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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – Primer Semestre 2021

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

PRIMER SEMESTRE DE 2021

ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 243% DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) durante los primeros 6 meses del año documentó 374 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender derechos humanos, lo que representa un incremento del 243% en comparación con el mismo período del año 2020, en el cual se registraron 109 situaciones.

En el marco de la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja y el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, se consolidan las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y humanitarias.

El Estado venezolano continúa ejerciendo acciones contrarias a sus obligaciones internacionales y agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.

Se acentuaron las medidas fácticas y legales para justificar la tesis del enemigo interno amparada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, aumentando los niveles de riesgo para quienes defienden y exigen derechos humanos en el país.

Los 374 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:

PROFUNDIZACIÓN EL CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN EL PAÍS UNA GRAVE AMENAZA PARA LA DEFESA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

Durante el período que abarca este informe se observó un aumento en las medidas destinadas a limitar y obstaculizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de la acción humanitaria, a través de la creación y posible imposición de nuevos requisitos para que la sociedad civil pueda operar plenamente en el marco de nuevos controles administrativos impuestos de forma discrecional por el Estado.

La creación de nuevos mecanismos como el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al terrorismo , la activación del Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales no Domiciliadas en el país (REGONG), establecido en las Normas especiales para el reconocimiento y funcionamiento de las organizaciones asociativas no gubernamentales no domiciliadas en Venezuela  y los avances en torno a la posibilidad de aprobación de una nueva Ley de Cooperación Internacional; son parte del cumulo de instrumentos normativos que han sido establecidos desde el año 2002 y cuyo fin y espíritu están dirigidos a la imposición de mayores limitaciones al espació cívico y democrático, reduciendo los espacios para que las organizaciones puedan realizar sus actividades legítimas de forma libre y sin restricciones arbitrarias y que además representa el establecimiento y formalización de los lineamientos para justificar y propiciar la criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos.

La promoción y defensa de derechos humanos es esencial para la garantía del Estado de Derecho y en un contexto de emergencia humanitaria compleja, agravada por la situación de la pandemia, se hace más necesario el trabajo de la sociedad civil para atender y brindar respuestas efectivas ante la crisis social y de derechos humanos y garantizar la dignidad humana.

EL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS CONTINÚA SUS ACCIONES Y DESAFÍA LA POLÍTICA DE CRIMINALIZACIÓN

Ante el aumento de las limitaciones y afectaciones a la defensa y exigencia de derechos las organizaciones respondieron de forma unida mediante campañas en redes sociales, comunicados de prensa, manifestaciones de calle, ruedas de prensa, denuncias públicas, en rechazo a las agresiones cometidas tanto en casos particulares como de forma general en contra del movimiento de derechos humanos.

A través de estas actividades se demandó al Estado el cese de la criminalización y se le instó a respetar y garantizar el trabajo humanitario y de derechos humanos.

Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, destacamos la resiliencia de las personas y organizaciones de derechos humanos y humanitarias, quienes ante las agresiones del Estado siguen, a través de sus procesos de documentación y denuncia y sus actividades en pro del respeto de la dignidad humana, desafiando la Política de Criminalización ejecutada en su contra y demostrando que sus acciones son necesarias y esenciales para la plena vigencia de los derechos humanos y el respeto a las libertades fundamentales.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles. https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/07/InformeCDJ-PrimerSemestre2021.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores

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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – MAYO 2021

MAYO DE  2021

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 48 ataques e incidentes de seguridad durante mayo de 2021 en Venezuela.

Los niveles de riesgo para la defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela continúan aumentando. La violencia de Estado es ejercida para limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis del país.

El entorno para el ejercicio del derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos es más adverso con el pasar de los días. A medida que las agresiones y las amenazas recrudecen y aumentan y en tanto el entorno socio-político facilita que los actores responsables concreten los ataques, los niveles de riesgo para quienes desarrollan estas actividades incrementan.

Los 48 hechos registrados durante el mes de mayo se caracterizaron por:

AUMENTO DE RESTRICCIONES AL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

El Estado aumenta sus esfuerzos por obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, bajo la lógica del enemigo interno, se persigue y se agrede, con la intención de inhibir a la sociedad civil de continuar su labor en virtud de la protección del derecho a una vida digna y de exigencia del debido cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Las amenazas de judicialización, investigación y detención amparadas en la aplicación de instrumentos normativos creados con el objeto de obstaculizar la defensa y exigencia de derechos y para propiciar la criminalización y control de las organizaciones se acrecientan, evidenciando que defender derechos humanos en Venezuela se constituye como una labor de riesgo.

 Los hechos descritos revisten gran preocupación en tanto que los discursos de estigmatización y llamados a la criminalización derivan con mayor recurrencia en la materialización de amenazas y actos violentos en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, aumentando los niveles de riesgo por el ejercicio de su labor.

Por ello, ante la profundización de la Política de Criminalización, exhortamos al Estado a cesar de inmediato las acciones tendientes a limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos y la acción humanitaria, pues estos son derechos reconocidos y protegidos internacionalmente.

MODIFICACIONES A LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 001 CONTINUAN SIENDO UNA HERRAMIENTA PARA RESTRINGIR Y CONTROLAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El instrumento normativo fue reformado y contiene algunas modificaciones, en las que se excluyen las disposiciones del texto original que establecían la divulgación al registro de la información sobre los beneficiarios de las organizaciones, así como también la supresión de los plazos establecidos originalmente para proceder al registro y para la obtención de credenciales. Sin embargo, permanecen vigentes las disposiciones relativas al control y regulación de las organizaciones no gubernamentales, particularmente en el aspecto de la cooperación internacional, bien sea técnica o de tipo financiero. Por lo que los aspectos de fondo vinculados a la criminalización, control y limitación permanecen.

Recordamos que este nuevo instrumento forma parte de un andamiaje jurídico establecido como parte de las acciones tendientes a la reducción del Espacio Cívico y Democrático, y que la intención del Estado sigue orientada a controlar y restringir el trabajo de las organizaciones. Bajo un aparente manto legal la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal. 

El limitar u obstaculizar arbitraria y discrecionalmente el trabajo de la sociedad civil transgrede los principios democráticos e incumple obligaciones internacionales adquiridas por el Estado, por lo que se debe proceder a su derogación inmediata.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/06/ReporteCDJ-MAYO2021.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores