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FEBRERO 2026
26 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DURANTE FEBRERO 2026
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 26 ataques e incidentes de seguridad durante el mes de febrero de 2026.
En Febrero se documentaron nuevas agresiones en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Mientras no cesen las medidas legales y fácticas restrictivas del espacio cívico, los riesgos para quienes promueven, defienden y exigen derecho seguirán vigentes.
Persiste la Política de Criminalización de la cooperación internacional y las amenazas e intimidaciones a la sociedad civil en el marco de la ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, con su vigencia los derechos a la libre asociación y defensa de derechos siguen siendo vulnerados.
El espacio cívico y democrático sigue sin ser garantizado
No solo se mantienen vigentes normativas restrictivas y los mecanismos represivos, sino que las autoridades actuales continúan amenazando e intimidando a las organizaciones, evidenciando una continuidad de los patrones de agresión y amedrentamiento que configuran la Política de Criminalización, Represión y Control Social.
Los actos de intimidación y amenazas en el marco de la ley de fiscalización se orientan mantener controles discrecionales y neutralizar bajo la lógica del miedo a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de limitar su actuar.
ESTIGMATIZACIÓN, INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO SE MANTIENEN COMO LOS PRINCIPALES PATRONES DE ATAQUE DOCUMENTADOS
La estigmatización y los actos de intimidación y hostigamiento no cesan. Las campañas de estigmatización estuvieron orientadas a desprestigiar a las organizaciones, acusándolas de “instrumentos de guerra”, “encubrir planes contra la república” o se les señala de “corruptos” entre otros, con el fin de desacreditar sus acciones y pretender vincular la defensa de derechos humanos en Venezuela con actividades desapegadas a la legalidad.
En relación a la recuperación del Espacio Cívico y la garantía del trabajo de las organizaciones de derechos humanos 2026 no ha traído consigo cambios significativos para garantizar su labor, por el contrario, se mantiene vigente la lógica del enemigo y las acciones tendientes a criminalizar y desacreditar el trabajo de exigibilidad y documentación de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país.
Los 26 ataques e incidentes de seguridad documentados en este período pueden verse reflejados en los siguientes patrones de agresión:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
En febrero continuamos documentando ataques en contra de personas y organizaciones defensoras, en especial en el marco de las exigencias realizadas en torno a las excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos y para que la Ley de Amnistía se promulgase bajo los estándares internacionales de derechos humanos , acusándolas de presuntos cobros a víctimas y familiares, y de responder a intereses extranjeros con fines desestabilizadores.
Asimismo, se registraron nuevos señalamientos en torno a la cooperación internacional, se hicieron llamados a aplicar la ley de fiscalización alegando respecto a las organizaciones que “que muchas de ellas no son más que fachadas para lavar dinero del imperialismo y financiar a los grupúsculos que quieren incendiar el país” . En el mismo orden de ideas funcionarios alegaron que “el que no la debe, no la teme. Pero aquí en Venezuela se acabó el tiempo donde cualquier agente extranjero venía con una fachada de ayuda humanitaria a meterse en los asuntos internos del país. Registro obligatorio y rendición de cuentas, eso es lo que les toca si quieren seguir funcionando aquí” . Estos discursos además en casos se acompañaron de amenazas o intimidaciones sobre posible inicio de investigaciones en su contra.
Se sigue evidenciando cómo se mantiene la política de criminalización, y la institucionalización de la tesis del enemigo interno, y en consecuencia que los riesgos para las personas defensoras sigan siendo altos.
La intimidación y hostigamiento continúa siendo una de las modalidades de ataque más utilizadas por el Estado para generar temor e intentar neutralizar al movimiento de derechos humanos. Las acusaciones por funcionarios públicos asociadas a la comisión de delitos, son el tipo de acciones que indican que la documentación y la exigencia de rendición de cuentas con el fin de avanzar en procesos de justicia, siguen siendo objeto de criminalización.
El entorno para la defensa de los derechos humanos en Venezuela se mantiene bajo una política sistemática de criminalización y control. La persistencia en los ataques evidencia que el Estado utiliza mecanismos legales y tácticas de intimidación para neutralizar a la sociedad civil. La estigmatización como principal forma de agresión busca deslegitimar la labor de defensa, mientras que la falta de garantías institucionales confirma que el espacio cívico sigue siendo restringido y hostil para quienes promueven los derechos fundamentales.
Insistimos que para avanzar en un proceso de reinstitucionalización es urgente el cese de la política de criminalización, represión y control y derogar todas las medidas restrictivas del Espacio Cívico. Para garantizar la recuperación del Estado de Derecho quienes defienden, promueven y exigen derechos deben poder ejercer sus actividades de forma plena, libre y segura.
Es necesario garantizar un espacio cívico y democrático libre y seguro para el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de Derecho, donde la libertad de asociación, expresión, reunión y la defensa de derechos humanos puedan realizarse de forma plena y sin controles arbitrarios.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: CDJ Reporte Febrero 2026
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*** Versión en inglés / English version ***
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