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INFORME ANUAL 2025
455 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DURANTE 2025
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 455 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2025.
A pesar de la disminución numérica en el registro de agresiones durante el año 2025, en relación a 2024, esta no refleja una mejora en las condiciones para la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Por el contrario, la reducción de casos documentados responde al endurecimiento de la represión, al avance de las restricciones sobre el espacio cívico y democrático, y al fortalecimiento de una política sistemática de criminalización y control social.
La persistente identificación de personas y organizaciones defensoras como enemigas internas del Estado ha consolidado un entorno de hostilidad y riesgo, donde la defensa de derechos se convierte en una actividad de alto costo. Ante este escenario, muchas personas defensoras se han visto forzadas a repensar sus estrategias de acción, adoptar medidas de autocensura, cautela y retraimiento, y limitar su visibilidad para evitar represalias.
Esta situación evidencia cómo el miedo, la vigilancia y la amenaza de represalias operan como herramientas de inhibición y silenciamiento, afectando gravemente el ejercicio del derecho a defender derechos, en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos.
El espacio cívico y democrático sigue sin ser garantizado
Durante el año 2025, persistieron graves restricciones a los derechos fundamentales vinculados al ejercicio de la ciudadanía activa: asociación, reunión pacífica, manifestación, libertad de expresión, opinión y defensa de derechos humanos.
La aprobación de nuevos instrumentos normativos, legales y sub-legales, impusieron nuevos obstáculos administrativos, financieros y legales que debilitaron severamente la operatividad de las organizaciones de la sociedad civil.
En este contexto, se mantuvieron activas las estrategias de represión estatal como la llamada “Furia Bolivariana” y la “Operación Tun Tun”, que legitiman el hostigamiento, la vigilancia, las amenazas, las detenciones arbitrarias y el uso del sistema penal como mecanismos de persecución y control social.
Distribución de los ataques por mes:
El año 2025 representó un período de profundos desafíos para el movimiento de derechos humanos en Venezuela, marcado por la ausencia de garantías para el ejercicio libre y seguro de actividades vinculadas a la promoción, protección y exigibilidad de derechos.
La combinación entre un clima adverso y la reducción sostenida de la cooperación internacional debilitó aún más las capacidades operativas de las organizaciones defensoras.
ESTIGMATIZACIÓN, INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS SE MANTIENEN COMO LOS PRINCIPALES PATRONES DE ATAQUE DOCUMENTADOS
El cierre del Espacio Cívico y Democrático facilita la sistematicidad de las medidas represivas y de control social que limitan y obstaculizan el trabajo de la sociedad civil.
La lógica del terror y los métodos represivos sofisticados y direccionados han contribuido a la neutralización de las actividades de quienes promueven, defienden y exigen derechos.
Los 455 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:
Amparados en la tesis del Enemigo Interno se emiten y difunden campañas de desprestigio, discursos descalificatorios, señalamientos y llamados a la violencia. Estas declaraciones suelen ir acompañadas de amenazas y tienen un fin intimidatorio para que la sociedad civil se inhiba de seguir actuando.
Organizaciones y personas fueron víctimas de intimidación y hostigamiento, detención y otras afectaciones a la libertad e integridad personal por documentar, denunciar y visibilizar violaciones de derechos humanos y exigir investigación y rendición de cuentas.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Al cierre del año 2025 la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos siguieron viéndose afectadas por las acciones empleadas por el Estado para restringir el espacio cívico y democrático en el país, debido al incremento de las limitaciones y restricciones en el marco del contexto postelectoral y el aumento de la violencia y terror de Estado.
A pesar de las reiteradas exigencias por la garantía de un espacio cívico seguro y del cese de los ataques en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos, durante el 2025 se continuaron registrando hechos de agresión, amedrentamiento y violencia institucional en contra de personas defensoras y organizaciones en el país.
Los riesgos siguieron presentes, enmarcados en los mismos patrones de agresión que el CDJ ha documentado por años y se expresaron en acciones como: acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias, actos de intimidación, hostigamiento en aeropuertos, amenazas en torno a la cooperación y la aprobación de instrumentos normativos que aumentaron el control arbitrario de las organizaciones de la sociedad civil; todo ello en un contexto generalizado de impunidad que impide el acceso a la justicia.
Desde el CDJ insistimos que las labores defensa, exigencia y promoción de derechos son esenciales para el respeto a la dignidad humana y el mantenimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Al criminalizar y atacar a quienes ejercen dichas acciones, el Estado transgrede sus obligaciones internacionales y conlleva a su responsabilidad internacional, por lo que es indispensable poder avanzar en la construcción de entornos propicios y seguros, que permitan ejercer el derecho a defender derechos humanos sin que haya temor a ser víctima de agresiones o represalias.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: CDJ Reporte Anual 2025
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