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PRIMER SEMESTRE 2023

309 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 309 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2023, reflejando la continuidad de una Política de Criminalización en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela, en el marco de la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático en el país.

Entre enero y junio de 2023 se documentó cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, acompañando a las víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja que persiste en el país y respondiendo a la crisis de derechos humanos.

ATAQUES A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS AUMENTARON 44% DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

Los 309 ataques e incidentes documentados en el período comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y representan un incremento del 44% en comparación con el mismo período del año 2022, en el cual se registraron 214 situaciones.

Se acentuaron las medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, bajo la lógica del enemigo interno, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones defensoras en el país.

El CDJ siguió documentando como la reducción del Espacio Cívico y Democrático lleva a la profundización de la Política de Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, mediante nuevas limitaciones y obstaculizaciones legales y el aumento de las acciones represivas, derivadas en un incremento de hechos violentos.

Los 309 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:

CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS

El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso, restrictivo y hostil. Persisten las medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.

Aumentan las acciones represivas, de persecución y represalias por defender y exigir derechos humanos.

En el primer semestre del año se retomó acciones para avanzar dos propuestas normativas que amenazan el espacio cívico y democrático: el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Asimismo, en mayo se aprobó de ordenanza de convivencia ciudadana, civismo y justicia de paz comunal, promovida por la alcaldía del municipio Libertador del Distrito Capital.

Dichas normas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. Ponen en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defesa y exigencia de derechos. De igual forma los instrumentos restringen de forma arbitrara los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacífica.

Reiteramos que, en el caso de los dos Proyectos de Ley, se han conocido de manera extraoficial, y están caracterizados por estar compuestos de disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libertad de asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Al cierre del primer semestre del 2023 el CDJ continúo documentando un aumento de agresiones y amedrentamiento como parte la Política de Criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos, producto del continuo cierre del espacio cívico y democrático en el país. Situación que se profundiza a medida que se desarrollan actividades en el marco de los venideros eventos electorales.

Durante el período, quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos siguieron siendo calificados como enemigos y agentes que buscan desestabilizar la paz de la nación.  Por ello, se han empleado medidas y estrategias para neutralizar y obstaculizar su labor, entre ellas destaca el uso del derecho penal con calificaciones relacionadas a terrorismo y delincuencia organizada para criminalizar, judicializar y atemorizar.

Se observó un incremento en los patrones y modalidades de ataque posterior a los avances legislativos de dos proyectos de ley destinados a regular y controlar el trabajo de la sociedad civil derivaron en un aumento de las agresiones en contra de las organizaciones de derechos humanos, así como para limitar la posibilidad de manifestar, expresarse o asociarse libremente.

En el mismo sentido, persiste en Venezuela el uso del derecho penal y el hostigamiento judicial como mecanismo para consolidar la criminalización de quienes defienden derechos humanos a través de la judicialización.

Alertamos el aumento de la persecución, represión y judicialización de líderes sindicales por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de derechos.

El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Reiteramos la importancia de la construcción de entorno propicio y seguro para la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos. Para ello es fundamental derogar y cesar la implementación de medidas restrictivas del espacio cívico y democrático.  

Ante los próximos eventos electorales,  el Estado debe tomar todos los correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno, libre y seguro. El trabajo de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país, es esencial para responder a la crisis, promover los valores democráticos y proteger dignidad humana de los venezolanos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/07/CDJReportePrimerSemestre2023.pdf  

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

*** Versión en inglés /English version ***

We invite you to download our report and find out the details: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/07/CDJ-SemestralReport2023.pdf

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PRIMER TRIMESTRE 2023

226 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 226 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2023, evidenciando la sistematicidad de la Política de Criminalización a quienes promueven, defienden, y exigen derechos humanos en Venezuela.

Durante el primer trimestre de 2023 se profundizó el cierre del Espacio Cívico y Democrático. El Estado venezolano continuó agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos.

Los avances legislativos de dos proyectos de ley destinados a regular y controlar el trabajo de la sociedad civil derivaron en un aumento de las agresiones en contra de las organizaciones de derechos humanos.

Entre enero y marzo de 2023 se registraron 226 nuevos hechos que comprometen y afectan el derecho a defender, lo que representa un incremento del 131% en relación al mismo período en el año 2022 cuando se registraron 98 situaciones.

Durante el trimestre, el CDJ documentó la continuidad de los discursos y campañas de desprestigio y la estigmatización, señalando a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores, siendo la principal forma de agresión y un elemento que acompaña la materialización de otro tipo de agresiones como las amenazas y los actos de hostigamiento e intimidación.

Desde los más altos niveles del Estado se descalifica el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, pretendiendo vincularlas a actividades delictivas, la desestabilización y atentar contra la paz del país; así como también se busca asociarlas a partidos políticos de oposición, con el fin de cuestionar su independencia.

A través de distintos medios persistieron este tipo de acusaciones y expresiones de odio, con el fin de criminalizar una labor legítimamente reconocida por el derecho internacional. Destacando que las mismas se emitieron como parte de una estrategia comunicacional para justificar la necesidad de controlar el trabajo y actividades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos.

Los 226 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:

CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS

El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil, esto se debe entre otras cosas, a la vigencia de una serie de medidas legales y fácticas restrictivas y de carácter autoritarias.

En el primer trimestre del año se caracterizó por el avance de dos propuestas normativas que amenazan el espacio cívico y democrático: el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

Ambas normas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. Ponen en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defesa y exigencia de derechos.

Reiteramos que el articulado de los textos, conocidos extraoficialmente, se caracteriza por estar compuesto de disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libertad de asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Al cierre del primer trimestre del año, la Política de Criminalización de la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos permanece vigente. A través de la ejecución de distintas acciones se sigue buscando restringir el trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos bajo el perfeccionamiento de la aplicación de la tesis del enemigo interno.

La estigmatización permanece como el principal patrón de ataque. Las campañas de descrédito y las acusaciones por parte de funcionarios los hechos de amedrentamiento más documentados en el primer trimestre del año.

Fueron constantes las amenazas en contra de las organizaciones. Las dos propuestas de ley que el Estado busca aprobar son una amenaza al trabajo, la existencia y la operatividad en el marco de la legalidad de las organizaciones no gubernamentales.

Finalmente, recordamos que persiste el uso del derecho penal como mecanismo para concretar la criminalización de personas defensoras de derechos humanos.

Desde el CDJ hacemos un llamado a garantizar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de la defensa,e xigencia y promoción de derechos humanos. El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Las normas restrictivas deben ser derogadas.

En la medida en la que el Estado continúe adoptando medidas tendientes al cierre del espacio cívico, seguirán aumentado los riesgos para la sociedad civil. La defensa de los derechos humanos no es un delito y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar su ejercicio seguro y sin temor a represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:  https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/04/CDJ-ReportePrimerTrimestre2023.pdf   

Para contactarnos: centrodefensores@gmail.com, Twitter @DefensoresDDHH_ Instagram @centrodefensores, www.centrodefensores.org.ve

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FEBREO 2023

63 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE FEBRERO DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 63 ataques e incidentes de seguridad durante febrero de 2023 en Venezuela.

Continuó la Política de Criminalización, represión y control social a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos con avances normativos restrictivos del Espacio Cívico y Democrático.

El Estado venezolano adelanta la implementación de acciones y medidas que obstaculizan los derechos a la libre asociación, reunión y defensa de derechos. La tesis del Enemigo Interno se ve reforzada por campañas sistemáticas de estigmatización donde las organizaciones y personas defensoras son señaladas de “agentes desestabilizadores”, “injerencistas”, entre otros.

El contexto para la defensa, exigencia y promoción de derechos en Venezuela se torna más restrictivo y desfavorable, siendo una labor de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción respondiendo a la crisis socio-económica, política y de derechos humanos.

Ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de febrero demuestran el recrudecimiento de los patrones de agresión que configuran la Política de Criminalización.

Los 63 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.  

El Estado profundiza la violencia institucional como forma de obstaculizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Las condiciones de trabajo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela son cada vez más hostiles y desfavorables.

La lógica del Enemigo Interno es la base para la criminalización de la las acciones de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Esto deriva en que el entorno para personas y organizaciones defensoras, se hostil, adverso y riesgoso, producto de las continuas restricciones.

La criminalización de la cooperación internacional sigue siendo una de las principales causas que generan ataques por parte del Estado, el cual adelanta distintos esfuerzos para limitarla y restringirla de forma discrecional y desapegado a los estándares internacionales. A pesar de conocer que la posibilidad de interactuar e incidir en los organismos parte del Sistema Internacional de Protección de los derechos humanos y el poder solicitar, recibir y utilizar recursos con el fin de proteger los derechos humanos, incluida la recepción de fondos del exterior es un derecho reconocido en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos y otros instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela.

Preocupa al CDJ que en el mes de febrero inició el proceso de consultas públicas sobre la ley en contra de las ONG, a pesar de no haber sido aún publicado de forma oficial un texto sobre el instrumento. En este marco las amenazas en torno a la aprobación y consecuencias de la propuesta normativa continuaron por parte de funcionarios del Estado.

Por otra parte, la Comisión permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, retomó la discusión sobre la Ley de Cooperación Internacional, la cual advertíamos desde el año 2022 , pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación.

El avance de ambas normas evidencia la intención del Estado de controlar el funcionamiento de las organizaciones en su totalidad, criminalizando las actividades de las mismas, principalmente aquellas relacionadas a la cooperación internacional. Considerando que los referidos proyectos se componen por disposiciones que restringen, limitan y criminalizan la defensa de los derechos humanos y la asistencia humanitaria de manera independiente. Leyes de esta naturaleza, arbitrarias y discrecionales ponen es mayor riesgo a las personas y organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en general en Venezuela.

En la medida en la que el Estado continúe adoptando medidas tendientes al cierre del espacio cívico, seguirá aumentado la persecución y la criminalización, el contexto para defender derechos se volverá cada vez más hostil y adverso, lo que llevará a las personas y organizaciones defensoras a enfrentar mayores riesgos por el ejercicio de su labor.

Ante las distintas vulneraciones circunstanciales, estructurales o de condiciones específicas identificadas, que afectan el trabajo de las personas y organizaciones defensoras en Venezuela, es indispensable y urgente una respuesta oportuna para la protección efectiva de quienes defienden derechos humanos en el país.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/03/CDJ-ReporteFebrero2023.pdf

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ENERO 2023

105 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2023

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 105 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2023 en Venezuela.

Continúa la Política de Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al espacio cívico y democrático, especialmente ante los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales.

Las situaciones y hechos de amedrentamiento registrados durante este lapso revelan la sistematicidad de los patrones de agresión que hacen parte de la Política de Criminalización en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos.

Se observa un aumento de la violencia institucional en contra de las personas y organizaciones defensoras, al calificarlas de enemigas, traidoras, desestabilizadoras, entre otras; y acrecentar el marco normativo restrictivo para dificultar aún mas sus labores en un entorno ya adverso y hostil.

En el mes de enero registramos nuevos actos de intimidación y hostigamiento por parte de funcionarios públicos y otros actores que se suman a la violencia institucional en contra de las organizaciones catalogándolas como agentes desestabilizadores por el trabajo de investigación, denuncia, acompañamiento y exigencia al Estado de transparencia y no impunidad frente a los abusos y graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país.

La estigmatización se mantiene como el principal patrón de agresión implementado en el marco de la Política de Criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos.

Los 105 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.  

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, y la crisis política, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.

2023 inició marcado por un incremento en el número de ataques e incidentes de seguridad registrados en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

La criminalización, represión y control social representan una Política de Estado restrictiva del espacio cívico y democrático.

Vemos con preocupación que el Estado venezolano avanza en sus esfuerzos para neutralizar la defensa, exigencia y promoción de los derechos en el país. Reiteramos que estas acciones en un contexto generalizado de violaciones de derechos humanos, emergencia humanitaria e impunidad que existe en el país son esenciales y necesarias y no deben ser criminalizadas u obstaculizadas de forma arbitraria y discrecional.

El recrudecimiento de la criminalización incrementa los riesgos para las organizaciones y personas defensoras.

OTRO ATAQUE AL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA: PROYECTO DE LEY DE FISCALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, ACTUACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y AFINES

El mes de Enero se vio marcado por la presentación y aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Control de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines en la Asamblea Nacional. A partir de este hecho y una serie de amenazas televisadas o emitidas en redes sociales, se observó un aumento de los patrones de ataque y un aumento de los riesgos para todos los actores que defienden, exigen y promueven derechos en el país.

El proyecto de ley se compone por un articulado con disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libre asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.

El texto se caracteriza por tener una redacción ambigua e imprecisa, lo cual incrementa el riesgo de ser interpretada con un amplio campo de discrecionalidad. Asimismo, en la exposición de motivos se refleja el lenguaje característico de la tesis del enemigo interno orientada a la protección de la Seguridad Nacional ante la posibilidad de la intervención e injerencia extranjera. Mismo lenguaje que ha sido utilizado en otras legislaciones restrictivas en Venezuela.

Es importante reiterar que, si bien de acuerdo a los estándares internacionales en materia de libertad de asociación, el registro de organizaciones no limita per se el derecho a la asociación, dicho registro no puede en modo alguno implicar un régimen de autorización para el trabajo u existencia de las mismas, y tampoco puede imponer requisitos extraordinarios o de imposible cumplimiento para ellas. el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, incumple estos preceptos al pretender someter a las organizaciones a la autorización de la autoridad administrativa correspondiente, adscrita ejecutivo nacional para poder realizar sus funciones.

El avance de aprobación de esta propuesta de Ley es una amenaza para la sociedad civil venezolana y para toda persona que desee ejercer el derecho a la libertad de asociación, con posibles consecuencias graves para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. En Venezuela ya existen regulaciones destinadas al funcionamiento y existencia de las organizaciones no gubernamentales, por lo que una ley de esta naturaleza no solo resulta innecesaria, sino también perjudicial para su trabajo legítimo.

La libertad de asociación y la defensa, exigencia y promoción de derechos son actividades legítimas y amparadas por el derecho internacional, por lo tanto deben garantizarse sin limitaciones arbitrarias y obstáculos que impidan la operatividad de las organizaciones en el marco de la legalidad.

Quienes realizan actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2023/03/CDJReporteEnero2023.pdf

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Versión en inglés / English version:

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SEPTIEMBRE DE 2022

SIGUEN LOS ATAQUES EN CONTRA DE QUIENES DEFIENDEN, EXIGEN Y PROMUEVEN DE DERECHOS HUMANOS

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 68 ataques e incidentes de seguridad durante septiembre de 2022 en Venezuela.

En un contexto adverso y restrictivo, se incrementan los riesgos para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país, sin que existan mecanismos efectivos para su protección.

A pesar de las denuncias y las recomendaciones hechas al Estado venezolano por los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y otros actores de la comunidad internacional, continúa la profundización de las restricciones al espacio cívico y democrático afectan.

El accionar de las personas y organizaciones de derechos humanos sigue siendo limitado y controlado, como consecuencia de la represión y el control social del Estado, afectando no solo su operatividad sino también el acompañamiento de las víctimas.

68 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de septiembre reflejaron un nuevo aumento de agresiones, especialmente la estigmatización y otros hechos de carácter más violento como intimidación, hostigamiento y amenazas.

El hostigamiento judicial en contra de personas defensoras, abogados y organizaciones se emplea como mecanismos de represalia, así como también pretende tener un efecto atemorizante en el resto de organizaciones, al utilizarse el derecho penal para criminalizar bajo la lógica del enemigo.

Los 68 hechos registrados durante el mes de septiembre se caracterizaron por los siguientes patrones de agresión:

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO APLICADA EN CONTRA DE LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

El Estado venezolano continúa criminalizando la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos, ello en un contexto en el cual se sigue profundizando el cierre del espacio cívico y democrático y cercenando las libertades fundamentales. En este escenario septiembre se presenta como el mes con la mayor cantidad de ataques documentados por el Centro para los Defensores y la Justicia en lo que va de 2022.

Entre los actos de intimidación, señalamientos, descalificaciones e incidentes registrados, algunos se constituyen como represalias en el marco de la presentación del informe de la Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre Venezuela, así como también en relación a los casos denunciados y visibilizados en el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos por la Secretaria General de Naciones Unidas relativo a los actos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos.

La criminalización de la cooperación internacional ha sido una de los principales elementos que han caracterizado la persecución sistemática de quienes exigen y defienden derechos humanos en el país. Durante el año han sido constantes amenazas y posible adopción de una ley de cooperación internacional. Durante el mes de septiembre la criminalización de la cooperación internacional en contra de las organizaciones y personas defensoras se evidenció producto de sus actividades de incidencia y de colaboración instancias internacionales. Funcionarios e instituciones de la actual administración profesaron amenazas y expresiones de descredito al trabajo de las organizaciones, al ser fuentes para la emisión de informes de los mecanismos.

El acompañamiento a víctimas, la documentación, la cooperación internacional y la incidencia son labores legitimas enmarcadas en el derecho a defender derechos humanos. Lejos de ser un delito, son actividades necesarias para la recuperación de la institucionalidad democrática y para el alcance de la verdad, justicia y reparación de las víctimas. El Estado venezolano debe cesar la política de criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos y garantizar entornos propicios y seguro para que quienes la ejercen, puedan hacerlo sin temor a represalias.

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AGOSTO DE 2022

DOCUMENTAR Y DENUNCIAR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES LEGÍTIMO

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 27 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2022 en Venezuela.

Continúan los riesgos para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país. El Estado profundiza la Política de Criminalización en contra de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, perfeccionando la Lógica del Enemigo Interno con mecanismos para reprimir y controlar.

Persisten las acciones dirigidas a la reducción del espacio cívico y democrático en el país y la falta de investigaciones oportunas para el cese de la criminalización y represión en contra de quienes defienden y exigen derechos humanos.

Desde el CDJ reiteramos la importancia de las labores de documentación, denuncia, visibilización y acompañamiento, para el fortalecimiento de la sociedad, la democracia, el Estado de Derecho y la Paz.

27 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de agosto evidencian el incremento de agresiones más violentas como actos de intimidación, hostigamiento, amenazas bajo la aplicación de la lógica del enemigo interno en contra de quienes ejercen actividades de documentación y denuncian las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela.

Esta práctica se acentúa debido a las campañas sistemáticas de estigmatización y los señalamientos de odio, descalificación e intimidación, a la par que avanzan las restricciones del espacio cívico y democrático y el uso de normativa relativa al control del terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir al movimiento de derechos humanos.

Los 27 hechos registrados durante el mes de agosto se caracterizaron por los siguientes patrones de agresión:

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO APLICADA EN CONTRA DE LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

La Política de Criminalización en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos no cesa. Los patrones que conforman esta política represiva y de control social tienen como principal fundamento y justificativo la lógica del “Enemigo Interno”.

En ese contexto, durante el mes de agosto el CDJ continuó documentando ataques y agresiones que comprometen el trabajo, la integridad y la seguridad de quienes defienden y exigen derechos humanos en el país.

La estigmatización, aunque se había presentado durante el año como la principal modalidad de ataque, durante el período objeto de estudio se situó como el segundo patrón de agresión más registrado. Aun así, reiteramos que los discursos descalificatorios, de odio y desprestigio siguen siendo el punto de partida de la para la criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

En agosto, persistió el discurso descalificatorio en contra de las organizaciones y personas defensoras, partiendo principalmente de expresiones de descrédito y acusaciones infundadas sobre el uso de la cooperación internacional con fines injerencistas, así como la presunta existencia de vínculos entre las organizaciones de derechos humanos con fines de los partidos de oposición en Venezuela.

Preocupa al CDJ el uso discrecional y arbitrario del derecho penal en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, el cual se enmarca además en un contexto institucional restrictivo, en el cual incluso mediante leyes se avala, justifica y fomenta la criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

Ante las complejidades que rodean el entorno sociopolítico venezolano, reiteramos que el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos, así como la acción humanitaria, son primordiales para la protección de la dignidad humana. Es indispensable que se generen mecanismos efectivos para el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos en un entorno propicio y seguro para ello, así como también la protección de quienes los defienden.

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JULIO DE 2022

JULIO REFLEJA EL RECRUDECIMIENTO DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA PROMOCIÓN Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 50 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2022 en Venezuela.

La Política de Criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos sigue avanzando. La tesis del Enemigo Interno representa una grave amenaza en el marco del cierre del espacio cívico y democrático en el país.

Los 50 hechos documentados durante julio de 2022 evidencian que el derecho a defender, exigir y promover los derechos humanos se encuentra bajo un constante ataque por parte del Estado. El entorno  para su ejercicio es más hostil y adverso a medida que se profundiza la Política de Criminalización y persisten las restricciones al espacio cívico.

Los patrones de agresión fueron aplicados con mayor fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos. Personas y organizaciones que velan por el resguardo de la dignidad humana se enfrentaron a distintos patrones de violencia, represión y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.

Los 50 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por los siguientes patrones de agresión:

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO APLICADA EN CONTRA DE LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS

En la medida en la que el Estado continúa restringiendo el espacio cívico y democrático en el país, aumentan las acciones de criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos. Bajo la lógica del Enemigo Interno, el Estado venezolano insiste en ubicar a quienes defienden derechos como actores que deben ser neutralizados y se cometen agresiones en represalia por el ejercicio de su labor, por ser actividades que de acuerdo al Estado son contrarias a la paz y seguridad nacional.

Con base en los patrones de agresión y amedrentamiento, se fortalece el carácter sistemático de la criminalización y represión de la defensa y exigencia de derechos humanos. Durante el mes de julio persistió el uso de la estigmatización como punto de partida para la Política de Criminalización, siendo los principales responsables de estos ataques funcionarios del Estado, y las plataformas de comunicacionales pertenecientes al Sistema Nacional de Medios Públicos, así como aquellas afines al partido de gobierno.

Desde el CDJ alertamos que es necesario el cese de las detenciones arbitrarias y procesos de judicialización en contra de personas defensoras de derechos humanos. Quienes se encuentran privados de libertad y sometidos a procesos penales por ejercer actividades de defensa, promoción y exigencia de derechos deben ser liberados de forma plena. Defender derechos no es un delito.

Reiteramos nuestras preocupaciones ante los avances legislativos que contribuyen al cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela. La amenaza de aprobación del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional sigue vigente y los riesgos ante ello siguen siendo altos. A inicios del mes se anunció de manera oficial en el portal de la Asamblea Nacional avances en torno a la aprobación de la exposición de motivos de la propuesta normativa, sin que se publicase el texto aprobado. Recordamos que fue difundido el borrador de proyecto de forma extraoficial el pasado mes de mayo, y que desde la exposición de motivos el mismo contempla disposiciones altamente restrictivas al derecho a la libertad de asociación y defensa de derechos humanos.

Quienes trabajan en la defensa y exigencia de derechos humanos no deben ser calificados como enemigos; por el contrario, son actores esenciales en la recuperación de la institucionalidad democrática y en el avance de procesos de justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Es obligación del Estado garantizar entornos propicios para el ejercicio de esta labor y desarticular toda medida o práctica que pudiera comprometer el desenvolvimiento seguro de las actividades de defensa y exigencia de derechos.

Exhortamos al Estado dar pleno cumplimento a sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar derechos, incluyendo el de defender derechos humanos y la acción humanitaria, abstenerse de calificar a las personas que trabajan en el marco de estos como enemigos y cesar de inmediato la Política de Criminalización.

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PRIMER SEMESTRE 2022

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 214 ataques e incidentes de seguridad entre enero y junio del 2022.

Durante el primer semestre de 2022 se documentó cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos.

A pesar de observarse una disminución en el número de agresiones, se destaca que los riesgos se mantienen en un nivel alto para el movimiento de derechos humanos. Las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves.

En la medida en que no se tomen correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno y libre y mientras permanezcan vigentes las limitaciones legales a las actividades de promoción defensa y exigencia de derechos humanos, así como la criminalización de las mismas seguirá siendo un riesgo defender, promover y exigir derechos en el país.

SIGUEN SIN TOMARSE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO

El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil. Persisten las medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.

Durante el semestre, fue constante la intención de asociar la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos con actividades delictivas, especialmente al terrorismo, la desestabilización y atentar contra la paz del país. El Estado retomó acciones para la aprobación de una Ley de Cooperación Internacional, con el fin de imponer mayores controles a la sociedad civil como parte de su Política de Criminalización, representando una nueva amenaza para las organizaciones.

No se han tomado acciones o correctivos ante las restricciones a las libertades fundamentales, por el contrario, se han perfeccionado los mecanismos de control. La tesis del Enemigo Interno fundamente la Política de Criminalización y a partir de ello se materializan distintos tipos de ataque en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción documentando, denunciando y difundiendo los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en el país.

Los 214 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:  

LA CRIMINALIZACIÓN BASADA EN LA TESIS DEL ENEMIGO INTERNO VULNERA EL DERECHO A DEFENDER PROMOVER Y EXIGIR DERECHOS HUMANOS

Al cierre del primer semestre del 2022 el CDJ continúo documentando la profundización de la Política de Criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos en el país.

Durante estos seis meses, quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos siguieron siendo calificados como enemigos internos que buscan desestabilizar la paz de la nación.  Por ello se han empleado medidas y estrategias para neutralizar y obstaculizar su labor. En los últimos meses del período objeto de estudio, se agudizaron los patrones y modalidades de ataque en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

Persistieron las campañas estigmatización y descrédito en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes fueron acusadas de trabajar en función de intereses extranjeros, de promover actividades injerencistas y de publicar información falsa sobre la situación de derechos humanos en el país. Los actos de intimidación y hostigamiento en contra de personas y organizaciones defensoras aumentaron durante los últimos meses. A través de declaraciones públicas y de tácticas de inteligencia, las personas defensoras continuaron siendo objeto de agresiones que, además de generar temor, ponen en riesgo la vida e integridad de quienes defienden derechos humanos en el país.

los actos de intimidación y hostigamiento en contra de personas y organizaciones defensoras aumentaron durante los últimos meses. A través de declaraciones públicas y de tácticas de inteligencia, las personas defensoras continuaron siendo objeto de agresiones que, además de generar temor, ponen en riesgo la vida e integridad de quienes defienden derechos humanos en el país.

El Estado Venezolano mantiene una Política represiva, de criminalización y control social como parte de su carácter autoritario, esta sigue afectando gravemente la libre y plena operatividad de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, debido a las estrategias empleadas para la reducción del espacio cívico y democrático que afectan la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.

CDJ exhorta al Estado venezolano a cesar de inmediato la criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos y dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en la materia. Es necesario un entorno propicio y seguro para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La Política de Criminalización debe cesar de forma inmediata. Los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, agresión y amenazas deben investigarse; las leyes, mecanismos e instrumentos contrarios a la defensa y exigencia de derechos deben ser derogados y la institucionalidad y el Estado de Derecho deben ser restablecidos.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/07/CDJReportePrimerSemestre2022.pdf

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