EN EL CONTEXTO POST ELECTORAL AUMENTARON LOS RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 134 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2024 en Venezuela.
En el contexto post-electoral se profundizó la Política de Criminalización, Represión y Control Social que afecta las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, aumentando las agresiones y el amedrentamiento en contra de quienes las realizan.
El Estado emplea distintas medidas tendientes a controlar, criminalizar y neutralizar la defensa de los derechos humanos bajo un clima de miedo tendiente al retraimiento de las acciones por parte de las organizaciones por temor a ser objeto de represalias.
Los 134 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continua bajo ataque, obstaculizando así los derechos a la asociación, reunión y defensa en Venezuela. La criminalización, la represión y el control social como política de Estado, en un contexto de impunidad generalizada demuestran que el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela dificulta el accionar de la sociedad civil, incluido el movimiento de derechos humanos.
Las agresiones en contra de la integridad física y moral aumentaron, siendo la intimidación y el hostigamiento el principal patrón de ataque registrado en el período. Estas agresiones se acompañan de estigmatización, basándose en cuestionamientos y señalamientos sobre la independencia y veracidad del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, así como acusándolas de “fascistas”, “terroristas”, “desestabilizadoras”, entre otras.
Siguen implementándose medidas legales y acciones por parte de los entes del Estado tendientes al cierre del espacio cívico y democrático en el país, aumentando los obstáculos para el ejercicio de los derechos a la asociación, expresión, reunión y defensa de derechos. Estos instrumentos jurídicos contrarios a estándares de derechos humanos y que tienen como fin intimidar y neutralizar a la sociedad civil, y restringir el espacio cívico y democrático.
Hacemos un llamado a trabajar en función de construir entornos propicios y seguros para que quienes promueven, exigen y defienden derechos. Las personas defensoras deben poder ejercer sus actividades de forma libre y sin temor a represalias.
Mientras no cesen las acciones legales y fácticas que reducen el espacio cívico y democrático continuarán existiendo riesgos para la sociedad civil en el país.
63 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ABRIL DE 2024
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 63 ataques e incidentes de seguridad durante abril de 2024 en Venezuela.
El Espacio cívico y democrático en Venezuela se reduce en el marco del contexto electoral, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación de riesgo producto de las sistemáticas vulneraciones al derecho a la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos.
Se retoman las discusiones y acciones relativas a la promulgación de instrumentos legislativos restrictivos destinados a ejercer mayores controles discrecionales y regular a las organizaciones de la sociedad civil. Los actos de intimidación y hostigamiento y las amenazas se producen en un entorno de violencia institucional que busca a través del miedo neutralizar a la sociedad civil.
Se suman 63 ataques e incidentes de seguridad en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en lo que va de año.
Producto del cierre continuo del espacio cívico y democrático las personas y organizaciones defensoras se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la materialización de patrones de agresión implementados para neutralizar y afectar su accionar.
Los 63 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
Las campañas sistemáticas de estigmatización por parte de diversos actores estatales no cesan. Por medio de discursos oficiales, redes sociales y programas televisados se criminaliza la labor de quienes defienden, exigen y promueven derechos. El amedrentamiento, la descalificación y el descredito tienen como fin desvirtuar y neutralizar el impacto de las actividades de quienes defienden derechos bajo la lógica del enemigo interno.
Persisten las acciones orientadas a obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas acompañan los discursos estigmatizantes para amedrentar y promover la inhibición o inacción de las organizaciones como parte de la respuesta represiva del Estado.
CRIMINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Las amenazas en contra las organizaciones y personas defensoras acompañaron la estigmatización. Los mensajes llamando a que se realicen investigaciones, y a que se adopten de instrumentos normativos para el control y regulación de las organizaciones y personas defensoras caracterizaron el mes de abril. Evidenciando que la criminalización de la cooperación internacional en Venezuela no cesa y se profundiza con el pasar del tiempo.
Asimismo, los actos de intimidación y el hostigamiento judicial persistieron durante el mes. Estos hechos fueron efectuados no solo de parte de altos funcionarios en medios públicos, sino también de funcionarios de seguridad ejerciendo labores de vigilancia a defensores y organizaciones específicas.
Reiteramos nuestra preocupación ante el uso reiterado del sistema de justicia para criminalizar y perseguir haciendo uso del derecho penal bajo la lógica del enemigo para a iniciar y mantener activos procesos penales arbitrarios, contrariando las debidas garantías judiciales y el debido proceso legal.
En un contexto electoral la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos en Venezuela es una labor de riesgo. Las organizaciones y personas defensoras deben desarrollar sus actividades enfrentándose a un entorno cada vez más hostil y restrictivo.
Recordamos que defender derechos humanos es un derecho y una actividad legitima y necesaria para la recuperación de la institucionalidad democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
418 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 418 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2024, evidenciando la sistematicidad de la Política de Criminalización a quienes promueven, defienden, y exigen derechos humanos en Venezuela.
Durante el primer trimestre de 2024 se profundizó el cierre del Espacio Cívico y Democrático, en el marco de un contexto pre-electoral, afectando las acciones de personas y organizaciones de sociedad civil.
Entre enero y marzo de 2023 se registraron418 nuevos hechos que comprometen y afectan el derecho a defender, lo que representa un incremento del 85% en relación al mismo período en el año 2023 cuando se registraron 226 situaciones.
El Estado venezolano aplicó los patrones represivos que conforman la Política de criminalización, represión y control social en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción, defendiendo, exigiendo y promoviendo derechos humanos.
En el periodo se generaron nuevos avances normativos tendientes a la restricción de las libertades cívicas en el país. El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y el proyecto de Ley contra el fascismo, neofascismo y las expresiones de similares representan nuevas amenazas al trabajo de la sociedad civil y aumentan el nivel de riego para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
Los 418 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
El trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, se ve afectado en tanto desde distintas instancias del Poder Público se intenta vincularlas a actividades delictivas, la desestabilización y atentar contra la paz del país; así como también se busca asociarlas a partidos políticos de oposición, con el fin de cuestionar su independencia, haciendo uso de leyes restrictivas y del derecho penal para judicializar, perseguir y criminalizar bajo la lógica del enemigo interno.
EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA SIGUE SIENDO AMENAZADO
El entorno para la defensa, exigencia y promoción de derechos sigue siendo adverso y hostil. La implementación de medidas legales y fácticas restrictivas y contrarias al espacio cívico y democrático aumentan los riesgos para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El primer trimestre se caracteriza por nuevas amenazas provenientes del Poder Legislativo. Durante el mes de enero el parlamento avanzó con el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y el anuncio de la presentación de un nuevo proyecto normativo titulado Ley contra el fascismo, neofascismo y las expresiones de similares.
Ambas propuestas normativas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. De concretarse su aprobación y entrada en vigencia se pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defesa y exigencia de derechos y aumentaran las posibilidades de criminalización bajo la lógica del enemigo, amparada por estas leyes.
Alertamos que, la justificación de este tipo de legislación centrada en la necesidad de proteger la nación y su soberanía ante agresiones injerencistas, desestabilizadoras y terroristas, en función de la tesis del enemigo interno orientada a la protección de la Seguridad Nacional aumenta los riesgos para la sociedad civil, y es el fundamento para la materialización de agresiones . en el marco de la Política de criminalización, represión y control social existente. Tras los anuncios de estos avances normativos no solo se ve amenazada la capacidad operativa de las organizaciones en el marco de la legalidad y de forma independiente, sino que también ha derivado en el incremento y materialización de otros ataques e incidentes. Destacando en el trimestre la persistencia de la estigmatización, el aumento de la intimidación, el hostigamiento y las amenazas.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El primer trimestre del año se caracterizó por estigmatización, amenazas y actos de intimidación y hostigamiento realizados en contra del movimiento de derechos humanos, acciones que de forma directa comprometen la integridad y seguridad de las personas y organizaciones defensoras; y se constituyen como acciones destinadas a generar temor entre la sociedad civil para que esta se inhiba de actuar por miedo a ser víctima de la política represiva, de criminalización y de control social. Al respecto, recordamos que los Poderes Públicos y diversos entes gubernamentales son responsables por acción y por omisión de la materialización de agresiones y ejecución de los patrones que conforman la política de criminalización.
Continúan las agresiones y ataques que afectan la vida, libertad e integridad personal de las personas víctimas. Las acciones del Estado orientadas a la reducción del espacio cívico y democrático que afectan gravemente las capacidades operativas y las posibilidades de acción de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, quienes tienen que realizar sus actividades bajo el temor de ser víctimas de la Política de criminalización, represión y control social.
El Estado venezolano continúa tomando acciones en contra de la sociedad civil a medida que el país se acerca a los eventos electorales a llevarse a cabo en el segundo semestre del año. Desde el CDJ insistimos que el trabajo realizado en protección de los derechos en un contexto como el venezolano es vital para la recuperación de las instituciones democráticas y la obtención de justicia, verdad y reparación ante las violaciones cometidas.
Desde el CDJ hacemos un llamado a garantizar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de las mismas. El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. Las normas restrictivas deben ser derogadas.
20 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE JULIO DE 2023
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 20 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2023 en Venezuela.
La Política de Criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos sigue avanzando en el marco del cierre continuo del espacio cívico y democrático en el país.
Los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos humanos persisten.
La violencia de Estado, la represión y el control social siguen siendo ejercidos para intimidar y como una forma de limitar el actuar de la sociedad civil.
Los 20 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la Política de Criminalización.
Las campañas de estigmatización no cesan mientras que los actos de intimidación, el hostigamiento y las amenazas se mantienen presentes para atacar el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Preocupa la sistematicidad de estos hechos. La falta de un espacio cívico libre y seguro en un contexto de eventos electorales representa un riesgo alto para el desarrollo de actividades de la sociedad civil.
Los 20 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Siguen adoptándose medidas contrarias al Espacio cívico y democrático, lo que hace que el entorno para el ejercicio de las actividades de la sociedad civil, y en particular de las organizaciones de derechos humanos sea cada vez más adverso y hostil, en tanto se profundiza la Política de Criminalización.
Los patrones de agresión siguen aplicándose con fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos. Personas y organizaciones que velan por el resguardo de la dignidad humana se enfrentan a agresiones y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.
La violencia, represión y control social del Estado sigue generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático.
Insistimos que en el marco de un contexto preelectoral el respeto al ejercicio de las actividades de defensa, promoción y exigencia de derechos humanos deben ser garantizadas de forma plena y sin represalias.
Ante la continuidad de la crisis socio-política y la emergencia humanitaria compleja, el trabajo de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, resulta más necesario, por lo que es indispensable que se establezcan medidas que permitan su accionar sin represalias o limitaciones arbitrarias.
105 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2023
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 105 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2023 en Venezuela.
Continúa la Política de Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al espacio cívico y democrático, especialmente ante los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales.
Las situaciones y hechos de amedrentamiento registrados durante este lapso revelan la sistematicidad de los patrones de agresión que hacen parte de la Política de Criminalización en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos.
Se observa un aumento de la violencia institucional en contra de las personas y organizaciones defensoras, al calificarlas de enemigas, traidoras, desestabilizadoras, entre otras; y acrecentar el marco normativo restrictivo para dificultar aún mas sus labores en un entorno ya adverso y hostil.
En el mes de enero registramos nuevos actos de intimidación y hostigamiento por parte de funcionarios públicos y otros actores que se suman a la violencia institucional en contra de las organizaciones catalogándolas como agentes desestabilizadores por el trabajo de investigación, denuncia, acompañamiento y exigencia al Estado de transparencia y no impunidad frente a los abusos y graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país.
La estigmatización se mantiene como el principal patrón de agresión implementado en el marco de la Política de Criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos.
Los 105 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, y la crisis política, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.
2023 inició marcado por un incremento en el número de ataques e incidentes de seguridad registrados en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.
La criminalización, represión y control social representan una Política de Estado restrictiva del espacio cívico y democrático.
Vemos con preocupación que el Estado venezolano avanza en sus esfuerzos para neutralizar la defensa, exigencia y promoción de los derechos en el país. Reiteramos que estas acciones en un contexto generalizado de violaciones de derechos humanos, emergencia humanitaria e impunidad que existe en el país son esenciales y necesarias y no deben ser criminalizadas u obstaculizadas de forma arbitraria y discrecional.
El recrudecimiento de la criminalización incrementa los riesgos para las organizaciones y personas defensoras.
OTRO ATAQUE AL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA: PROYECTO DE LEY DE FISCALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, ACTUACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y AFINES
El mes de Enero se vio marcado por la presentación y aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Control de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines en la Asamblea Nacional. A partir de este hecho y una serie de amenazas televisadas o emitidas en redes sociales, se observó un aumento de los patrones de ataque y un aumento de los riesgos para todos los actores que defienden, exigen y promueven derechos en el país.
El proyecto de ley se compone por un articulado con disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libre asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.
El texto se caracteriza por tener una redacción ambigua e imprecisa, lo cual incrementa el riesgo de ser interpretada con un amplio campo de discrecionalidad. Asimismo, en la exposición de motivos se refleja el lenguaje característico de la tesis del enemigo interno orientada a la protección de la Seguridad Nacional ante la posibilidad de la intervención e injerencia extranjera. Mismo lenguaje que ha sido utilizado en otras legislaciones restrictivas en Venezuela.
Es importante reiterar que, si bien de acuerdo a los estándares internacionales en materia de libertad de asociación, el registro de organizaciones no limita per se el derecho a la asociación, dicho registro no puede en modo alguno implicar un régimen de autorización para el trabajo u existencia de las mismas, y tampoco puede imponer requisitos extraordinarios o de imposible cumplimiento para ellas. el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, incumple estos preceptos al pretender someter a las organizaciones a la autorización de la autoridad administrativa correspondiente, adscrita ejecutivo nacional para poder realizar sus funciones.
El avance de aprobación de esta propuesta de Ley es una amenaza para la sociedad civil venezolana y para toda persona que desee ejercer el derecho a la libertad de asociación, con posibles consecuencias graves para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. En Venezuela ya existen regulaciones destinadas al funcionamiento y existencia de las organizaciones no gubernamentales, por lo que una ley de esta naturaleza no solo resulta innecesaria, sino también perjudicial para su trabajo legítimo.
La libertad de asociación y la defensa, exigencia y promoción de derechos son actividades legítimas y amparadas por el derecho internacional, por lo tanto deben garantizarse sin limitaciones arbitrarias y obstáculos que impidan la operatividad de las organizaciones en el marco de la legalidad.
Quienes realizan actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias.
26 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DURANTE FEBRERO 2026
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 26 ataques e incidentes de seguridad durante el mes de febrero de 2026.
En Febrero se documentaron nuevas agresiones en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Mientras no cesen las medidas legales y fácticas restrictivas del espacio cívico, los riesgos para quienes promueven, defienden y exigen derecho seguirán vigentes.
Persiste la Política de Criminalización de la cooperación internacional y las amenazas e intimidaciones a la sociedad civil en el marco de la ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, con su vigencia los derechos a la libre asociación y defensa de derechos siguen siendo vulnerados.
El espacio cívico y democrático sigue sin ser garantizado
No solo se mantienen vigentes normativas restrictivas y los mecanismos represivos, sino que las autoridades actuales continúan amenazando e intimidando a las organizaciones, evidenciando una continuidad de los patrones de agresión y amedrentamiento que configuran la Política de Criminalización, Represión y Control Social.
Los actos de intimidación y amenazas en el marco de la ley de fiscalización se orientan mantener controles discrecionales y neutralizar bajo la lógica del miedo a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de limitar su actuar.
ESTIGMATIZACIÓN, INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO SE MANTIENEN COMO LOS PRINCIPALES PATRONES DE ATAQUE DOCUMENTADOS
La estigmatización y los actos de intimidación y hostigamiento no cesan. Las campañas de estigmatización estuvieron orientadas a desprestigiar a las organizaciones, acusándolas de “instrumentos de guerra”, “encubrir planes contra la república” o se les señala de “corruptos” entre otros, con el fin de desacreditar sus acciones y pretender vincular la defensa de derechos humanos en Venezuela con actividades desapegadas a la legalidad.
En relación a la recuperación del Espacio Cívico y la garantía del trabajo de las organizaciones de derechos humanos 2026 no ha traído consigo cambios significativos para garantizar su labor, por el contrario, se mantiene vigente la lógica del enemigo y las acciones tendientes a criminalizar y desacreditar el trabajo de exigibilidad y documentación de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país.
Los 26 ataques e incidentes de seguridad documentados en este período pueden verse reflejados en los siguientes patrones de agresión:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
En febrero continuamos documentando ataques en contra de personas y organizaciones defensoras, en especial en el marco de las exigencias realizadas en torno a las excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos y para que la Ley de Amnistía se promulgase bajo los estándares internacionales de derechos humanos , acusándolas de presuntos cobros a víctimas y familiares, y de responder a intereses extranjeros con fines desestabilizadores.
Asimismo, se registraron nuevos señalamientos en torno a la cooperación internacional, se hicieron llamados a aplicar la ley de fiscalización alegando respecto a las organizaciones que “que muchas de ellas no son más que fachadas para lavar dinero del imperialismo y financiar a los grupúsculos que quieren incendiar el país” . En el mismo orden de ideas funcionarios alegaron que “el que no la debe, no la teme. Pero aquí en Venezuela se acabó el tiempo donde cualquier agente extranjero venía con una fachada de ayuda humanitaria a meterse en los asuntos internos del país. Registro obligatorio y rendición de cuentas, eso es lo que les toca si quieren seguir funcionando aquí” . Estos discursos además en casos se acompañaron de amenazas o intimidaciones sobre posible inicio de investigaciones en su contra.
Se sigue evidenciando cómo se mantiene la política de criminalización, y la institucionalización de la tesis del enemigo interno, y en consecuencia que los riesgos para las personas defensoras sigan siendo altos.
La intimidación y hostigamiento continúa siendo una de las modalidades de ataque más utilizadas por el Estado para generar temor e intentar neutralizar al movimiento de derechos humanos. Las acusaciones por funcionarios públicos asociadas a la comisión de delitos, son el tipo de acciones que indican que la documentación y la exigencia de rendición de cuentas con el fin de avanzar en procesos de justicia, siguen siendo objeto de criminalización.
El entorno para la defensa de los derechos humanos en Venezuela se mantiene bajo una política sistemática de criminalización y control. La persistencia en los ataques evidencia que el Estado utiliza mecanismos legales y tácticas de intimidación para neutralizar a la sociedad civil. La estigmatización como principal forma de agresión busca deslegitimar la labor de defensa, mientras que la falta de garantías institucionales confirma que el espacio cívico sigue siendo restringido y hostil para quienes promueven los derechos fundamentales.
Insistimos que para avanzar en un proceso de reinstitucionalización es urgente el cese de la política de criminalización, represión y control y derogar todas las medidas restrictivas del Espacio Cívico. Para garantizar la recuperación del Estado de Derecho quienes defienden, promueven y exigen derechos deben poder ejercer sus actividades de forma plena, libre y segura.
Es necesario garantizar un espacio cívico y democrático libre y seguro para el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de Derecho, donde la libertad de asociación, expresión, reunión y la defensa de derechos humanos puedan realizarse de forma plena y sin controles arbitrarios.
64 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DURANTE ENERO 2026
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 64 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2026.
La criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos no ha cesado. Las medidas y normas restrictivas del Espacio Cívico y Democrático y la criminalización por parte de funcionarios del Estado siguen generando riesgos a la labor de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las agresiones en contra de la sociedad civil se mantienen con amenazas, hostigamiento e intimidaciones. El derecho a la libertad de asociación sigue siendo limitado producto de un marco normativo restrictivo sobre el cual no se observan cambios.
El espacio cívico y democrático sigue sin ser garantizado.
ESTIGMATIZACIÓN, INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO SE MANTIENEN COMO LOS PRINCIPALES PATRONES DE ATAQUE DOCUMENTADOS
A pesar de los cambios en el contexto venezolano posteriores a los hechos del 3 de enero, la criminalización y ataques en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos no han cesado y siguen desarrollando sus actividades en un entorno represivo, de criminalización y control social.
Se documentó un nuevo aumento en las agresiones en relación al segundo semestre del año 2025, cuando se contabilizaba un promedio de 22 ataques mensuales, frente a 64 en el primer mes del 2026.
Desde distintos espacios e instituciones del Estado se criminalizó y desacreditó el trabajo de las organizaciones al ser señaladas de “mentirosas”, “mercantilizar la justicia”, de ser fachadas para “luchar con fondos extranjeros”, se les acusó públicamente de presunta “extorsión” y de hacer uso de su trabajo como una forma de “conspiración política para desestabilizar”.
Los 64 ataques e incidentes de seguridad documentados en este período pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Con el inicio de 2026 se registró un nuevo pico de ataques en contra del movimiento de derechos humanos. Desacreditando y cuestionando públicamente la legitimidad de las actividades de las organizaciones de derechos humanos en pro de las víctimas, el Estado venezolano pretendió deslegitimar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos en el país, como parte de la política de criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos que sigue vigente.
La estigmatización fue la modalidad de ataque más registrada durante el mes de enero, principalmente en el marco de cuestionamientos al propósito y denuncias de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que exigían condiciones y liberaciones plenas a las personas detenidas por motivos políticos. Funcionarios estatales y plataformas progubernamentales afiliadas o asociadas a la actual administración difundieron y replicaron mensajes acusando a las organizaciones de presuntamente “lucrarse” de los familiares de los presos políticos excarcelados durante el mes. Asimismo, se desprestigian las denuncias de las organizaciones sobre la situación de violación de derechos humanos en el país, acusándolas de fabricar e inventar hechos documentados.
Desde el CDJ celebramos las excarcelaciones de la defensora Rocío San Miguel presidenta de Control Ciudadano y los defensores defensor Kennedy Tejeda integrante del Foro Penal , y Eduardo Torres integrante de Provea, ocurridas en el mes de enero.
Tras los cambios actuales que se están suscitando en el país, desde el CDJ manifestamos nuestra preocupación ante la continuidad de ataques en contra de personas defensoras. El movimiento de derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos deben dejar de categorizarse bajo la lógica del enemigo interno. Recordamos que cualquier proceso de transición y reinstitucionalización debe incluir las voces y la perspectiva calificada de derechos humanos, pues la protección y garantía de estos derechos deben ser un eje transversal en los cambios políticos, sociales y económicos que se desarrollen en el país.
Se debe avanzar hacia la construcción de un entorno propicio y seguro para el ejercicio del derecho a defender derechos, conforme a los estándares internacionales y velar por la recuperación del espacio cívico, solo de esa forma la defensa y exigencia de derechos podrán ser ejercidas de forma plena, libre y sin temor a represalias.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: CDJ Informe Enero 2026
455 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DURANTE 2025
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 455 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2025.
A pesar de la disminución numérica en el registro de agresiones durante el año 2025, en relación a 2024, esta no refleja una mejora en las condiciones para la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Por el contrario, la reducción de casos documentados responde al endurecimiento de la represión, al avance de las restricciones sobre el espacio cívico y democrático, y al fortalecimiento de una política sistemática de criminalización y control social.
La persistente identificación de personas y organizaciones defensoras como enemigas internas del Estado ha consolidado un entorno de hostilidad y riesgo, donde la defensa de derechos se convierte en una actividad de alto costo. Ante este escenario, muchas personas defensoras se han visto forzadas a repensar sus estrategias de acción, adoptar medidas de autocensura, cautela y retraimiento, y limitar su visibilidad para evitar represalias.
Esta situación evidencia cómo el miedo, la vigilancia y la amenaza de represalias operan como herramientas de inhibición y silenciamiento, afectando gravemente el ejercicio del derecho a defender derechos, en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos.
El espacio cívico y democrático sigue sin ser garantizado
Durante el año 2025, persistieron graves restricciones a los derechos fundamentales vinculados al ejercicio de la ciudadanía activa: asociación, reunión pacífica, manifestación, libertad de expresión, opinión y defensa de derechos humanos.
La aprobación de nuevos instrumentos normativos, legales y sub-legales, impusieron nuevos obstáculos administrativos, financieros y legales que debilitaron severamente la operatividad de las organizaciones de la sociedad civil.
En este contexto, se mantuvieron activas las estrategias de represión estatal como la llamada “Furia Bolivariana” y la “Operación Tun Tun”, que legitiman el hostigamiento, la vigilancia, las amenazas, las detenciones arbitrarias y el uso del sistema penal como mecanismos de persecución y control social.
Distribución de los ataques por mes:
El año 2025 representó un período de profundos desafíos para el movimiento de derechos humanos en Venezuela, marcado por la ausencia de garantías para el ejercicio libre y seguro de actividades vinculadas a la promoción, protección y exigibilidad de derechos.
La combinación entre un clima adverso y la reducción sostenida de la cooperación internacional debilitó aún más las capacidades operativas de las organizaciones defensoras.
ESTIGMATIZACIÓN, INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS SE MANTIENEN COMO LOS PRINCIPALES PATRONES DE ATAQUE DOCUMENTADOS
El cierre del Espacio Cívico y Democrático facilita la sistematicidad de las medidas represivas y de control social que limitan y obstaculizan el trabajo de la sociedad civil.
La lógica del terror y los métodos represivos sofisticados y direccionados han contribuido a la neutralización de las actividades de quienes promueven, defienden y exigen derechos.
Los 455 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:
Amparados en la tesis del Enemigo Interno se emiten y difunden campañas de desprestigio, discursos descalificatorios, señalamientos y llamados a la violencia. Estas declaraciones suelen ir acompañadas de amenazas y tienen un fin intimidatorio para que la sociedad civil se inhiba de seguir actuando.
Organizaciones y personas fueron víctimas de intimidación y hostigamiento, detención y otras afectaciones a la libertad e integridad personal por documentar, denunciar y visibilizar violaciones de derechos humanos y exigir investigación y rendición de cuentas.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Al cierre del año 2025 la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos siguieron viéndose afectadas por las acciones empleadas por el Estado para restringir el espacio cívico y democrático en el país, debido al incremento de las limitaciones y restricciones en el marco del contexto postelectoral y el aumento de la violencia y terror de Estado.
A pesar de las reiteradas exigencias por la garantía de un espacio cívico seguro y del cese de los ataques en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos, durante el 2025 se continuaron registrando hechos de agresión, amedrentamiento y violencia institucional en contra de personas defensoras y organizaciones en el país.
Los riesgos siguieron presentes, enmarcados en los mismos patrones de agresión que el CDJ ha documentado por años y se expresaron en acciones como: acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias, actos de intimidación, hostigamiento en aeropuertos, amenazas en torno a la cooperación y la aprobación de instrumentos normativos que aumentaron el control arbitrario de las organizaciones de la sociedad civil; todo ello en un contexto generalizado de impunidad que impide el acceso a la justicia.
Desde el CDJ insistimos que las labores defensa, exigencia y promoción de derechos son esenciales para el respeto a la dignidad humana y el mantenimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Al criminalizar y atacar a quienes ejercen dichas acciones, el Estado transgrede sus obligaciones internacionales y conlleva a su responsabilidad internacional, por lo que es indispensable poder avanzar en la construcción de entornos propicios y seguros, que permitan ejercer el derecho a defender derechos humanos sin que haya temor a ser víctima de agresiones o represalias.
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS SIGUEN EXPUESTAS A RIESGOS EN VENEZUELA
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 22 ataques e incidentes de seguridad durante septiembre de 2025 en Venezuela.
Las agresiones en contra de las personas y organizaciones de derechos humanos continúan. Siguen implementándose medidas represivas y de control en contra de la sociedad civil en el país, limitando el actuar de las organizaciones.
En un contexto de crisis política y social, el entorno para quienes se encuentran en la primera línea sigue siendo adverso y hostil, incrementando los riesgos por el ejercicio de s labor, sin que existan mecanismos efectivos para su protección.
Los 22 hechos registrados durante el mes de septiembre se caracterizaron por:
22 nuevas violaciones en contra del derecho a defender derechos humanos en Venezuela durante septiembre de 2025 evidencian la sistematicidad de las acciones del Estado para neutralizar el trabajo de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, manteniendo el clima de miedo para el ejercicio de derechos.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Los patrones de agresión y amedrentamiento son parte de una política de Estado que criminaliza acciones legítimas bajo la tesis del Enemigo.
Los patrones de ataque registrados en el mes incluyen hostigamiento, intimidaciones, amenazas y estigmatizaciones. Esta última modalidad sigue siendo la principal forma de criminalizar el movimiento de derechos humanos.
Las acusaciones en torno al uso de la cooperación internacional y los cuestionamientos sobre la legitimidad del trabajo de las organizaciones persistieron. En este mes destacamos el registro de represalias en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que realizan acciones de incidencia ante la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MIID).
Asimismo, se reportaron actos de intimidación y hostigamiento en contra de organizaciones no gubernamentales a través de acciones de monitoreo e intentos de fiscalización arbitraria a su trabajo, como medidas de control. Estas acciones tienen además un impacto en la generalidad de las organizaciones, por el temor a ser víctimas de los mismos procesos.
Desde el CDJ alertamos que en la medida en la que persista la criminalización, continúen vigente los mecanismos para limitar la operatividad de las organizaciones, y se siga calificando a las personas defensoras de derechos humanos como enemigos internos, las actividades de incidencia, activismo y acompañamiento se ven afectadas y, por ende, las víctimas y beneficiarios enfrentan un mayor nivel de desprotección.
EN UN CONTEXTO DE CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO AUMENTAN LOS RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 49 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2025 en Venezuela.
Los riesgos siguen siendo altos para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país.
La política represiva, de criminalización y control dificulta las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.
Siguen implementándose acciones tendientes al cierre del espacio cívico y democrático, aumentando los obstáculos para el ejercicio de los derechos a la asociación, expresión, reunión y defensa de derechos.
Los 49 hechos registrados durante el mes de agosto se caracterizaron por:
49 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el período evidencian un aumento de las agresiones en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, en relación con meses anteriores, siendo agosto el segundo mes con mayor número de agresiones en lo que ha transcurrido del año.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continúan bajo ataque, obstaculizando así los derechos a la asociación, reunión y defensa en Venezuela. La criminalización, la represión y el control social como política de Estado, en un contexto de impunidad generalizada, demuestran que el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela dificulta el accionar de la sociedad civil, incluido el movimiento de derechos humanos.
El cierre del Espacio Cívico y un contexto generalizado de impunidad promueven un entorno hostil y adverso para la defensa y exigencia de derechos. Es necesario garantizar la protección de las personas y organizaciones de derechos humanos, y que estas puedan realizar sus actividades de forma libre y segura.
El Estado debe tomar los correctivos necesarios para revertir la política de criminalización y sus efectos; defender, exigir y promover derechos humanos no es un delito, es un derecho y una actividad legítima necesaria para la reconstrucción de una sociedad democrática y la recuperación del Estado de Derecho.
Recordamos que las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos son actores esenciales para garantizar el respeto a los valores democráticos y las libertades fundamentales, por lo que sus acciones deben ser promovidas y protegidas.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:Reporte Agosto 2025
PERSISTE LA SITUACIÓN DE RIESGO PARA LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 18 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2025 en Venezuela.
Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos continúan expuestas a graves riesgos en un contexto de cierre del espacio cívico,
La violencia de Estado obstaculiza la labor de la sociedad civil en tanto persigue la inhibición y neutralización de actividades mediante la intimidación.
La violencia de Estado se implementa con mayor fuerza para intimidar con el fin de limitar el actuar de la sociedad civil mediante el miedo, el terror y la inhibición.
Los 18 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Los hechos documentados durante julio de 2025 continúan generando preocupación, pues se originan en un contexto de violencia y represión institucional.
El derecho a defender, exigir y promover los derechos humanos se ve afectado directamente en tanto quienes realizan estas actividades se encuentran bajo un constante temor a ser objeto de represalias por el ejercicio de su labor.
El cierre del Espacio Cívico y Democrático hace que el entorno para el ejercicio de las actividades de la sociedad civil, y en particular de las organizaciones de derechos humanos, sea cada vez más adverso y hostil.
La violencia, represión y control social del Estado siguen generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático.
El Estado debe cesar la criminalización en contra de la sociedad civil y procurar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de las labores de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Defender derechos humanos no es delito.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles:Reporte Julio 2025
321 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2025
El Centro para los Defesores y la Justicia (CDJ) documentó 321ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2025.
Se mantiene la Criminalización, Represión y Control social en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en un contexto de crisis política y la persistencia de una Política de Estado de miedo y persecución, que tiene como fin la neutralización de la sociedad civil.
En el marco del cierre continuo del espacio cívico y democrático y en un entorno de constante violencia institucional, los riesgos y las agresiones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos persisten.
CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS
Los 321 ataques e incidentes documentados en el período comprometen y afectan los derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y representan una disminución del 46% en comparación con el mismo período del año 2024, en el cual se registraron 592 situaciones.
Entre enero y junio de 2025, el Estado venezolano siguió ejerciendo acciones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos en Venezuela. La ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes documentan, defienden, exigen y promueven derechos no cesan y su disminución se relaciona con las constantes limitaciones al espacio cívico, el temor de la sociedad civil a sufrir represalias por su accionar y a la neutralización producto del cierre del espacio cívico.
Los actos de intimidación y amenazas en torno a la ley de fiscalización fueron dirigidos a ejercer mayores controles discrecionales y neutralizar a las organizaciones de la sociedad civil bajo la lógica del miedo. Las agresiones en contra de las personas defensoras se producen en un entorno de violencia institucional que busca a través del miedo neutralizar a la sociedad civil. Nuevos avances normativos y la utilización de mecanismos desapegados de estándares internacionales contribuyeron al aumento de la criminalización.
Los 321 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Durante el período, quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos continuaron siendo perfilados dentro de la lógica del enemigo interno, bajo el empleo de discursos en los que se busca antagonizar su accionar, vinculando su trabajo con presunta injerencia extranjera. A ello se añade un contexto generalizado de impunidad, cooptación de los Poderes Públicos y carencia de institucionalidad se acentúa con el pasar del tiempo, y por ende, el espacio de trabajo de quienes exigen derechos se ve cada vez más reducido.
La estigmatización continuó siendo la principal modalidad de ataque. La narrativa estatal es el punto de partida para otro tipo de ataques, principalmente las amenazas, los hechos de intimidación y hostigamiento, e incluso, el desarrollo normativo. Así, durante el primer semestre del año, el discurso no solo se centró en el descrédito y cuestionamiento al movimiento de derechos humanos independiente, sino también en llamados a investigaciones, a persecución, al monitoreo y a mayores controles a la actividad de las organizaciones de derechos humanos.
Por otra parte, el poder judicial sigue siendo utilizado para criminalizar a quienes defienden derechos humanos; personas defensoras siguen siendo objeto de procesos arbitrarios en su contra, los cuales se han caracterizado por afectaciones al derecho al debido proceso. Algunos permanecen privados de su libertad.
Se registraron hechos de represalias en contra de personas defensoras que hicieron incidencia ante organismos internacionales, principalmente, frente a mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, como parte de las acciones orientadas a neutralizar a quienes denuncian violaciones de derechos humanos en Venezuela, sino la intención de evadir el escrutinio internacional.
En la medida en la que desde el Estado se siga perfilando a quienes defienden, exigen y promueven derechos como enemigos, y se sigan perpetrando agresiones en su contra en un espacio cívico y democrático reducido y en un entorno hostil, los riesgos seguirán aumentando. La labor de las personas y organizaciones de derechos humanos no debe ser criminalizada.
236 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 236 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2025. La Política de Criminalización, Represión y Control social sigue siendo aplicada en contra de quienes promueven, defienden, y exigen derechos humanos en Venezuela.
Entre enero y marzo de 2025 se profundizó el cierre del Espacio Cívico y Democrático tras la entrada en vigencia y promulgación de normativas restrictivas del derecho a la libre asociación, afectando las acciones de personas y organizaciones de sociedad civil.
Los 236 hechos documentados representan una disminución de 44% en relación al mismo período del año 2024, cuando se registraron 418 situaciones.
El Estado venezolano continúa aplicando la Política de criminalización, represión y control social en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción, defendiendo, exigiendo y promoviendo derechos humanos.
Los nuevos ataques y violencia en contra de personas y organizaciones defensoras evidencian cómo se recrudece la institucionalización de la tesis del enemigo interno.
Los 236 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
Durante el trimestre, el CDJ documentó principalmente discursos y campañas de estigmatización, señalando de forma sistemática a las organizaciones no gubernamentales de ser agentes desestabilizadores y pretendiendo vincular sus actividades con actor al margen de la ley y con hechos relacionados a corrupción, como una forma de amedrentar y hostigar.
Este tipo de agresiones, tienen como fin el neutralizar a las organizaciones y personas defensoras identificándolas de acuerdo a la narrativa gubernamental como enemigos de la patria y exponerlos a posibles investigaciones y sanciones penales. La estigmatización se manifiesta además como un elemento que conduce la materialización de otro tipo de agresiones como por ejemplo las amenazas y los actos de hostigamiento e intimidación y las detenciones arbitrarias.
El trabajo de defensa de derechos humanos, se ve afectado en tanto desde distintas instancias del Poder Público se intenta vincularlas a actividades delictivas, la desestabilización y atentar contra la paz del país. Se sigue haciendo uso de leyes restrictivas y del derecho penal para judicializar, perseguir, controlar y criminalizar.
EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA SIGUE SIENDO AMENAZADO
El entorno para la defensa, exigencia y promoción de derechos sigue siendo adverso y hostil. La implementación de medidas legales y fácticas restrictivas y contrarias al espacio cívico y democrático vigentes aumentan los riesgos para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El primer trimestre se caracterizó por nuevas amenazas producto de la entrada en vigencia de nuevas normativas que limitan el derecho a la libertad de asociación.
En febrero entró en vigencia la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Asimismo, se generaron nuevos avances normativos tendientes a la restricción y control de las libertades cívicas en el país con la publicación de la Resolución No 01025 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) , la cual establece Normas relativas a la administración y supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), aplicables al sector bancario, representando nuevas amenazas al trabajo de la sociedad civil y aumentando el nivel de riego para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos..
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Durante el primer trimestre de 2025 continuó aplicándose la Política de criminalización, represión y control en contra de quienes realizan acciones de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Las agresiones documentadas siguen siendo justificadas en la lógica del enemigo interno, y se señala a las personas y organizaciones defensoras como actores que actúan en contra de los intereses de la nación.
Las principales agresiones registradas se centran en el patrón de amedrentamiento bajo la sistematicidad de las campañas de estigmatización. Durante el período fue constante por parte de diversos sectores estadales de un discurso violento y acusatorio en contra del movimiento de derechos humanos independiente. Las campañas de descrédito y las acusaciones relacionadas a traición a la patria, injerencia, terrorismo y desestabilización, han servido de base para respaldar y justificar acciones contrarias a la libertad e integridad personal, así como también para establecer mayores restricciones, arbitrarias y discrecionales, a la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos, en especial bajo la criminalización de la cooperación internacional.
En un contexto señalamientos y cierre de la agencia USAID por parte del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades venezolanas profundizaron la criminalización de la cooperación internacional con acciones de estigmatización, intimidación y amenazas a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de derechos humanos y a personas defensoras..
Las medidas restrictivas del espacio cívico y democrático vigentes deben ser derogadas. Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela deben dejar de estar expuestas a que se cometan en su contra distintos tipos de agresiones y represalias por el ejercicio de su labor.
161 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE FEBRERO DE 2025
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 161 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2025 en Venezuela.
En Febrero se registró un aumento en el número de agresiones documentadas producto de la Política de Criminalización de la cooperación internacional y la entrada en vigencia de la ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.
El Estado venezolano avanzó en la implementación de medidas que promueven el cierre del Espacio Cívico y Democrático, obstaculizando los derechos a la libre asociación, reunión y defensa de derechos. Los actos de intimidación y amenazas en el marco de la ley de fiscalización están dirigidos a ejercer mayores controles discrecionales y neutralizar a las organizaciones de la sociedad civil bajo la lógica del miedo.
Los 161 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
El entorno para la defensa, exigencia y promoción de derechos en Venezuela es cada día más restrictivo y desfavorable, elevando el nivel de riesgo para las organizaciones de derechos humanos.
La estigmatización y los actos de intimidación y hostigamiento se presentan como los principales patrones de agresión implementados durante el mes. Las campañas de estigmatización estuvieron orientadas a desprestigiar a las organizaciones, acusándolas de “agentes desestabilizadores”, o de “corruptos” entre otros, con el fin de desacreditar sus acciones y pretender vincular la defensa de derechos humanos en Venezuela con actividades al margen de la ley.
El Estado sigue ejerciendo violencia institucional como forma de criminalizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos, empleando acciones para intimidar y hostigar a la sociedad civil. Estas acciones pretenden tener un efecto de amedrentamiento, disuasorio y de control.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
En dos meses, 2025 ha traído consigo nuevos picos de agresiones en contra de quienes defienden y exigen derechos humanos en el país. En febrero se documentaron nuevos ataques con un alto contenido de violencia en contra de personas y organizaciones defensoras. Así, se sigue evidenciando cómo se recrudece la política de criminalización, y la institucionalización de la tesis del enemigo interno.
Como consecuencia de la Orden Ejecutiva emitida por la administración del gobierno de los Estados Unidos de América entorno a su agencia de cooperación internacional, USAID, el Estado venezolano estigmatizó, intimidó y amenazó a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de derechos humanos y a las personas defensoras. Esto se materializa además en el contexto de implementación de la Ley de Fiscalización en contra de las organizaciones no gubernamentales y el aumento de la criminalización de la cooperación internacional.
La intimidación y hostigamiento continúa siendo una de las modalidades de ataque más utilizadas por el Estado para generar temor e intentar neutralizar al movimiento de derechos humanos independiente.
Las amenazas en contra las organizaciones y personas defensoras estuvieron relacionadas a la implementación y entrada en vigencia del primer plazo para la inscripción de las organizaciones no gubernamentales en el registro conforme a la Ley de Fiscalización y Regularización.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles.Reporte Febrero 2025
47 VIOLACIONES AL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA DURANTE ENERO DE 2025
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 47 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2025 en Venezuela.
Persiste la criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. El cierre continuo del Espacio Cívico y Democrático pone en riesgo la labor de las personas y organizaciones que defienden, exigen y promueven derechos.
Las agresiones en contra de la sociedad civil se mantienen con amenazas, hostigamiento e intimidaciones. El derecho a la libertad de asociación, sigue siento atacado a medida que se fortalece un marco normativo restrictivo para su ejercicio.
Los 47 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos se enfrentan a una política represiva, de criminalización y control social que afecta a la totalidad de actores de la sociedad civil. Se documentó un aumento en las agresiones al ser señaladas de “enemigas”, “traidoras”, “terroristas”, “desestabilizadoras”, entre otras y pretendiendo vincularlas a actividades partidistas y de presunta conspiración.
El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del año demuestran que continua la falta de protección para quienes defienden, exigen y promueven derechos.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El año 2025 inicia con nuevas amenazas y desafíos para la defensa de los derechos humanos en Venezuela. La violencia y la intimidación como estrategia para neutralizar, controlar y castigar siguen siendo la estrategia empleada por el Estado como parte de una política sistemática de criminalización y represión.
La estigmatización se mantiene como el punto de partida para la materialización de otros patrones de ataque. El discurso que criminaliza y busca antagonizar al movimiento de derechos humanos se ha institucionalizado en los Poderes Públicos y entes gubernamentales, que, desde sus espacios de competencia, difunde ampliamente discursos descalificatorios y acusaciones en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos.
Se registraron nuevas amenazas en torno a limitaciones a la libertad de asociación que comprometen la operatividad de las organizaciones no gubernamentales y humanitarias en el país a través de mensajes de llamados a la investigación y judicialización de las personas defensoras.
La criminalización de la defensa de derechos humanos persiste y se profundiza con nuevas medidas y el perfeccionamiento de las estrategias de neutralización y castigo bajo una lógica de miedo a la sociedad civil por exigir el respeto de los derechos humanos en el país.
Reiteramos la importancia de proteger a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, el Estado está obligado internacionalmente a garantizar su trabajo sin que existan represalias por ello.
