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AGOSTO DE 2025
EN UN CONTEXTO DE CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO AUMENTAN LOS RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 49 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2025 en Venezuela.
Los riesgos siguen siendo altos para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país.
La política represiva, de criminalización y control dificulta las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.
Siguen implementándose acciones tendientes al cierre del espacio cívico y democrático, aumentando los obstáculos para el ejercicio de los derechos a la asociación, expresión, reunión y defensa de derechos.
Los 49 hechos registrados durante el mes de agosto se caracterizaron por:
49 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el período evidencian un aumento de las agresiones en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, en relación con meses anteriores, siendo agosto el segundo mes con mayor número de agresiones en lo que ha transcurrido del año.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continúan bajo ataque, obstaculizando así los derechos a la asociación, reunión y defensa en Venezuela. La criminalización, la represión y el control social como política de Estado, en un contexto de impunidad generalizada, demuestran que el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela dificulta el accionar de la sociedad civil, incluido el movimiento de derechos humanos.
El cierre del Espacio Cívico y un contexto generalizado de impunidad promueven un entorno hostil y adverso para la defensa y exigencia de derechos. Es necesario garantizar la protección de las personas y organizaciones de derechos humanos, y que estas puedan realizar sus actividades de forma libre y segura.
El Estado debe tomar los correctivos necesarios para revertir la política de criminalización y sus efectos; defender, exigir y promover derechos humanos no es un delito, es un derecho y una actividad legítima necesaria para la reconstrucción de una sociedad democrática y la recuperación del Estado de Derecho.
Recordamos que las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos son actores esenciales para garantizar el respeto a los valores democráticos y las libertades fundamentales, por lo que sus acciones deben ser promovidas y protegidas.
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