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PRIMER TRIMESTRE 2026
122 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026
Durante el primer trimestre de 2026, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 122 ataques e incidentes de seguridad en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela.
Estos hechos evidencian la continuidad de una política sistemática de criminalización, represión y control social, dirigida a restringir y sancionar el ejercicio del derecho a defender, promover y exigir derechos humanos. Lejos de ser eventos aislados, los ataques registrados reflejan un patrón sostenido de persecución que busca inhibir la acción cívica y debilitar el Espacio Cívico y Democrático.
Entre enero y marzo de 2026, no se registraron mejoras en las condiciones del espacio cívico y democrático en Venezuela. Por el contrario, se mantuvieron vigentes normativas restrictivas, que continúan limitando la actuación de personas y organizaciones de la sociedad civil, así como prácticas orientadas a criminalizar la labor de defensa y exigencia de derechos humanos.
Se documentaron 122 hechos que afectan el ejercicio del derecho a defender derechos humanos, y que representan una disminución del 48% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron 236 casos.
La disminución en el número de agresiones no responde al cese de las prácticas represivas. Es consecuencia directa del endurecimiento de las restricciones al espacio cívico, de la persistente estigmatización de las personas y organizaciones defensoras como enemigas del Estado, y de la consolidación de una política de terror orientada al control social. Esta situación ha obligado a quienes defienden, promueven y exigen derechos humanos a modificar sus formas de actuación, adoptando medidas de autoprotección, mayor cautela y, en muchos casos, prácticas de autocensura e inhibición, con el fin de prevenir represalias y reducir el riesgo de ser víctimas de la política de criminalización.
A pesar de los cambios en el contexto venezolano posterior a los hechos del 3 de enero, el amedrentamiento y los ataques en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos no han cesado y siguen desarrollando sus actividades en un entorno restrictivo, de criminalización y control social. La representación del Estado continúa aplicando patrones que conforman la política de Estado represiva y de persecución en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción, defendiendo, exigiendo y promoviendo derechos.
Los 122 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
Durante el trimestre, el CDJ documentó principalmente discursos y campañas de estigmatización, señalando de forma sistemática a las organizaciones no gubernamentales de ser agentes desestabilizadores y pretendiendo vincular sus actividades con supuestas acciones al margen de la ley y con hechos relacionados a desestabilización, como una forma de amedrentar y hostigar.
Este tipo de agresiones, tienen como fin el neutralizar a las organizaciones y personas defensoras identificándolas de acuerdo a la narrativa gubernamental como enemigos de la patria y exponerlos a posibles investigaciones y sanciones penales. La estigmatización se manifiesta además como un elemento que conduce la materialización de otro tipo de agresiones como por ejemplo las amenazas y los actos de hostigamiento e intimidación, entre otras afectaciones a la integridad y libertad personal.
El Estado sigue haciendo uso de los canales oficiales para ejercer violencia institucional con el fin de intimidar y hostigar a la sociedad civil y como forma de criminalizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos.
EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA SIGUE SIENDO AMENAZADO
El primer trimestre se caracterizó por nuevas amenazas producto de la vigencia de normativas que limitan el derecho a la libertad de asociación y por el constante amedrentamiento a la defensa y exigencia de derechos humanos.
La persistencia de leyes restrictivas, junto con la ausencia de medidas para desmantelar el aparato represivo que afecta el espacio cívico, mantiene en riesgo la capacidad operativa de las organizaciones, limitando su funcionamiento dentro del marco legal y su independencia. Asimismo, este contexto incrementa la probabilidad de nuevas agresiones e incidentes de seguridad en su contra.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Al cierre del primer trimestre del 2026 defender, promover y exigir derechos humanos implica riesgos, el Estado mantiene vigente el aparato represivo y se continúan cometiendo agresiones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos.
El discurso estatal sigue girando en torno al descrédito, la descalificación, el cuestionamiento y acusaciones en contra del movimiento de derechos humanos con el fin de pretender vincular sus actividades con acciones de proselitismo político, desestabilización e injerencia extranjera.
La estigmatización lidera el patrón de ataques desde el mes de inicios de año, y se ha constituido de declaraciones por parte de funcionarios del Estado en las que se acusa a las organizaciones de fabricar hechos y denuncias para justificar los hechos ocurridos el 3 de enero, así como desacreditar las denuncias realizadas en torno a los procesos de excarcelación. Por otro lado, el Estado continuó cuestionando la legitimidad de las denuncias realizadas por el movimiento de derechos humanos a organismos internacionales, insistiendo en que se trata de “armas” para instrumentalizar los derechos humanos con fines políticos.
Los hechos de intimidación y hostigamiento también formaron parte de los patrones documentados durante el primer trimestre del año. Mensajes intimidantes y amenazas de procesos de investigación, evidenciando el monitoreo a las organizaciones, así como llamadas y presencia de desconocidos en las sedes de organizaciones. Persisten las acciones para amedrentar y con ello el temor a que se produzcan represalias por la actividad de denuncia y exigibilidad.
La transición a la democracia necesariamente pasa por la apertura del espacio cívico y el respeto al Estado de Derecho, siendo esencial que las libertades fundamentales puedan ejercerse sin temor a represalias. A la fecha, no se evidencian acciones efectivas orientadas a revertir la política de criminalización, ni de corregir sus efectos, por el contrario, el Estado continúa imponiendo un discurso antagónico hacia quienes defienden, promueven y exigen derechos humanos.
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