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PRIMER SEMESTRE 2026
146 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2026
Durante el primer semestre de 2026, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 146 ataques e incidentes de seguridad en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela.
Persisten la criminalización, represión y control en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en un contexto de crisis política y la persistencia de una política de Estado de miedo y persecución, que tiene como fin la neutralización de la sociedad civil.
En el marco de los cambios institucionales que se están dando en el país, sigue siendo necesaria la recuperación del espacio cívico y democrático y el cese de la violencia institucional, con el fin de mitigar los riesgos y las agresiones en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
PERSISTEN LAS AMENAZAS AL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA
Los 146 ataques e incidentes documentados en el período comprometen y afectan los derechos de las personas defensoras, y representan una disminución del 55% en comparación con el mismo período del año 2025, en el cual se registraron 321 situaciones.
Esta disminución no constituye una mejora en las condiciones para el trabajo de las organizaciones y personas defensoras, quienes siguen enfrentándose a leyes restrictivas, amenazas de funcionarios y a un entorno que no habilita ni otorga garantías para el ejercicio libre y pleno de sus actividades.
A pesar de la disminución del número de ataques, frente a las constantes limitaciones y a la falta de avances en la recuperación plena del espacio cívico, el temor de la sociedad civil a sufrir represalias por su accionar permanece vigente.
A pesar de los cambios en el contexto venezolano posterior a los hechos del 3 de enero, y las acciones que se han emprendido con el fin de reformar la institucionalidad en el país, el amedrentamiento y los ataques en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos no han cesado y siguen desarrollando sus actividades en un entorno restrictivo, de criminalización y control social. La representación gubernamental continúa aplicando patrones que conforman la política de Estado represiva y de persecución en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción, defendiendo, exigiendo y promoviendo derechos.
Entre enero y junio se documentaron ataques en contra de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país, principalmente relacionados con la cooperación internacional, así como también afectaciones en torno a la vigencia y aplicación de la Ley de Fiscalización.
Preocupa la falta de avances en la derogación de las normas que restringen el espacio cívico ya que, sin la anulación de los instrumentos normativos orientados a restringir y controlar a la sociedad civil, no se podrá avanzar en la garantía de un entorno propicio y seguro para el ejercicio de sus actividades. En particular, las amenazas en torno a la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, entre otras. De igual forma, debe cesar el uso de la legislación antiterrorismo y sobre delincuencia organizada para criminalizar la defensa de derechos.
Los 146 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Durante el período, los discursos estigmatizantes fueron reiterados. El mensaje y la narrativa en contra de las personas y organizaciones de derechos humanos, se basó en acusaciones sin fundamento relacionadas a que estas presuntamente realizan “actividades ilícitas y dirigidas a desestabilizar el país”, de conspirar, de ser ladrones o corruptas y se amenazó en diversas oportunidades con iniciar investigaciones en su contra. Algunos defensores siguen sometidos a procesos penales o amenazados de ser investigados, asimismo, les fue negado el beneficio de amnistía.
Sigue vigente un marco legal restrictivo, en lo administrativo, civil y penal de forma contraria a las obligaciones del Estado de cara a la promoción y protección de la defensa de derechos humanos, son las principales herramientas empleadas por el Estado con el fin de controlar y obstaculizar las acciones de documentación, denuncia, incidencia, cooperación y acción humanitaria, ejercida por las organizaciones no gubernamentales para hacer frente a la crisis socio-política y de derechos humanos existente en el país y asistir y acompañar a las víctimas de los abusos y crímenes cometidos por el Estado en sus procesos de verdad, justicia y reparación. Se hace uso del derecho penal, especialmente de la norma que tipifica el delito de difamación, de las leyes contra el terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir.
Es fundamental que en el marco de los procesos de cambio y reinstitucionalización que se llevan a cabo en el país se cuente con una visión desde la perspectiva de los derechos humanos, por ello resulta imprescindible que las personas defensoras puedan participar y ofrecer una perspectiva de derechos y estándares para garantizar la efectividad en las reformas con un enfoque de protección de la dignidad humana.
Se requieren medidas concretas destinadas a promover un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los derechos humanos, en el cual se habiliten posibilidades de interacción y acción de las personas defensoras, con el fin de contribuir a la redemocratización bajo el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos, y así garantizar verdad, justicia, memoria, reparación y evitar la repetición de las vulneraciones.
El uso de marcos legales restrictivos y del derecho penal como herramientas de persecución, junto con tácticas de intimidación y estigmatización, debe cesar de manera inmediata. Resultan especialmente preocupantes las acciones dirigidas a deslegitimar la labor de las organizaciones de derechos humanos, en un contexto donde la ausencia de garantías institucionales profundiza la vulnerabilidad del espacio cívico.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: CDJ – Reporte Primer Semestre 2026
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