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El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 99 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2021 en Venezuela.

La defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela es una labor de riesgo.

Enero evidencia la agudización de la Política de Criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos.

Los 99 hechos registrados durante enero se caracterizaron por:

El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario reconocen como legítimas las labores de promoción y protección de derechos y atención a grupos en situación de vulnerabilidad, esto significa que quienes trabajan en función de la protección del derecho a vivir dignamente, en condiciones de igualdad y libertad tiene derecho a hacerlo.

El Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar las acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja. Defender derechos humanos y la acción humanitaria no es delito.

CRIMINALIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La estigmatización sigue presentándose como la principal forma de agresión. Diariamente se incrementan acciones de intimidación, hostigamiento, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas, malos tratos, torturas, entre otros.

La recurrencia de las campañas de estigmatización, principalmente asociadas a la criminalización de la cooperación internacional y la pretensión de señalar que la recepción de fondos para la ejecución de actividades relacionadas a la promoción y defensa de derechos, así como para brindar respuestas humanitarias, son actividades ilícitas o promotoras de la desestabilización del orden interno y la paz del país.

La Doctrina de la Seguridad Nacional, se sigue aplicando con la intención de acallar a quienes se mantienen en primera línea en la defensa de derechos, documentando, denunciando y visibilizando los abusos, crímenes y graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.

Reiteramos que conforme la situación económica y social y la crisis política y de derechos humanos en Venezuela continúan deteriorándose, se hace aún más necesario el trabajo en conjunto entre actores internacionales y locales para responder a la emergencia humanitaria, apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, contribuir al alcance de justicia y a la recuperación de las libertades, el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución.

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA DE DERECHOS Y DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 

En el 2021 prevalecen las acciones dirigidas a criminalizar el trabajo de las organizaciones y personas que trabajan promoviendo y defendiendo los derechos humanos, así como brindando respuestas a la población más vulnerable afectada por las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja.

Como parte del escenario descrito, varios de los ataques documentados en el período objeto de estudio ponen de manifiesto un entorno cada vez más restrictivo para el ejercicio del derecho a la defensa de derechos humanos y con mayor énfasis a la realización de acciones humanitarias.

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/03/REPORTECDJ-ENE2021.pdf

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303 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DURANTE 2020.

Durante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia del Covid-19 el Estado venezolano implementó medidas autoritarias y de control social que profundizaron la crisis institucional y socioeconómica existente en el país.

En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, se etiqueta a quienes defienden derechos humanos y trabajadores humanitarios como enemigos internos del Estado.

90% DE LOS ATAQUES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

De los 303 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el año 2020, 272 se produjeron tras la declaratoria del estado de alarma, el 13 de marzo, y los llamados a actuar de la Furia Bolivariana, por parte de altos funcionarios del Estado. Esta cifra equivale al 90% del total de las agresiones registradas.

El Estado en lugar de trabajar en función de la protección de la población venezolana y el resguardo de sus derechos ha agudizado sus políticas de control social y criminalización del derecho a defender derechos humanos, afectando la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones que se encuentran en primera línea trabajando por la protección de los más vulnerables, asistiendo a las y luchando contra la impunidad y la recuperación de la vigencia de la Constitución, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales. 

Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2021/03/INFORMECDJ-2020.pdf