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SEPTIEMBRE DE 2022

SIGUEN LOS ATAQUES EN CONTRA DE QUIENES DEFIENDEN, EXIGEN Y PROMUEVEN DE DERECHOS HUMANOS

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 68 ataques e incidentes de seguridad durante septiembre de 2022 en Venezuela.

En un contexto adverso y restrictivo, se incrementan los riesgos para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país, sin que existan mecanismos efectivos para su protección.

A pesar de las denuncias y las recomendaciones hechas al Estado venezolano por los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y otros actores de la comunidad internacional, continúa la profundización de las restricciones al espacio cívico y democrático afectan.

El accionar de las personas y organizaciones de derechos humanos sigue siendo limitado y controlado, como consecuencia de la represión y el control social del Estado, afectando no solo su operatividad sino también el acompañamiento de las víctimas.

68 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de septiembre reflejaron un nuevo aumento de agresiones, especialmente la estigmatización y otros hechos de carácter más violento como intimidación, hostigamiento y amenazas.

El hostigamiento judicial en contra de personas defensoras, abogados y organizaciones se emplea como mecanismos de represalia, así como también pretende tener un efecto atemorizante en el resto de organizaciones, al utilizarse el derecho penal para criminalizar bajo la lógica del enemigo.

Los 68 hechos registrados durante el mes de septiembre se caracterizaron por los siguientes patrones de agresión:

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO APLICADA EN CONTRA DE LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

El Estado venezolano continúa criminalizando la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos, ello en un contexto en el cual se sigue profundizando el cierre del espacio cívico y democrático y cercenando las libertades fundamentales. En este escenario septiembre se presenta como el mes con la mayor cantidad de ataques documentados por el Centro para los Defensores y la Justicia en lo que va de 2022.

Entre los actos de intimidación, señalamientos, descalificaciones e incidentes registrados, algunos se constituyen como represalias en el marco de la presentación del informe de la Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre Venezuela, así como también en relación a los casos denunciados y visibilizados en el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos por la Secretaria General de Naciones Unidas relativo a los actos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos.

La criminalización de la cooperación internacional ha sido una de los principales elementos que han caracterizado la persecución sistemática de quienes exigen y defienden derechos humanos en el país. Durante el año han sido constantes amenazas y posible adopción de una ley de cooperación internacional. Durante el mes de septiembre la criminalización de la cooperación internacional en contra de las organizaciones y personas defensoras se evidenció producto de sus actividades de incidencia y de colaboración instancias internacionales. Funcionarios e instituciones de la actual administración profesaron amenazas y expresiones de descredito al trabajo de las organizaciones, al ser fuentes para la emisión de informes de los mecanismos.

El acompañamiento a víctimas, la documentación, la cooperación internacional y la incidencia son labores legitimas enmarcadas en el derecho a defender derechos humanos. Lejos de ser un delito, son actividades necesarias para la recuperación de la institucionalidad democrática y para el alcance de la verdad, justicia y reparación de las víctimas. El Estado venezolano debe cesar la política de criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos y garantizar entornos propicios y seguro para que quienes la ejercen, puedan hacerlo sin temor a represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/10/CDJReporteSeptiembre2022.pdf     

Versión en inglés / English version

We invite you to download our report and find out the details: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/10/CDJReportSeptember2022.pdf

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AGOSTO DE 2022

DOCUMENTAR Y DENUNCIAR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES LEGÍTIMO

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 27 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2022 en Venezuela.

Continúan los riesgos para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país. El Estado profundiza la Política de Criminalización en contra de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, perfeccionando la Lógica del Enemigo Interno con mecanismos para reprimir y controlar.

Persisten las acciones dirigidas a la reducción del espacio cívico y democrático en el país y la falta de investigaciones oportunas para el cese de la criminalización y represión en contra de quienes defienden y exigen derechos humanos.

Desde el CDJ reiteramos la importancia de las labores de documentación, denuncia, visibilización y acompañamiento, para el fortalecimiento de la sociedad, la democracia, el Estado de Derecho y la Paz.

27 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de agosto evidencian el incremento de agresiones más violentas como actos de intimidación, hostigamiento, amenazas bajo la aplicación de la lógica del enemigo interno en contra de quienes ejercen actividades de documentación y denuncian las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela.

Esta práctica se acentúa debido a las campañas sistemáticas de estigmatización y los señalamientos de odio, descalificación e intimidación, a la par que avanzan las restricciones del espacio cívico y democrático y el uso de normativa relativa al control del terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir al movimiento de derechos humanos.

Los 27 hechos registrados durante el mes de agosto se caracterizaron por los siguientes patrones de agresión:

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO APLICADA EN CONTRA DE LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

La Política de Criminalización en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos no cesa. Los patrones que conforman esta política represiva y de control social tienen como principal fundamento y justificativo la lógica del “Enemigo Interno”.

En ese contexto, durante el mes de agosto el CDJ continuó documentando ataques y agresiones que comprometen el trabajo, la integridad y la seguridad de quienes defienden y exigen derechos humanos en el país.

La estigmatización, aunque se había presentado durante el año como la principal modalidad de ataque, durante el período objeto de estudio se situó como el segundo patrón de agresión más registrado. Aun así, reiteramos que los discursos descalificatorios, de odio y desprestigio siguen siendo el punto de partida de la para la criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

En agosto, persistió el discurso descalificatorio en contra de las organizaciones y personas defensoras, partiendo principalmente de expresiones de descrédito y acusaciones infundadas sobre el uso de la cooperación internacional con fines injerencistas, así como la presunta existencia de vínculos entre las organizaciones de derechos humanos con fines de los partidos de oposición en Venezuela.

Preocupa al CDJ el uso discrecional y arbitrario del derecho penal en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, el cual se enmarca además en un contexto institucional restrictivo, en el cual incluso mediante leyes se avala, justifica y fomenta la criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

Ante las complejidades que rodean el entorno sociopolítico venezolano, reiteramos que el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos, así como la acción humanitaria, son primordiales para la protección de la dignidad humana. Es indispensable que se generen mecanismos efectivos para el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos en un entorno propicio y seguro para ello, así como también la protección de quienes los defienden.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/09/CDJReporteAgosto2022.pdf    

Versión en inglés/ English version

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JULIO DE 2022

JULIO REFLEJA EL RECRUDECIMIENTO DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA PROMOCIÓN Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 50 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2022 en Venezuela.

La Política de Criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos sigue avanzando. La tesis del Enemigo Interno representa una grave amenaza en el marco del cierre del espacio cívico y democrático en el país.

Los 50 hechos documentados durante julio de 2022 evidencian que el derecho a defender, exigir y promover los derechos humanos se encuentra bajo un constante ataque por parte del Estado. El entorno  para su ejercicio es más hostil y adverso a medida que se profundiza la Política de Criminalización y persisten las restricciones al espacio cívico.

Los patrones de agresión fueron aplicados con mayor fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos. Personas y organizaciones que velan por el resguardo de la dignidad humana se enfrentaron a distintos patrones de violencia, represión y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.

Los 50 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por los siguientes patrones de agresión:

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO APLICADA EN CONTRA DE LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

En la medida en la que el Estado continúa restringiendo el espacio cívico y democrático en el país, aumentan las acciones de criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos. Bajo la lógica del Enemigo Interno, el Estado venezolano insiste en ubicar a quienes defienden derechos como actores que deben ser neutralizados y se cometen agresiones en represalia por el ejercicio de su labor, por ser actividades que de acuerdo al Estado son contrarias a la paz y seguridad nacional.

Con base en los patrones de agresión y amedrentamiento, se fortalece el carácter sistemático de la criminalización y represión de la defensa y exigencia de derechos humanos. Durante el mes de julio persistió el uso de la estigmatización como punto de partida para la Política de Criminalización, siendo los principales responsables de estos ataques funcionarios del Estado, y las plataformas de comunicacionales pertenecientes al Sistema Nacional de Medios Públicos, así como aquellas afines al partido de gobierno.

Desde el CDJ alertamos que es necesario el cese de las detenciones arbitrarias y procesos de judicialización en contra de personas defensoras de derechos humanos. Quienes se encuentran privados de libertad y sometidos a procesos penales por ejercer actividades de defensa, promoción y exigencia de derechos deben ser liberados de forma plena. Defender derechos no es un delito.

Reiteramos nuestras preocupaciones ante los avances legislativos que contribuyen al cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela. La amenaza de aprobación del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional sigue vigente y los riesgos ante ello siguen siendo altos. A inicios del mes se anunció de manera oficial en el portal de la Asamblea Nacional avances en torno a la aprobación de la exposición de motivos de la propuesta normativa, sin que se publicase el texto aprobado. Recordamos que fue difundido el borrador de proyecto de forma extraoficial el pasado mes de mayo, y que desde la exposición de motivos el mismo contempla disposiciones altamente restrictivas al derecho a la libertad de asociación y defensa de derechos humanos.

Quienes trabajan en la defensa y exigencia de derechos humanos no deben ser calificados como enemigos; por el contrario, son actores esenciales en la recuperación de la institucionalidad democrática y en el avance de procesos de justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Es obligación del Estado garantizar entornos propicios para el ejercicio de esta labor y desarticular toda medida o práctica que pudiera comprometer el desenvolvimiento seguro de las actividades de defensa y exigencia de derechos.

Exhortamos al Estado dar pleno cumplimento a sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar derechos, incluyendo el de defender derechos humanos y la acción humanitaria, abstenerse de calificar a las personas que trabajan en el marco de estos como enemigos y cesar de inmediato la Política de Criminalización.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/08/CDJReporteJulio2022.pdf   

Versión en inglés/ English version

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PRIMER SEMESTRE 2022

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 214 ataques e incidentes de seguridad entre enero y junio del 2022.

Durante el primer semestre de 2022 se documentó cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos.

A pesar de observarse una disminución en el número de agresiones, se destaca que los riesgos se mantienen en un nivel alto para el movimiento de derechos humanos. Las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves.

En la medida en que no se tomen correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno y libre y mientras permanezcan vigentes las limitaciones legales a las actividades de promoción defensa y exigencia de derechos humanos, así como la criminalización de las mismas seguirá siendo un riesgo defender, promover y exigir derechos en el país.

SIGUEN SIN TOMARSE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO

El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil. Persisten las medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.

Durante el semestre, fue constante la intención de asociar la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos con actividades delictivas, especialmente al terrorismo, la desestabilización y atentar contra la paz del país. El Estado retomó acciones para la aprobación de una Ley de Cooperación Internacional, con el fin de imponer mayores controles a la sociedad civil como parte de su Política de Criminalización, representando una nueva amenaza para las organizaciones.

No se han tomado acciones o correctivos ante las restricciones a las libertades fundamentales, por el contrario, se han perfeccionado los mecanismos de control. La tesis del Enemigo Interno fundamente la Política de Criminalización y a partir de ello se materializan distintos tipos de ataque en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción documentando, denunciando y difundiendo los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en el país.

Los 214 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:  

LA CRIMINALIZACIÓN BASADA EN LA TESIS DEL ENEMIGO INTERNO VULNERA EL DERECHO A DEFENDER PROMOVER Y EXIGIR DERECHOS HUMANOS

Al cierre del primer semestre del 2022 el CDJ continúo documentando la profundización de la Política de Criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos en el país.

Durante estos seis meses, quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos siguieron siendo calificados como enemigos internos que buscan desestabilizar la paz de la nación.  Por ello se han empleado medidas y estrategias para neutralizar y obstaculizar su labor. En los últimos meses del período objeto de estudio, se agudizaron los patrones y modalidades de ataque en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

Persistieron las campañas estigmatización y descrédito en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes fueron acusadas de trabajar en función de intereses extranjeros, de promover actividades injerencistas y de publicar información falsa sobre la situación de derechos humanos en el país. Los actos de intimidación y hostigamiento en contra de personas y organizaciones defensoras aumentaron durante los últimos meses. A través de declaraciones públicas y de tácticas de inteligencia, las personas defensoras continuaron siendo objeto de agresiones que, además de generar temor, ponen en riesgo la vida e integridad de quienes defienden derechos humanos en el país.

los actos de intimidación y hostigamiento en contra de personas y organizaciones defensoras aumentaron durante los últimos meses. A través de declaraciones públicas y de tácticas de inteligencia, las personas defensoras continuaron siendo objeto de agresiones que, además de generar temor, ponen en riesgo la vida e integridad de quienes defienden derechos humanos en el país.

El Estado Venezolano mantiene una Política represiva, de criminalización y control social como parte de su carácter autoritario, esta sigue afectando gravemente la libre y plena operatividad de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, debido a las estrategias empleadas para la reducción del espacio cívico y democrático que afectan la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.

CDJ exhorta al Estado venezolano a cesar de inmediato la criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos y dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en la materia. Es necesario un entorno propicio y seguro para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La Política de Criminalización debe cesar de forma inmediata. Los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, agresión y amenazas deben investigarse; las leyes, mecanismos e instrumentos contrarios a la defensa y exigencia de derechos deben ser derogados y la institucionalidad y el Estado de Derecho deben ser restablecidos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/07/CDJReportePrimerSemestre2022.pdf

In English:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/10/CDJSemestralReport2022.pdf

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

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MAYO DE  2022

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 46 ataques e incidentes de seguridad durante mayo de 2022 en Venezuela.

Se observó un incremento en las agresiones registradas, siendo mayo el segundo mes con mayor número de ataques en lo que va de año, seguido de marzo donde se documentaron 51 hechos.

Un nuevo avance de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación.

El cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela representa grandes desafíos para las organizaciones en el país, quienes se enfrentan a un entorno cada día más hostil y restrictivo para el ejercicio de sus actividades.

Los 46 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes reflejan una intensificación en la Política de Criminalización y el uso de la tesis del enemigo interno en contra de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

LA TESIS DEL ENEMIGO INTERNO COMO FUNDAMENTO PARA LA CRIMINALIZACIÓN A LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo objeto de agresiones por el hecho de defender, exigir y promover derechos humanos. El visibilizar y denunciar las arbitrariedades y los abusos de poder cometidas por el Estado, sus actividades quedan expuestas a distintos tipos de riesgos ante el aumento del cierre del espacio cívico y democrático y la profundización de la Política de Criminalización basada en la aplicación de la Tesis del Enemigo Interno.

El Estado aumenta sus esfuerzos por obstaculizar y limitar el trabajo de la sociedad civil y crea nuevos obstáculos para la ejecución de sus actividades legítimas en el marco de las restricciones al espacio cívico y democrático. Se persigue y se agrede, con la intención de inhibir a la sociedad civil de continuar su labor en virtud de la protección del derecho a una vida digna y de exigencia del debido cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Reiteramos nuestras preocupaciones ante la situación que enfrentan quienes defienden, promueven y exigen derechos en el país. El Estado, lejos de garantizar entornos propicios y seguros para la defensa de los derechos humanos, ha avanzado en la consolidación de una Política de Criminalización y la profundización de la tesis del enemigo interno. Ello, además, se enmarca dentro de los esfuerzos empleados por el Estado para cerrar el espacio cívico y democrático.

PROYECTO DE LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL UNA NUEVA AMENAZA PARA LA PROMOCIÓN, EXIGENCIA Y DEFENSA DE DERECHOS

A inicios del mes fue circulado un nuevo proyecto de Ley de Cooperación Internacional, esto ocurre tras reiteradas amenazas por parte de funcionarios del Estado en torno a la “necesidad” aprobación de un instrumento normativo de esta naturaleza.

El instrumento recoge y refleja el discurso oficial en contra de la defensa de los derechos humanos, en tanto fundamenta su existencia bajo justificativos de preservación de la soberanía, la autodeterminación y la protección de la seguridad de la nación, afianzando así la lógica del enemigo interno aplicada a las organizaciones de la sociedad civil. Además, con esta ley se pretende ejercer un control excesivo de las actividades de las organizaciones y asociaciones en Venezuela, no solo al pretender regular la cooperación internacional desde el ámbito financiero, sino también desde el ámbito técnico, recursos humanos, entre otros comprometiendo así la operatividad y la legalidad de las organizaciones.

Al analizar el texto se observa una propuesta normativa manifiestamente restrictiva. Partiendo desde la exposición de motivos, donde se exponen los argumentos principales que orientan el sentido y alcance de la norma, se observa que aun cuando se menciona estar amparado en preceptos constitucionales y estándares internacionales, realmente se asocia a los artículos de la constitución que aluden a principios de protección de la soberanía, la autodeterminación nacional, la no injerencia y se refiere a Estados y actores relacionados con estos como sujetos contrarios a estos principios y en consecuencia calificados de enemigos, internos y externos.

 El CDJ advierte que las organizaciones y los individuos tienen derecho a buscar, recibir y utilizar recursos, no solo de índole financiero, sino técnico y de todo tipo para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos. Como hemos mencionado, la cooperación internacional es un derecho y en consecuencia es deber de los Estados garantizarla. En un contexto como el venezolano donde persiste una crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja sigue vigente es fundamental garantizar las distintas vías y posibilidades de ayuda, incluyendo la cooperación financiera y técnica.

Es obligación del Estado procurar la protección y promover el trabajo de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos, por ende, toda acción u omisión contraria a ello constituye un incumplimiento sus compromisos internacionales asumidos en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/06/CDJReporteMayo2022.pdf

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ABRIL 2022

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 27 ataques e incidentes de seguridad durante abril de 2022 en Venezuela.

Se suman 27 ataques e incidentes de seguridad en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en lo que va de año en Venezuela.

Las situaciones documentadas durante el mes de abril evidencian la sistematicidad de los patrones de agresión que hacen parte de la Política de Criminalización hacia quienes exigen, promueven y defienden derechos en el país.

LA ESTIGMATIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Durante este período se ha evidenciado un incremento de la estigmatización, centrado en la criminalización de las actividades la defensa y exigencia de derechos humanos, señalando y pretendiendo calificar dichas actividades como “ilegítimas”, con “fines desestabilizadores” u otros descalificativos.

En el mes de abril los señalamientos documentados se presentan en un escenario de graves restricciones al espacio cívico y democrático. El Estado agudiza sus esfuerzos por obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, las campañas de estigmatización como base de la Política de Criminalización siguen siendo sistemáticas y aumentan los actos de violencia como parte de la respuesta represiva del Estado en el marco de la lógica del enemigo interno, aplicada a quienes defienden y exigen derechos humanos.

Los 27 hechos registrados de caracterizaron por:  

ENEMIGOS INTERNOS – LA ESTIGMATIZACION A LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La estigmatización continuó siendo la principal modalidad de ataque en contra de la defensa de derechos humanos, a través de la cual no solamente se buscó generar una matriz de opinión que antagoniza la defensa de los derechos humanos, sino que además se sitúa en un contexto generalizado de control social, a través del cual integrantes de las estructuras que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz, se ven motivados a realizar labores de inteligencia social, seguimiento y ataque en perjuicio de la integridad y operatividad de las organizaciones de derechos humanos y de quienes las integran, debido a los constantes señalamientos realizados por los funcionarios del Estado y las instituciones públicas.

Preocupa al CDJ que el discurso oficial del Estado en torno a la defensa de los derechos humanos continúe siendo de odio y con contenido violento. Son cada vez más reiteradas las acusaciones infundadas en contra del movimiento de derechos humanos y las organizaciones que lo integran en relación a las actividades de cooperación internacional y supuestos intereses de injerencia.

Desde el CDJ alertamos que la estigmatización es el punto de partida que caracteriza la sistematicidad de la Política de Criminalización de la defensa de los derechos humanos y, por ende, en la medida en la que continúe la estigmatización en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos, los riesgos para las organizaciones y personas defensoras permanecerán y seguirán aumentando.

Exhortamos al Estado Venezolano a cesar la Política de Criminalización. Defender, exigir y promover derechos no es delito. Reiteramos la necesidad de generar mecanismos efectivos que procuren e impulsen la protección de todas las personas y organizaciones que están brindando respuesta y acompañamiento a las víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja, los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos en el país.

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