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ENERO 2026
64 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DURANTE ENERO 2026
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 64 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2026.
La criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos no ha cesado. Las medidas y normas restrictivas del Espacio Cívico y Democrático y la criminalización por parte de funcionarios del Estado siguen generando riesgos a la labor de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las agresiones en contra de la sociedad civil se mantienen con amenazas, hostigamiento e intimidaciones. El derecho a la libertad de asociación sigue siendo limitado producto de un marco normativo restrictivo sobre el cual no se observan cambios.
El espacio cívico y democrático sigue sin ser garantizado.
ESTIGMATIZACIÓN, INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO SE MANTIENEN COMO LOS PRINCIPALES PATRONES DE ATAQUE DOCUMENTADOS
A pesar de los cambios en el contexto venezolano posteriores a los hechos del 3 de enero, la criminalización y ataques en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos no han cesado y siguen desarrollando sus actividades en un entorno represivo, de criminalización y control social.
Se documentó un nuevo aumento en las agresiones en relación al segundo semestre del año 2025, cuando se contabilizaba un promedio de 22 ataques mensuales, frente a 64 en el primer mes del 2026.
Desde distintos espacios e instituciones del Estado se criminalizó y desacreditó el trabajo de las organizaciones al ser señaladas de “mentirosas”, “mercantilizar la justicia”, de ser fachadas para “luchar con fondos extranjeros”, se les acusó públicamente de presunta “extorsión” y de hacer uso de su trabajo como una forma de “conspiración política para desestabilizar”.
Los 64 ataques e incidentes de seguridad documentados en este período pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Con el inicio de 2026 se registró un nuevo pico de ataques en contra del movimiento de derechos humanos. Desacreditando y cuestionando públicamente la legitimidad de las actividades de las organizaciones de derechos humanos en pro de las víctimas, el Estado venezolano pretendió deslegitimar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos en el país, como parte de la política de criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos que sigue vigente.
La estigmatización fue la modalidad de ataque más registrada durante el mes de enero, principalmente en el marco de cuestionamientos al propósito y denuncias de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que exigían condiciones y liberaciones plenas a las personas detenidas por motivos políticos. Funcionarios estatales y plataformas progubernamentales afiliadas o asociadas a la actual administración difundieron y replicaron mensajes acusando a las organizaciones de presuntamente “lucrarse” de los familiares de los presos políticos excarcelados durante el mes. Asimismo, se desprestigian las denuncias de las organizaciones sobre la situación de violación de derechos humanos en el país, acusándolas de fabricar e inventar hechos documentados.
Desde el CDJ celebramos las excarcelaciones de la defensora Rocío San Miguel presidenta de Control Ciudadano y los defensores defensor Kennedy Tejeda integrante del Foro Penal , y Eduardo Torres integrante de Provea, ocurridas en el mes de enero.
Tras los cambios actuales que se están suscitando en el país, desde el CDJ manifestamos nuestra preocupación ante la continuidad de ataques en contra de personas defensoras. El movimiento de derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos deben dejar de categorizarse bajo la lógica del enemigo interno. Recordamos que cualquier proceso de transición y reinstitucionalización debe incluir las voces y la perspectiva calificada de derechos humanos, pues la protección y garantía de estos derechos deben ser un eje transversal en los cambios políticos, sociales y económicos que se desarrollen en el país.
Se debe avanzar hacia la construcción de un entorno propicio y seguro para el ejercicio del derecho a defender derechos, conforme a los estándares internacionales y velar por la recuperación del espacio cívico, solo de esa forma la defensa y exigencia de derechos podrán ser ejercidas de forma plena, libre y sin temor a represalias.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: CDJ Informe Enero 2026
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*** Versión en inglés / English version ***
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