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PRIMER TRIMESTRE 2025
236 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 236 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2025. La Política de Criminalización, Represión y Control social sigue siendo aplicada en contra de quienes promueven, defienden, y exigen derechos humanos en Venezuela.
Entre enero y marzo de 2025 se profundizó el cierre del Espacio Cívico y Democrático tras la entrada en vigencia y promulgación de normativas restrictivas del derecho a la libre asociación, afectando las acciones de personas y organizaciones de sociedad civil.
Los 236 hechos documentados representan una disminución de 44% en relación al mismo período del año 2024, cuando se registraron 418 situaciones.
El Estado venezolano continúa aplicando la Política de criminalización, represión y control social en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción, defendiendo, exigiendo y promoviendo derechos humanos.
Los nuevos ataques y violencia en contra de personas y organizaciones defensoras evidencian cómo se recrudece la institucionalización de la tesis del enemigo interno.
Los 236 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
Durante el trimestre, el CDJ documentó principalmente discursos y campañas de estigmatización, señalando de forma sistemática a las organizaciones no gubernamentales de ser agentes desestabilizadores y pretendiendo vincular sus actividades con actor al margen de la ley y con hechos relacionados a corrupción, como una forma de amedrentar y hostigar.
Este tipo de agresiones, tienen como fin el neutralizar a las organizaciones y personas defensoras identificándolas de acuerdo a la narrativa gubernamental como enemigos de la patria y exponerlos a posibles investigaciones y sanciones penales. La estigmatización se manifiesta además como un elemento que conduce la materialización de otro tipo de agresiones como por ejemplo las amenazas y los actos de hostigamiento e intimidación y las detenciones arbitrarias.
El trabajo de defensa de derechos humanos, se ve afectado en tanto desde distintas instancias del Poder Público se intenta vincularlas a actividades delictivas, la desestabilización y atentar contra la paz del país. Se sigue haciendo uso de leyes restrictivas y del derecho penal para judicializar, perseguir, controlar y criminalizar.
EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA SIGUE SIENDO AMENAZADO
El entorno para la defensa, exigencia y promoción de derechos sigue siendo adverso y hostil. La implementación de medidas legales y fácticas restrictivas y contrarias al espacio cívico y democrático vigentes aumentan los riesgos para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El primer trimestre se caracterizó por nuevas amenazas producto de la entrada en vigencia de nuevas normativas que limitan el derecho a la libertad de asociación.
En febrero entró en vigencia la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Asimismo, se generaron nuevos avances normativos tendientes a la restricción y control de las libertades cívicas en el país con la publicación de la Resolución No 01025 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) , la cual establece Normas relativas a la administración y supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), aplicables al sector bancario, representando nuevas amenazas al trabajo de la sociedad civil y aumentando el nivel de riego para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos..
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Durante el primer trimestre de 2025 continuó aplicándose la Política de criminalización, represión y control en contra de quienes realizan acciones de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Las agresiones documentadas siguen siendo justificadas en la lógica del enemigo interno, y se señala a las personas y organizaciones defensoras como actores que actúan en contra de los intereses de la nación.
Las principales agresiones registradas se centran en el patrón de amedrentamiento bajo la sistematicidad de las campañas de estigmatización. Durante el período fue constante por parte de diversos sectores estadales de un discurso violento y acusatorio en contra del movimiento de derechos humanos independiente. Las campañas de descrédito y las acusaciones relacionadas a traición a la patria, injerencia, terrorismo y desestabilización, han servido de base para respaldar y justificar acciones contrarias a la libertad e integridad personal, así como también para establecer mayores restricciones, arbitrarias y discrecionales, a la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos, en especial bajo la criminalización de la cooperación internacional.
En un contexto señalamientos y cierre de la agencia USAID por parte del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades venezolanas profundizaron la criminalización de la cooperación internacional con acciones de estigmatización, intimidación y amenazas a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de derechos humanos y a personas defensoras..
Las medidas restrictivas del espacio cívico y democrático vigentes deben ser derogadas. Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela deben dejar de estar expuestas a que se cometan en su contra distintos tipos de agresiones y represalias por el ejercicio de su labor.
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