. Estas agresiones se acompañan de estigmatización, basándose en cuestionamientos y señalamientos sobre la independencia y veracidad del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, así como acusándolas de “fascistas”, “terroristas”, “desestabilizadoras”, entre otras.
Siguen implementándose medidas legales y acciones por parte de los entes del Estado tendientes al cierre del espacio cívico y democrático en el país, aumentando los obstáculos para el ejercicio de los derechos a la asociación, expresión, reunión y defensa de derechos. Estos instrumentos jurídicos contrarios a estándares de derechos humanos y que tienen como fin intimidar y neutralizar a la sociedad civil, y restringir el espacio cívico y democrático.
Hacemos un llamado a trabajar en función de construir entornos propicios y seguros para que quienes promueven, exigen y defienden derechos. Las personas defensoras deben poder ejercer sus actividades de forma libre y sin temor a represalias.
Mientras no cesen las acciones legales y fácticas que reducen el espacio cívico y democrático continuarán existiendo riesgos para la sociedad civil en el país.
AUMENTAN LOS RIESGOS PARA LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS ENFRENTAN GRAVES RIESGOS.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 56 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2024 en Venezuela.
La Política de Criminalización, Represión y Control Social avanzó en el contexto preelectoral, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos se enfrentaron a graves riesgos.
A medida que avanza el cierre continuo del espacio cívico y democrático en el país, los ataques en contra de las personas defensoras aumentan.
La violencia de Estado, se implementa con mayor fuerza para intimidar con el fin de limitar el actuar de la sociedad civil mediante el miedo, el terror y la inhibición.
Los 56 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la Política de Criminalización.
Destaca que, a partir del 28 de Julio, en el contexto de represión post-electoral se registró el 20% del total de las agresiones documentadas durante el mes.
Preocupa la sistematicidad de estos hechos. La falta de un espacio cívico libre y seguro en el contexto de eventos electorales afectó el desarrollo de actividades de la sociedad civil de forma segura y sin temor a ser objeto de represalias y agresiones.
Los 56 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Los 56 hechos documentados durante julio de 2024 generaran gran preocupación pues se originan en un contexto de aumento generalizado de la violencia y la represión estatal. El derecho a defender, exigir y promover los derechos humanos se ve afectado directamente en tanto quienes realizan estas actividades se encuentran bajo un constante ataque por parte del Estado.
En el contexto electoral se vio afectado el Espacio cívico y democrático, lo que hace que el entorno para el ejercicio de las actividades de la sociedad civil, y en particular de las organizaciones de derechos humanos fuese cada vez más adverso y hostil, en tanto se profundizó la Política de Criminalización, represión y control social.
Los patrones de agresión siguen se aplicáron con fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos. En particular durante el mes se vieron afectadas aquellas personas y organizaciones que documentaban o realizaban actividades en torno al proceso electoral.
Quienes velan por el resguardo de la dignidad humana se enfrentan a agresiones y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.
La violencia, represión y control social del Estado sigue generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático.
Preocupa en el contexto post-electoral las vulneraciones al ejercicio de las actividades de defensa, promoción y exigencia de derechos humanos. Sus actividades deben ser garantizadas de forma plena y sin represalias.
Ante la continuidad de la crisis socio-política y una emergencia humanitaria compleja que sigue vigente, el trabajo de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, resultan más necesarios, por lo que es indispensable que se establezcan medidas que permitan su accionar sin represalias o limitaciones arbitrarias.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:CDJReporteJulio2024
592 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 592 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2024, reflejando la continuidad de una Política de Criminalización, Represión y Control social en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos se profundiza, producto de las continuas acciones del Estado tendientes al cierre del Espacio Cívico y Democrático en el país.
Con la aproximación al evento electoral los llamados por parte del Estado a la actuación de la nombrada “Furia Bolivariana” a proteger los intereses de la nación frente a posibles actos de desestabilización aumentaron los riesgos y el nivel de violencia institucional, incluidas las agresiones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos.
ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 92% DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
Los 592 ataques e incidentes documentados en el período comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y representan un incremento del 92% en comparación con el mismo período del año 2023, en el cual se registraron 309 situaciones.
Entre enero y junio de 2024 el Estado venezolano avanzó en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes documenta, defienden, exigen y promueven derechos, generando impactos en el acompañando a las víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja y de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que persisten en Venezuela.
Se documentaron nuevas vulneraciones amparadas en la lógica del enemigo interno, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones defensoras en el país.
Nuevos avances normativos y la utilización de mecanismos desapegados a la ley contribuyeron al aumento de la criminalización.
Los 592 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS
Durante el primer semestre de 2024, el Centro para los Defensores y la Justicia documentó el incremento de las acciones represivas y de criminalización por parte del Estado. Amenazas, actos de intimidación y el uso del aparato estatal para perseguir a quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país. El Estado venezolano continuó sus esfuerzos para neutralizar y castigar el ejercicio de las libertades cívicas para hacer valer y exigir derechos humanos.
El patrón de ataque empleado se centra en la aplicación de la lógica del enemigo interno, bajo la cual las personas que exigen derechos y cuestionan el actuar de las autoridades son señaladas de terroristas, desestabilizadores, enemigos entre otras, y desde distintas instancias del Poder Público se ejercen acciones para neutralizarle o limitar y controlar su actuar.
En el contexto electoral el CDJ documentó y analizó los distintos patrones empleados por el Estado para criminalizar, reprimir e intentar controlar a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos bajo la lógica del Enemigo Interno. Asimismo, se registró un aumento de la represión tras los llamados por parte de las autoridades a la actuación de la “Furia Bolivariana” por parte de las autoridades venezolanas , resultando en un preocupante aumento de la violencia por parte de las agrupaciones que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz (Sp3), principalmente los grupos de civiles armados conocidos como “colectivos paramilitares”
Sigue vigente el marco legal restrictivo, en lo administrativo, civil y penal de forma contraria a las obligaciones del Estado de cara a la promoción y protección de la defensa de derechos humanos, son las principales herramientas empleadas por el Estado con el fin de controlar y obstaculizar las acciones de documentación, denuncia, incidencia, cooperación y acción humanitaria, ejercida por las organizaciones no gubernamentales para hacer frente a la crisis socio-política y de derechos humanos existente en el país y asistir y acompañar a las víctimas de los abusos y crímenes cometidos por el Estado en sus procesos de verdad, justicia y reparación. Se hace uso del derecho penal, especialmente la norma que tipifica el delito de difamación, leyes contra el terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir.
El Estado avanzó con la creación de medidas destinadas a limitar y obstaculizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, y de la sociedad civil en general, a través de la creación y posible imposición de nuevos requisitos para el pleno funcionamiento en el marco de nuevos controles discrecionales y contrarios al derecho internacional que pretenden imponerse a través del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines , la cual ha intentado aprobarse desde el 2023 , y el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras Expresiones Similares .
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Siguen existiendo riesgos y retos para las personas defensoras y organizaciones de derechos humanos, ante la falta de garantía de un entorno propicio y seguro para el ejercicio de los derechos de asociación, expresión, reunión y defensa de derechos, y en general las actividades de la sociedad civil independiente. Destacando el aumento de amenazas, intimidación y estigmatización a quienes realizan acciones relacionadas a la cooperación internacional y litigio estratégico e incidencia ante los mecanismos internacionales de protección, así como de organizaciones y personas documentando incidencias en el contexto electoral.
El patrón de ataque empleado se centra en la aplicación de la lógica del enemigo interno, bajo la cual las personas que exigen derechos y cuestionan el actuar de las autoridades son señaladas de terroristas, desestabilizadores, enemigos entre otras, y desde distintas instancias del poder Público se ejercen acciones para neutralizarle o limitar y controlar su actuar.
El CDJ reitera su preocupación por el elevado nivel de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción y trabajando en el terreno. Las medidas represivas se aplican de forma más sofisticada y selectiva, contemplando además un componente ejemplarizante para el resto de la sociedad civil con el objeto de neutralizar a las personas y organizaciones y que las mismas se inhiban de actuar ante el temor a ser objeto de posibles represalias. Este patrón ha sido documentado y denunciado por la organización, en el marco de la aplicación de la lógica del enemigo interno y el aumento de los ataques cometidos que funcionan como una especie de “castigos ejemplarizantes”.
63 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ABRIL DE 2024
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 63 ataques e incidentes de seguridad durante abril de 2024 en Venezuela.
El Espacio cívico y democrático en Venezuela se reduce en el marco del contexto electoral, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación de riesgo producto de las sistemáticas vulneraciones al derecho a la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos.
Se retoman las discusiones y acciones relativas a la promulgación de instrumentos legislativos restrictivos destinados a ejercer mayores controles discrecionales y regular a las organizaciones de la sociedad civil. Los actos de intimidación y hostigamiento y las amenazas se producen en un entorno de violencia institucional que busca a través del miedo neutralizar a la sociedad civil.
Se suman 63 ataques e incidentes de seguridad en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en lo que va de año.
Producto del cierre continuo del espacio cívico y democrático las personas y organizaciones defensoras se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la materialización de patrones de agresión implementados para neutralizar y afectar su accionar.
Los 63 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
Las campañas sistemáticas de estigmatización por parte de diversos actores estatales no cesan. Por medio de discursos oficiales, redes sociales y programas televisados se criminaliza la labor de quienes defienden, exigen y promueven derechos. El amedrentamiento, la descalificación y el descredito tienen como fin desvirtuar y neutralizar el impacto de las actividades de quienes defienden derechos bajo la lógica del enemigo interno.
Persisten las acciones orientadas a obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas acompañan los discursos estigmatizantes para amedrentar y promover la inhibición o inacción de las organizaciones como parte de la respuesta represiva del Estado.
CRIMINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Las amenazas en contra las organizaciones y personas defensoras acompañaron la estigmatización. Los mensajes llamando a que se realicen investigaciones, y a que se adopten de instrumentos normativos para el control y regulación de las organizaciones y personas defensoras caracterizaron el mes de abril. Evidenciando que la criminalización de la cooperación internacional en Venezuela no cesa y se profundiza con el pasar del tiempo.
Asimismo, los actos de intimidación y el hostigamiento judicial persistieron durante el mes. Estos hechos fueron efectuados no solo de parte de altos funcionarios en medios públicos, sino también de funcionarios de seguridad ejerciendo labores de vigilancia a defensores y organizaciones específicas.
Reiteramos nuestra preocupación ante el uso reiterado del sistema de justicia para criminalizar y perseguir haciendo uso del derecho penal bajo la lógica del enemigo para a iniciar y mantener activos procesos penales arbitrarios, contrariando las debidas garantías judiciales y el debido proceso legal.
En un contexto electoral la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos en Venezuela es una labor de riesgo. Las organizaciones y personas defensoras deben desarrollar sus actividades enfrentándose a un entorno cada vez más hostil y restrictivo.
Recordamos que defender derechos humanos es un derecho y una actividad legitima y necesaria para la recuperación de la institucionalidad democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
418 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 418 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2024, evidenciando la sistematicidad de la Política de Criminalización a quienes promueven, defienden, y exigen derechos humanos en Venezuela.
Durante el primer trimestre de 2024 se profundizó el cierre del Espacio Cívico y Democrático, en el marco de un contexto pre-electoral, afectando las acciones de personas y organizaciones de sociedad civil.
Entre enero y marzo de 2023 se registraron418 nuevos hechos que comprometen y afectan el derecho a defender, lo que representa un incremento del 85% en relación al mismo período en el año 2023 cuando se registraron 226 situaciones.
El Estado venezolano aplicó los patrones represivos que conforman la Política de criminalización, represión y control social en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción, defendiendo, exigiendo y promoviendo derechos humanos.
En el periodo se generaron nuevos avances normativos tendientes a la restricción de las libertades cívicas en el país. El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y el proyecto de Ley contra el fascismo, neofascismo y las expresiones de similares representan nuevas amenazas al trabajo de la sociedad civil y aumentan el nivel de riego para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
Los 418 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
El trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, se ve afectado en tanto desde distintas instancias del Poder Público se intenta vincularlas a actividades delictivas, la desestabilización y atentar contra la paz del país; así como también se busca asociarlas a partidos políticos de oposición, con el fin de cuestionar su independencia, haciendo uso de leyes restrictivas y del derecho penal para judicializar, perseguir y criminalizar bajo la lógica del enemigo interno.
EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA SIGUE SIENDO AMENAZADO
El entorno para la defensa, exigencia y promoción de derechos sigue siendo adverso y hostil. La implementación de medidas legales y fácticas restrictivas y contrarias al espacio cívico y democrático aumentan los riesgos para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El primer trimestre se caracteriza por nuevas amenazas provenientes del Poder Legislativo. Durante el mes de enero el parlamento avanzó con el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y el anuncio de la presentación de un nuevo proyecto normativo titulado Ley contra el fascismo, neofascismo y las expresiones de similares.
Ambas propuestas normativas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. De concretarse su aprobación y entrada en vigencia se pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defesa y exigencia de derechos y aumentaran las posibilidades de criminalización bajo la lógica del enemigo, amparada por estas leyes.
Alertamos que, la justificación de este tipo de legislación centrada en la necesidad de proteger la nación y su soberanía ante agresiones injerencistas, desestabilizadoras y terroristas, en función de la tesis del enemigo interno orientada a la protección de la Seguridad Nacional aumenta los riesgos para la sociedad civil, y es el fundamento para la materialización de agresiones . en el marco de la Política de criminalización, represión y control social existente. Tras los anuncios de estos avances normativos no solo se ve amenazada la capacidad operativa de las organizaciones en el marco de la legalidad y de forma independiente, sino que también ha derivado en el incremento y materialización de otros ataques e incidentes. Destacando en el trimestre la persistencia de la estigmatización, el aumento de la intimidación, el hostigamiento y las amenazas.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El primer trimestre del año se caracterizó por estigmatización, amenazas y actos de intimidación y hostigamiento realizados en contra del movimiento de derechos humanos, acciones que de forma directa comprometen la integridad y seguridad de las personas y organizaciones defensoras; y se constituyen como acciones destinadas a generar temor entre la sociedad civil para que esta se inhiba de actuar por miedo a ser víctima de la política represiva, de criminalización y de control social. Al respecto, recordamos que los Poderes Públicos y diversos entes gubernamentales son responsables por acción y por omisión de la materialización de agresiones y ejecución de los patrones que conforman la política de criminalización.
Continúan las agresiones y ataques que afectan la vida, libertad e integridad personal de las personas víctimas. Las acciones del Estado orientadas a la reducción del espacio cívico y democrático que afectan gravemente las capacidades operativas y las posibilidades de acción de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, quienes tienen que realizar sus actividades bajo el temor de ser víctimas de la Política de criminalización, represión y control social.
El Estado venezolano continúa tomando acciones en contra de la sociedad civil a medida que el país se acerca a los eventos electorales a llevarse a cabo en el segundo semestre del año. Desde el CDJ insistimos que el trabajo realizado en protección de los derechos en un contexto como el venezolano es vital para la recuperación de las instituciones democráticas y la obtención de justicia, verdad y reparación ante las violaciones cometidas.
Desde el CDJ hacemos un llamado a garantizar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de las mismas. El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Las normas restrictivas deben ser derogadas.
230 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2024
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 230 ataques e incidentes de seguridad durante febrero de 2024 en Venezuela.
El cierre del Espacio Cívico y Democrático se profundiza durante el periodo pre – electoral.
El Estado venezolano sigue avanzando en la implementación de acciones y medidas que promueven el cierre del espacio cívico y democrático, obstaculizando los derechos a la libre asociación, reunión y defensa de derechos.
La tesis del Enemigo Interno se ve reforzada por campañas sistemáticas de estigmatización, afectando a organizaciones y personas defensoras por realizar sus actividades de documentación, denuncia y exigencia son señaladas de “agentes desestabilizadores”, “injerencistas”, “enemigas”, “terroristas”, entre otros.
Los 230 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
El Estado profundiza la violencia institucional como forma de obstaculizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos, empleando acciones para intimidar y hostigar a la sociedad civil, estos hechos en conjunto a las amenazas se han orientados a atemorizar a las organizaciones, en un contexto de aumento de la represión y la persecución. Estas acciones pretenden tener un efecto de amedrentamiento, disuasorio y de control para neutralizar a la sociedad civil.
Los patrones represivos que conforman la Política de Criminalización a la defensa y exigencia y promoción de derechos humanos, deben cesar. El Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales y constitucionales para garantizar el ejercicio y defensa de derechos sin que exista represalias por ello..
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Las condiciones de trabajo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela son cada vez más hostiles y desfavorables. El entorno para personas y organizaciones defensoras, se hostil, adverso y riesgoso, producto de las continuas restricciones.
Se documentaron acciones para neutralizar al movimiento de derechos humanos bajo la lógica del enemigo. Los patrones represivos del Estado son empleados en contra de la sociedad civil afectando los derechos a la asociación, expresión, defensa, exigencia y promoción de derechos. Se observó como los actos de intimidación y los señalamientos persiguen un doble fin, la afectación directa a las víctimas y el servir como un castigo y mensaje ejemplarizante para el resto del movimiento de derechos humanos, con el objeto de que por temor se inhiban de seguir actuando.
Vemos con preocupación que durante el mes esta práctica tomo fuerza, y se vio principalmente reflejada en el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, víctima de un proceso de criminalización en el cual se ha materializado graves violaciones a sus derechos humanos, a partir de una detención arbitraria e el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el 9 de febrero.
Por otra parte, debe resaltarse que durante el periodo la estigmatización se presentó como principal modalidad de ataque. Las campañas de desprestigio y señalamientos públicos se centraron en acusaciones infundadas en contra de personas y organizaciones defensoras, pretendiendo vincular sus acciones a proselitismo político, injerencia internacional y actividades asociadas a la delincuencia organizada . Asimismo, en el marco de la judicialización y criminalización de la defensora, Rocío San Miguel, funcionarios estatales y otros actores desacreditaron las denuncias, campañas y acciones que se realizaron desde el movimiento de derechos humanos en favor de su libertad . Estas actividades se tomaron, nuevamente, como acciones de fomento a la “injerencia internacional”.
Las amenazas en contra del movimiento de derechos humanos continuaron vinculadas a la aprobación de Ley para la Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuyo proceso sigue en curso a pesar de las denuncias por tratarse de un instrumento altamente restrictivo y violatorio del derecho a la libertad de asociación.
El Centro para los Defensores y la Justicia alerta sobre el incremento de los ataques, y de la violencia institucional en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país. Preocupa que en un contexto electoral sigan aumentando las restricciones al espacio cívico y democrático y continúen materializándose actos de criminalización en contra de la sociedad civil.
El Estado debe procurar un espacio cívico y democrático libre y seguro para el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de Derecho. Ante el contexto electoral es imprescindible el cese de la Política de Criminalización y represión en contra de la sociedad civil y garantizar entornos propicios y seguros para la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos.
97 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2024
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 97 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2024 en Venezuela.
Aumenta Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, en el marco del cierre continuo del Espacio Cívico y Democrático.
Las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al derecho a los derechos a la libertad de asociación, manifestación y reunión pacifica, producto de los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales como parte de la política de estado represiva y de control social existente en Venezuela.
El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del año evidencian la falta de protección para quienes defienden, exigen y promueven derechos y la inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor.
Los 97 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
En el marco del contexto electoral se ha observado un aumento de la violencia institucional en contra de la sociedad civil. Dentro de los ataques al espacio cívico las personas y organizaciones defensoras han sido de las principales afectadas, al ser calificarlas de enemigas, traidoras, desestabilizadoras, entre otras siendo objeto de amenazas y otras agresiones; así como también producto de los avances en un marco normativo restrictivo que dificulta aún más el ejercicio de sus labores.
LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El inicio de 2024 se vio marcado por un nuevo incremento de ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos en el país, elevando los niveles de riesgo para las personas que defienden, exigen y promueven derechos, así como para las organizaciones de la sociedad civil de forma generalizada. Los señalamientos, acusaciones, amenazas y campañas de estigmatización que han ocurrido durante los últimos años se materializan con hechos concretos que afectan la operatividad, vida e integridad de las organizaciones no gubernamentales y de quienes las integran.
En el mes de enero observamos nuevas amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y agresiones por parte de funcionarios públicos y otros actores que se suman a la violencia institucional en contra de las organizaciones a raíz del inicio de la consulta pública de la Ley de Fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines.
Preocupa que sigue desprestigiándose el trabajo de las organizaciones, señalándolas de “conspiradoras”, “traidoras”, “desestabilizadoras”, entre otras, con el objeto de justificar la supuesta necesidad de un instrumento de esta naturaleza con base en acusaciones en contra de organizaciones y personas defensoras sobre el uso del financiamiento internacional “con fines políticos e injerencistas”, o que sus actividades “atentan contra la paz y soberanía nacional”. A su vez, se pretendió asociar su funcionamiento con actividades de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. En este discurso tomaron parte diputados a la Asamblea Nacional, miembros del Poder Ejecutivo, periodistas progubernamentales y personas afectas al partido de gobierno.
El Estado venezolano avanza en sus esfuerzos para neutralizar la defensa, exigencia y promoción de los derechos en el país, aun cuando estas actividades y el rol de las organizaciones en un contexto generalizado de violaciones de derechos humanos, emergencia humanitaria e impunidad que existe en el país son esenciales y necesarias y no deben ser criminalizadas u obstaculizadas de forma arbitraria y discrecional.
Reiteramos que conforme la situación económica y social y la crisis política y de derechos humanos en Venezuela continúen deteriorándose, se hace aún más necesario el trabajo en conjunto entre actores internacionales y locales para responder a la crisis de derechos humanos, la emergencia humanitaria, y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, contribuir al alcance de justicia y a la recuperación de las libertades, el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución sin que existan represalias por el ejercicio de dichas actividades.
EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA SIGUE SIENDO AMENAZADO: PROYECTO DE LEY DE FISCALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, ACTUACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y AFINES
El 12 de enero, se llevó a cabo en el hemiciclo de la Asamblea Nacional la presentación e inicio de la consulta relativa al Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines, el cual fue aprobado en primera discusión y agendado para consulta pública en enero de 2023 . En la reunión participaron distintos actores, entre los que se incluyeron miembros de instituciones como la defensoría del pueblo, el ministerio público y el sistema de justicia, funcionarios de entes y ministerios gubernamentales, diputados, miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y servicios de inteligencia. El debate estuvo acompañado por declaraciones estigmatizantes, intimidaciones y amenazas por parte diputados y otros asistentes.
Es importante reiterar que, si bien de acuerdo a los estándares internacionales en materia de libertad de asociación, el registro de organizaciones no limita per se el derecho a la asociación, dicho registro no puede en modo alguno implicar un régimen de autorización para el trabajo u existencia de las mismas, y tampoco puede imponer requisitos extraordinarios o de imposible cumplimiento para ellas. Como hemos denunciado desde el CDJ y otras organizaciones el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, en los términos en los cuales se ha presentado incumple estos preceptos y se aleja de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
El avance de aprobación de esta propuesta normativa representa una grave amenaza para la sociedad civil venezolana y para toda persona que desee ejercer el derecho a la libertad de asociación, con posibles consecuencias graves para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, y las victimas y beneficiarios a las que estas apoyan. En el país ya existen regulaciones destinadas al funcionamiento y existencia de las organizaciones no gubernamentales, por lo que una ley de esta naturaleza no solo resulta innecesaria, sino también perjudicial para su trabajo.
